Representantes de más de 5 millones de pensionistas y jubilados respaldan el manifiesto lanzado por Ceaps para la equiparación del IVA al 4 %

Representantes de más de más de 5 millones de pensionistas y jubilados respaldan el manifiesto lanzado por Ceaps para exigir la equiparación del IVA al 4 % en todos los servicios de atención a la dependencia. Entre las organizaciones que ya se han suscrito al manifiesto lanzado por Ceaps figura la Plataforma Estatal de Asociaciones de Mayores, CEOMA, la Plataforma Estatal de Familiares de Usuarios y la CEDDD.

Con su adhesión, reclaman que el Gobierno no vete la enmienda presentada por distintos grupos políticos al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para que todas las personas en situación de dependencia tributen al mismo tipo reducido del IVA. Es decir, la equiparación del IVA al 4 % por los servicios que requieran: teleasistencia, ayuda a domicilio, centro de día y de noche o atención residencial.

“Es el momento de que todos los políticos, en el Gobierno y la oposición, estén a la altura, se pongan al lado de los mayores, de las personas dependientes y de sus familiares, y acaben con una injusticia histórica”, asegura la presidente de Cepas, Cinta Pascual.

No se trata de aplicar una medida fiscal, “sino de hacer justicia social”. Y es que, “no tiene explicación” que un mismo servicio, en un mismo lugar y a una misma persona, “tenga una tributación diferente”. El IVA de los servicios asociados a la dependencia es del 10 %, mientras que el mismo servicio solo tributan un 4 % si  es concertado o público.

Este doble rasero “perjudica doblemente” a las personas que se encuentran en el limbo, ya que, pese a tener derecho a una plaza pública, se ven obligadas a abonar la totalidad de la plaza o el servicio de su propio bolsillo mientras la Administración resuelve su caso y encima gravado con un 6 % más de IVA que pagaría si ya dispusiera de esa plaza pública o concertada que le corresponde.

Derecho universal

En el manifiesto se sostiene que es un derecho universal, reconocido en la LAPAD, y como tal es injusto que se penalice a un ciudadano incrementando el IVA, cuando este se ve obligado a contratar un servicio privado por la falta de plazas públicas o por la “ineficacia del sistema público”, que tarda de media 468 días en otorgar un servicio o prestación, cuando el máximo que establece la ley es de 180 días.

“La atención a la dependencia no es un lujo, con independencia de quien lo preste. Es un servicio de primera necesidad y debe tributar un 4%, al igual que otros servicios básicos”, recalca el manifiesto.

No solo pide la equiparación del IVA por “justicia social y porque es un derecho universal”, sino porque aliviaría la situación de muchos dependientes que hoy pagan por el efecto del IVA más de 1.200 euros anuales y mejoraría “la economía del país”. Según sus cálculos, la recaudación del Estado se incrementaría en 170 millones de euros.

En este sentido, explica que una rebaja del IVA movería a más familias a acudir a la contratación de servicios profesionales, lo que conllevaría una mejora en la ocupación de los centros y nuevas contrataciones de personal, con el consiguiente aumento de las cotizaciones, una reducción en el número de parados y un ahorro en las prestaciones por desempleo. “Por cada dos usuarios se produce aproximadamente una contratación, incorporando perfiles con alto riesgo de exclusión laboral, como mujeres de mediana edad y con formación profesional básica. Es un empleo estable y no deslocalizable”, concluye el manifiesto.

El manifiesto se suscribirá el próximo día 17 de noviembre. Las organizaciones o personas a título individual que deseen adherirse al manifiesto pueden hacerlo en la página web de Ceaps.