El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha publicado este martes la segunda entrega del Panel del SAAD, donde se analiza la evolución de los principales indicadores del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia.
Los datos del nuevo informe, que corresponde al segundo trimestre de 2025 (y cuyas variaciones se hacen respecto a junio de 2024 o 2020 -año en que comenzó la serie-), “confirman que el sistema continúa ampliando su cobertura y mejorando su capacidad de respuesta, en un contexto de mayor presión sobre el sistema”, afirmó la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez.
Según explicó Martínez, “estamos en un momento crucial para el sistema de dependencia”. Como resultado de la transición demográfica, cada vez son más las personas que solicitan las prestaciones, lo que genera una presión constante. Además, “estamos inmersos en un cambio de modelo hacia servicios más personalizados que garanticen la autonomía de las personas y que les permiten vivir más tiempo en su casa y en su entorno”, subrayó.
Modelo de cuidado más personalizado
Precisamente el Ministerio ha querido centrar el análisis de este informe en esa evolución de modelo de cuidado hacia servicios más personalizados que se ofrecen en ámbitos cercanos. Por ello, han puesto el foco en el tipo de prestaciones que provee el sistema.
El número total de prestaciones ha subido un 54,5 % desde 2020. Y también se ha producido un aumento progresivo de la combinación de las diferentes prestaciones que hacen las personas usuarias. En los últimos cinco años se ha pasado de 1,27 prestaciones por persona a 1, 41, lo que supone un aumento del 11%.
Además, la secretaria de Estado indicó que de las 2.204.784 prestaciones totales del SAAD, el 56% (1.240.337) se despliegan en los hogares y en el entorno comunitario. Desde 2020 las prestaciones de proximidad han aumentado en 491.339 y su peso sobre el total se ha incrementado un 4%.
Las prestaciones que más se combinan actualmente entre sí son la teleasistencia, la ayuda a domicilio y la prestación económica por cuidados familiares. La teleasistencia y la ayuda a domicilio son, además, los servicios tecnológicos y profesionales más habituales en el Sistema de la Dependencia con un 25,3% y un 19,4%, respectivamente. Desde finales de 2020 el número total de estas prestaciones ha crecido un 119% en el caso de la teleasistencia y un 42,5% en la ayuda a domicilio.
¿Intensidad de servicio suficiente en ayuda a domicilio?
En el caso de la ayuda a domicilio también ha aumentado la intensidad de este servicio, es decir, las horas que se ofrecen de este servicio a cada persona dependiente. En 2020 la intensidad media era de 36,8 horas mientras que en junio se ha situado en 40,4 horas. Sin embargo, estas cifras están lejos del objetivo deseado y así lo reconoció la secretaria de Estado, que apuntó que el real decreto aprobado en julio de 2023 establece un máximo de 94 horas al mes para grado 3. «La aplicación de este real decreto es paulatina, va aplicándose según se van incorporando personas al sistema, pero estamos aún en ese plazo marcado de adaptación de las intensidades», sostuvo. Sobre este tema también destacó las complicaciones y retos del sistema para encontrar profesionales, especialmente en el ámbito rural. Esta cuestión dificulta que se puedan ofrecer esos servicios de manera adecuada.
El informe muestra «un modelo más integral y personalizado, donde la compatibilidad de servicios y prestaciones se convierte en un factor clave para la atención centrada en la persona», subrayó Martínez, que también aclaró que «queda mucho trabajo por delante para seguir promoviendo esta transformación que requiere, por una parte, inversión continuada, pero también un marco normativo actualizado para avanzar hacia un sistema más flexible.
Centros de día y la asistencia personal
Otro de los recursos que Derechos Sociales ha señalado como claves para tender al cuidado en el domicilio son los centros de día, una alternativa que supone ya un 6,4% de las prestaciones y que han crecido un 24% entre 2020 y 2025. A este respecto, desde el Ministerio se presentó este año un anteproyecto de las leyes de Dependencia y de Discapacidad en el que se reorienta la definición de los centros de día para que los gobiernos autonómicos, que son las autoridades competentes, puedan desplegar las medidas necesarias para maximizar su carácter comunitario y personalizado.
Esta reforma también busca extender las prestaciones centradas en la autonomía persona y la promoción de vida independiente. Para ello, se incorpora la asistencia personal como servicio del catálogo y se refuerza la inclusión de las prestaciones de promoción de la autonomía, como la rehabilitación o la estimulación cognitiva o atención temprana.
El papel de las residencias de mayores
Rosa Martínez reconoció en su intervención que las residencias de mayores siguen desempeñando un papel relevante en el conjunto del sistema, con un incremento del 25 % del número total de prestaciones entre el 2020 y el 2025. «Esta modalidad continúa siendo una opción necesaria en determinadas circunstancias y su mejora es clave en el proceso de cambio de modelo», confirmó.
De ahí que el Ministerio de Derechos Sociales esté impulsando su evolución hacia entornos más hogareños, más personalizados, con el objetivo de garantizar una atención de calidad y respetuosa con la voluntad de las personas.
La secretaria de Estado adelantó que a principios de año darán a conocer una evaluación del impacto del acuerdo de acreditación y criterios comunes en las diferentes comunidades autónomas. Además, en 2026 está prevista la publicación por parte del Imserso del Censo de Residencias 2024, que está finalizando ya la fase de la información.
Lista de espera: datos polémicos
La segunda entrega del Panel del SAAD también ha recogido los principales indicadores de evolución general del Sistema. En el mes de junio de 2025, el número de personas que son atendidas en el Sistema (personas con grado de dependencia reconocido y PIA con prestación) alcanza las 1.565.838. El aumento supone un crecimiento del 7,5%respecto a junio de 2024.
Según el Ministerio, el SAAD ya tramita los expedientes de 2.239.149 personas y ha experimentado un crecimiento de 133.155 personas (6%) en el último año. Además, aseguran que la lista de espera en junio de 2025 se ha reducido en 4.356 personas (-2,4%) respecto al año anterior y se sitúa en 180.794 personas.
Por su parte, la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, a partir de los datos oficiales del Ministerio de Derechos Sociales, cuantifica 286.861 personas en lista de espera: 136.009 que están a la espera de valoración, 123.856 a la espera de que se les elabore el Programa Individual de Atención (PIA), que es el reconocimiento de la prestación o servicio y 26.995 que ya tienen aprobadas el PIA, pero están esperando recibir la prestación o servicio que establece el PIA.
El desfase en los datos, tiene que ver con un cambio en la metodología para contabilizar a las personas en lista de espera. Rosa Martínez explicó la metodología del Imserso.
Según apuntó, en la lista de espera se encuentran las siguientes opciones:
- Personas pendientes de resolución de grado con más de seis meses.
- Personas que tienen el grado reconocido y, por tanto, tienen derecho a una prestación, pero están a la espera del PIA y lleve más de seis meses desde la solicitud sin causa justificada.
- Personas con prestación reconocida en el PIA, pero que aún no es efectiva. Es decir, ya saben que, por ejemplo, tienen derecho a una plaza de residencia, pero aún no les han concedido la plaza de residencia. Y también con más de seis meses de espera, cuando no sea por una causa ajena a la Administración.
Según el Ministerio esto responde a lo dispuesto en la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia (LAPAD) que establece que el procedimiento completo -desde la solicitud hasta la resolución de derecho y de las prestaciones- debe resolverse en un plazo máximo de seis meses.
Sin embargo, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales advierte de que la lista de espera del Ministerio se refiere exclusivamente a aquellas personas con las que el Ministerio y gobiernos autonómicos no están cumpliendo la ley, que establece en 180 días el plazo para darles la prestación o servicio al que tienen derecho.
Tiempo medio de tramitación de la prestación
La secretaria de Estado reconoció que mejorar los tiempos de tramitación es uno de los grandes retos del sistema, especialmente en este contexto de incremento creciente de solicitudes. El tiempo medio de tramitación desde que una persona solicita su valoración hasta que recibe una prestación se ha reducido en 61 días en los últimos cinco años. En 2020 había que esperar una media de 403 días, mientras que en junio de 2025 es de 342 días, un 15% menos, pero «sin duda una cifra todavía muy alta», afirmó. También concretó que la situación es muy desigual entre comunidades autónomas.
Para finalizar, Rosa Martínez, valoró positivamente la tendencia, «lenta pero segura, tanto de la evolución de las prestaciones hacia servicios más personalizados y del ámbito comunitario también, como la reducción sostenida de la lista de espera a pesar del incremento constante de las personas que solicitan prestaciones del servicio».
Sin embargo, «es evidente que hay que seguir trabajando. No somos complacientes con la situación del sistema de atención a la dependencia y que hay mucho margen de mejora tanto en la transformación del modelo de cuidados, por supuesto en la financiación, pero también en la gestión del ámbito autonómico. Sin embargo, creo que es justo y hay que poner en valor el esfuerzo de los equipos, de todas las administraciones que trabajan día a día por mejorar el sistema».
