Las normas que regulan el Sistema de Atención a la Dependencia y los servicios sociales se han convertido en una de las principales palancas -y también en uno de los mayores frenos- para la transformación del sector sociosanitario. La transformación del sector sociosanitario no será posible sin una revisión profunda del marco normativo que lo regula. En un momento en el que el sistema de atención a la dependencia afronta tensiones estructurales —desde la falta de profesionales hasta la necesidad de avanzar hacia modelos más flexibles y centrados en la persona—, las normas actuales siguen ancladas, en muchos casos, en lógicas burocráticas que dificultan la innovación y la calidad de los cuidados. Este artículo analiza los cambios legislativos imprescindibles para modernizar el sistema, garantizar derechos, reducir cargas administrativas y facilitar la implantación de buenas prácticas, con especial atención a la equidad territorial y a la sostenibilidad del modelo.
Este artículo forma parte del especial “Futuro de los cuidados en España”, donde analizamos los grandes retos estructurales del sector, como el que nos ocupa en este espacio, las reformas normativas que necesita la atención a la dependencia.
Asimismo, durante el reportaje también se analiza la gestión del talento: el reto laboral que condiciona el futuro de los cuidados, que llega de la mano del relevo generacional de los profesionales o el absentismo en el sector.
Para finalizar, en BALANCE Sociosanitario abordamos la digitalización en residencias. ¿Está cambiando la digitalización la forma en la que se cuida, se trabaja y se toman decisiones en las residencias?
Desde la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales reclamamos diversos cambios normativos que permitan avanzar en la calidad de los cuidados, en la atención personalizada y en las estrategias de desinstitucionalización.
Nuestras propuestas se centran especialmente en el ámbito de la dependencia y en los centros residenciales.
Cambios normativos en atención a la dependencia
La mejora de la atención a la dependencia pasa, en gran medida, por adaptar las normas a la realidad cotidiana de las personas y de los profesionales que las atienden. Procedimientos excesivamente rígidos, prestaciones poco flexibles y una elevada carga administrativa siguen dificultando una atención ágil, personalizada y verdaderamente centrada en la persona.
Los cambios normativos que se plantean a continuación buscan simplificar procesos, reforzar la autonomía profesional, garantizar la equidad territorial y asegurar que los recursos públicos respondan con mayor eficacia a las necesidades reales de quienes requieren apoyos, especialmente en contextos de envejecimiento, cronicidad y despoblación rural.
- Unificar el procedimiento de valoración y el Programa Individual de Atención (PIA) en un solo acto administrativo. Y que la modificación del PIA se realice por prescripción social facultativa del profesional de referencia, sin necesidad de volver a la resolución administrativa.
- Permitir que los servicios de prevención y de promoción de la autonomía personal se puedan prestar a domicilio en aquellas zonas rurales donde no haya facilidad para que la persona en situación de dependencia pueda acudir a un centro.
- Incrementar la cuantía de la prestación económica de cuidadores en el entorno familiar y cuidadores no profesionales, para quienes contraten a un cuidador a media jornada o jornada completa. Aquí sí cabe el contrato de servicio en el hogar familiar, pero siempre como apoyo a la persona cuidadora y realización de tareas de servicio doméstico (no para prestar directamente cuidados para los que no se cuenta con cualificación). Esta figura mal empleada depreciaría el sector y acabaría con los servicios profesionales como la ayuda a domicilio o la asistencia personal.
- Desarrollar la prestación económica vinculada al servicio residencial con una cuantía suficiente para que la persona en situación de dependencia pueda elegir centro, sea cual sea su situación económica. Ello pondría el acento en la persona y no en el centro, que actualmente es la referencia para las plazas concertadas. Para ello será necesario que la cuantía de la prestación sea igual a la diferencia entre los ingresos mensuales de la persona y el coste actual de una plaza concertada, con lo que no supondría incremento de costes para el Sistema y sí un ahorro importante en la gestión. Sería necesario exigir a los centros residenciales las mismas condiciones de calidad y ratios que se exigen para concertar plazas, y se habiliten los mecanismos de inspección para asegurar su cumplimiento.
- Que la Prestación Vinculada no sea “al servicio”, sino a cualquier servicio del Catálogo al que las personas tengan derecho por su Grado de Dependencia, en el momento que lo necesiten y siempre que sea prestado por una entidad o empresa acreditada. La actual vinculación a un único servicio hace que esta prestación no esté “centrada en la persona” sino en el servicio, ya que ésta tiene que adaptarse al mismo. En consecuencia, una prestación económica vinculada “a servicios” y no a un único servicio, además de ser una alternativa “centrada en la persona”, evitaría procesos farragosos y prolongados de cambio de PIA.
- Criterios comunes sobre las aportaciones de las personas usuarias (copagos). El Tribunal Supremo ha dejado sentado que el copago en dependencia (Grado III) debe regularse mediante Tasa (no precio público) con la consiguiente reserva de Ley. Si bien estas leyes han de ser autonómicas, el Consejo Territorial debería pactar criterios comunes para evitar desigualdades entre territorios en el ejercicio de un derecho común.
Por último, hay que señalar que en el año 2023 se aprobó la atribución a la jurisdicción social de las cuestiones litigiosas relativas a las prestaciones derivadas de la ley 39/2006, pero no se está utilizando de manera generalizada esta vía de garantizar los derechos. Un paso más podría ser determinar que estos litigios sean de SEÑALAMIENTO URGENTE porque en esta materia ocurre que la gente fallece antes del fallo.
Cambios normativos en materia de centros residenciales
Reformar las normativas actuales de residencias también es clave para que los centros residenciales puedan ser plataformas de servicio para el barrio, pueblo o comarca, ofreciendo servicios a la carta en función de las necesidades y demandas de las personas en situación de dependencia, también con carácter ambulatorio, como servicios de rehabilitación, comedor, higiene, estancia diurna, etc.
La reforma de las normas en materia residencial debe permitir también que se desarrollen modelos alternativos, como apartamentos o viviendas con servicios, especialmente necesarios en entornos rurales, para que las personas en situación de dependencia de estos territorios tengan la oportunidad de seguir viviendo en su localidad, recibiendo los servicios que necesiten como si fuera en su propio domicilio, con la calidad de los servicios de un centro residencial y a costes asumibles, percibiendo en ellos las prestaciones que les correspondan del Sistema de Atención a la Dependencia.
Las ayudas de emergencia social no son subvenciones
Un cambio normativo que exigimos de manera reiterada desde nuestra Asociación (sin éxito, hasta el momento) es añadir una letra, la “j”, en el artículo 2 de la Ley General de Subvenciones, excluyendo de ese concepto a las ayudas económicas que otorgan los ayuntamientos de manera puntual a personas y familias en situaciones de necesidad. Así se aliviaría la carga burocrática que supone gestionar con los requisitos de una subvención en cuanto a concesión y justificación de cantidades muy reducidas (la media no llega a los 200 euros). Y, por otro lado, se agilizaría la concesión de estas ayudas que, no olvidemos, son “de urgente necesidad” para situaciones vitales que no se pueden demorar. Asimismo, favorecería la capacidad de los y las profesionales para prescribir y gestionar estas prestaciones, desde la capacidad profesional y el conocimiento de las necesidades de las personas o de las unidades familiares.
Los grandes retos del sector de los cuidados
Este artículo forma parte de una serie de análisis sobre los principales desafíos que afronta el sector:
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Talento, regulación y digitalización: los retos del futuro del sector de los cuidados
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Gestión del talento: el reto laboral que condiciona el futuro de los cuidados
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Reformas normativas que necesita la atención a la dependencia para mejorar la calidad de los cuidados
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Digitalización en residencias: cuando el sector confunde tener sistemas con ser digital
