La sexualidad sigue siendo un tabú social y, cuando hablamos de personas con discapacidad, el silencio es aún mayor. Si añadimos la variable de la reproducción, el silencio es prácticamente total. Persisten estigmas que niegan nuestra condición de sujetos deseantes o deseados, autónomos y con capacidad de decisión, lo que se traduce en la vulneración de derechos fundamentales.
El estudio sobre los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad física y orgánica realizado por COCEMFE evidencia barreras estructurales, sociales y familiares que impiden ejercer estos derechos: falta de accesibilidad en la atención sanitaria, omisiones informativas, dinámicas de control familiar, ausencia de formación profesional, prejuicios y discriminación. Todo ello limita la posibilidad de vivir la sexualidad y la reproducción de forma libre, segura y autónoma.
Desde COCEMFE defendemos que estos derechos son parte esencial del bienestar y la dignidad humana. Reclamamos políticas públicas que los incorporen explícitamente y que se garantice la formación de profesionales sanitarios, educativos y sociales en discapacidad, género y derechos humanos; el acceso a información accesible y adaptada; una atención sexual y reproductiva inclusiva y apoyos personalizados que respeten la autodeterminación.
Además, para romper tabúes es necesario visibilizar la diversidad de experiencias: las de mujeres, que sufren una múltiple discriminación, y más aún cuando confluyen factores como la discapacidad, el género y determinados orígenes socioétnicos; al igual que las personas que forman parte del colectivo LGTBIQ+; o las de quienes viven en entornos rurales, o quienes tienen menos recursos. Todas ellas muestran que hablamos de una cuestión de igualdad y ciudadanía, no de un asunto privado.
La Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad obliga a España a garantizar estos derechos como parte de la agenda de igualdad y no discriminación, así como la Constitución Española, con el nuevo artículo 49, que establece el deber de los poderes públicos de garantizarnos el ejercicio real de todos los derechos, lo que incluye aquellos relacionados con la sexualidad y reproducción. Además, la propia Constitución se compromete a atender particularmente las necesidades específicas de las mujeres con discapacidad.
Romper el tabú requiere valentía, diálogo y acción institucional. La salud sexual y reproductiva es un derecho humano fundamental y debe garantizarse para todas las personas con discapacidad.
