Las asociaciones patronales del sector de los cuidados y ayuda a domicilio más representativas en Andalucía expresan su preocupación por la posible aprobación de una nueva reglamentación sobre la disminución de las horas de trabajo por parte del Gobierno.
Continuamente, las autoridades establecen medidas o modificaciones legales, pero nunca se asocian con los recursos económicos requeridos para implementarlas. Los grupos empresariales del cuidado matizan que «no» se oponen a esta medida, pero sí están «completamente en desacuerdo en que se implemente sin solucionar el tema financiero que necesariamente debe ir unido a ella».
Recordando las Patronales que esta es una industria vital y fundamental que en la actualidad se encuentra ante el serio desafío de una financiación que aún resulta insuficiente y enfrenta grandes desafíos en la gestión de sus trabajadores, consideran crucial «buscar armonías que garanticen estabilidad y favorezcan la creación de empleos de alto estándar».
De ser aprobada esta medida, empeoraría la delicada situación económica del sector de los cuidados, al no compensar adecuadamente el aumento real de los gastos que enfrentarán los proveedores de servicios. Esto resultará en consecuencias catastróficas tanto para las empresas y los expertos, como para las personas mayores que reciben este beneficio.
Desprotección del sector
Destacan las organizaciones que se encargan de los cuidados que “el reciente valor por hora de referencia autonómico, dado a conocer hace pocas semanas, y que en la mayoría de los casos constituye la única fuente de ingresos para el servicio, no puede respaldar de ninguna manera esta acción de reducción de jornada”, subrayan además que “los acuerdos administrativos que permiten llevar a cabo este servicio primordial se ven afectados por la ley de desvinculación, que impide actualizar los precios durante la duración de los mismos”. Esta situación podría dejar al sector desprotegido, ya que no se permite una adaptación rápida y efectiva del costo del servicio a los nuevos requerimientos normativos que van emergiendo.
La presión generada por la combinación de estos elementos se torna abrumadora para las organizaciones del ámbito, complicando mayormente su tarea de mantener la excelencia en los servicios y asegurar su viabilidad a largo plazo.
En la negociación colectiva, las organizaciones empresariales consideran fundamental discutir acerca de la duración de la jornada laboral de las trabajadoras, ya que ven esta decisión como una intromisión en sus competencias. Destacan que en el I Convenio del Servicio de Atención Domiciliaria de Andalucía, firmado el año pasado, se acordó reducir gradualmente la jornada anual máxima a lo largo de cinco años. Por lo tanto, la propuesta actual del Gobierno no solo irrumpe en la negociación colectiva, sino que también anula los esfuerzos realizados por empleadores y sindicatos para establecer un marco estable en las relaciones laborales y garantizar costes predecibles en el servicio.
Las organizaciones empresariales de esta industria primordial en Andalucía piden a las entidades competentes que revisen la implementación unilateral de esta norma y que respeten el diálogo social, el cual en el ámbito de la asistencia domiciliaria ya tiene un acuerdo establecido entre los sindicatos y las organizaciones empresariales.
Clima de incertidumbre
Resaltan previamente que la implementación de estas medidas acarreará impactos desfavorables en un área con escaso financiamiento, por lo que se ofrecen para entablar una negociación justa y efectiva con todas las partes involucradas que facilite hallar soluciones que no pongan en peligro la viabilidad del sector de los cuidados, lo cual, en este caso, implica necesariamente: (i) establecer un lapso razonable de transición y una flexibilidad suficiente en la gestión de los horarios laborales para adaptarse correctamente a las particularidades de nuestro ámbito; y (ii) asegurar una financiación adecuada del servicio, que posibilite afrontar los mayores gastos que conlleva esta medida.
Las entidades gremiales aprecian que la nueva normativa Real Decreto 893/2024, publicada el 10 de septiembre, que establece las pautas para garantizar la protección de la seguridad y la salud en el entorno del servicio doméstico, incluyendo una sección adicional número trece referente a los Servicios de Asistencia en el Hogar, no resuelve conflictos, sino que los genera.
Expresan las compañías que ofrecen servicios que esta acción produce un clima de incertidumbre legal para organizaciones, expertos, hogares y clientes, dado que no se ha considerado el expertise y la trayectoria de los involucrados en la industria, al fusionar las labores de asistentes domésticos con los profesionales de la asistencia domiciliaria.
CECUA, Círculo Empresarial de Cuidados a Personas, y ASADE, Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio, llegan a la conclusión de que cada una de las medidas debe surgir a raíz de un acuerdo con todos los involucrados en el ámbito de los servicios sociales, de esta forma se podrían evitar resultados negativos que perjudiquen tanto a los beneficiarios como al personal y a las organizaciones proveedoras de asistencia al hogar.
