Plan estatal para reducir la lista de espera, prioridad del Plan de Choque en Dependencia

La Secretaría de Estado de Derechos Sociales convocará, próximamente, la comisión de seguimiento de la Mesa de Diálogo Social en Autonomía Personal y Dependencia para la plena implementación del SAAD, donde se revisarán las acciones previstas en el Plan de Choque en Dependencia para garantizar su cumplimiento. Así lo avanzó ayer el secretario de Estado, Nacho Álvarez, durante el V BALANCE virtual, organizado por Grupo SENDA. La  presentación próximamente de un plan estatal para la reducción de la lista de espera fue una de las principales medidas anunciada por el director general del Imserso, Luis Barriga. Por su parte, los interlocutores sociales, patronales y sindicatos, expusieron las claves de este acuerdo histórico, que mejorará la atención de las personas dependientes y las condiciones laborales de los profesionales.

Patrocinado por Unidix Care, el evento fue retransmitido por streaming, a través del portal www.balancesociosanitario.com. donde se puede volver a ver encuentro.

Los interlocutores sociales, la Secretaría de Estado de Derechos Sociales y el Imserso pusieron en valor de manera unánime el gran valor del acuerdo alcanzado en la mesa de diálogo social, un ejemplo de entendimiento y lealtad para construir un modelo de cuidados futuro que responda a las necesidades de las personas mayores y en situación de dependencia. 

En este sentido, durante la presentación del encuentro, la presidenta de Grupo SENDA, Matilde Pelegrí, destacó que “dedicamos este V BALANCE Virtual al Plan de Choque en Dependencia, un acuerdo que marca un hito en el sector de atención a la dependencia. Después de este año terrible, son muchos los temas que están encima de la mesa para el debate, algunos nuevos, muchos ya conocidos: lista de espera, calidad de los cuidados, servicios de proximidad, dignificación de la profesión, la seguridad de los centros, etc.”. Y todo ello, añadió, enmarcado en una evolución demográfica que, en nuestro país, obliga a pensar en un futuro que facilite la vida de las personas mayores.

El secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, subrayó que el Plan de Choque  recoge el consenso que venían labrándose desde hace años y que el contexto de pandemia precipitó. Resumió los principales problemas que pretende resolver en los siguientes:

1. A pesar de que más de un millón de personas son atendidas por el Sistema de Dependencia, el Sistema estaba siendo lastrado por problemas que deben ser resueltos como, por ejemplo, la lista de espera. “El limbo de la dependencia no tiene lugar por la pandemia, sino que viene de años atrás. Actualmente, hay 230.000 personas con prestación reconocida que no puede acceder al Sistema. Se trata de un problema estructural y el Plan de Choque en Dependencia lo fija como un objetivo principal a resolver”, explicó.
2. Problemas de calidad. Resulta necesario reforzar la calidad de los servicios que reciben los beneficiarios, mediante la revisión de los criterios de acreditación. El Plan Choque recoge también avances en materia de teleasistencia avanzada, que se reconocerá como derecho subjetivo de la persona con grado reconocido en 2022. Además, se desarrollará la figura de asistente personal.
3. Problemas con los servicios profesionales. El Sistema de Dependencia no siempre ha apostado por servicios profesionales, “pero ahora hay una clara apuesta para mejorar las condiciones laborales de las personas. Para ello, el acuerdo apuesta por mejorar precio de concierto y restaura el nivel acordado, entre otras medidas”.

El secretario de Estado destacó el consenso en temas urgentes, pero también en la necesidad de replantear el modelo de los cuidados de larga duración. Para ello, era necesaria una mayor financiación del Sistema de Dependencia, tal y como queda reflejado en el Plan de Choque. 

Una financiación que se verá incrementada por el despliegue de los fondos europeos. “El Gobierno ha planteado un eje social específico para el uso de estos fondos destinados a priorizar la economía de los cuidados, que permitirá avanzar en el Sistema de Dependencia, los cuidados de larga duración y en mejorar la red de atención domiciliaria. Para ello, se destinarán este año 1.000 millones de euros”, explicó Álvarez. Las comunidades autónomas han hecho llegar a la Secretaría de Estado de Derechos Sociales más de 400 proyectos para desplegar el uso de estos fondos, que permitirán mejorar la red de la atención domiciliaria, desarrollar la teleasitencia avanzada, remodelar los equipamientos residenciales o apostar por la formación de los profesionales. También hay una partida destinada a compensar los gastos en los que ha incurrido el sector a causa de la pandemia.

El secretario de Estado de Derechos Sociales finalizó su intervención con un compromiso: “En las próximas semanas convocaré a la comisión de seguimiento de la mesa de diálogo social para dejar claros con los interlocutores sociales los objetivos e indicadores del Plan de Choque en Dependencia”.

Plan nacional para reducir las listas de espera

El director general del Imserso, Luis Barriga, destacó que el Plan de Choque en Dependencia se debatió y aprobó en dos escenarios: la Mesa de Diálogo Social en Autonomía Personal y Dependencia para la plena implementación del SAAD y en el Pleno del Consejo Territorial del SAAD compuesto por el Ministerio de Derechos Sociales y las comunidades autónomas.

Barriga destacó tres bloques de medidas integradas en el Plan de Choque en Dependencia:

1. En 2021 y 2022 la prioridad será la reducción de las listas de espera. “Las situaciones de dependencia y la autonomía de las personas son situaciones cambiantes, que no pueden ser gestionadas desde sistemas estáticos y sometidos a multitud de procedimientos administrativos”, subrayó. En este sentido, desveló que las comunidades autónomas “ya nos han presentado un paquete de 60 medidas para la reducción de las listas de espera. En un breve plazo presentaremos un plan estatal, que será diferente en cada territorio, con el fin de reducir paulatinamente las actuales listas de espera”. Algunas de esas medidas pasan por la simplificación administrativa y más recursos humanos para la valoración y tramitación de las solicitudes.
2. Mejorar las condiciones laborales y profesionales de las personas que trabajan en el Sistema de Dependencia.
3. Mejorar los servicios y prestaciones.

Si bien el Plan de Choque abarca medidas que se introducirán de manera progresiva durante los próximos tres años, se priorizarán aquellas más urgentes que se aplicarán de manera inmediata. En este sentido, Barriga destacó la necesidad de adecuar las medidas al incremento de la inversión “para no generar frustración al no poder luego ser desarrolladas”.

De hecho los incrementos de financiación permiten, además de la reducción de las listas de espera:

• Convertir la teleasistencia en un derecho subjetivo, un servicio estratégico para la coordinación sociosanitaria.
• Desarrollar la figura asistente personal.
• Revisar el sistema de copago, que Barriga considera “desequilibrado, injusto y no armonizado en el Estado”.
• Evolucionar hacia un modelo de atención personalizado, flexible y centrado en las auténticas necesidades de las personas.

Organizaciones empresariales: motor tractor y de desarrollo del Sistema

“No es casual que durante la pandemia hayamos acordado el Plan de Choque en Dependencia, porque se ha puesto de manifiesto la importancia de la economía de los cuidados y la brecha del Sistema de Dependencia”, expuso la responsable de Seguridad Social de CEOE, Olimpia del Águila. 

En su opinión, junto a la lealtad demostrada por los interlocutores en la mesa de diálogo social, “aprendiendo y desaprendiendo juntos”, destaca la experiencia en la gestión del Sistema de Dependencia que tienen las empresas del sector: “Las organizaciones empresariales son el motor tractor y de desarrollo del Sistema”.

Además, Del Águila destacó como uno de los principales objetivos la dignificación del sector, mediante la promoción de una mayor calidad del sistema para garantizar los cuidados. “La apuesta por la calidad pasa también por la calidad en el empleo en un sector femenizado, que pasa por poner en valor a las trabajadoras y desarrollar su cualificación profesional”, aseveró. Para lograrlo, apeló a un incremento de los precios de concierto.

“Esa dignificación necesita un esfuerzo presupuestario, que es uno de los compromisos plasmados en el Plan de Choque”, señaló. En este sentido, recordó también que la dignificación de los cuidados “es incompatible con los números de la lista de espera”. Por todo ello, apostó por trabajar el desarrollo normativo de la Ley de Dependencia.

Necesarios cambios económicos y, sobre todo, estructurales

En su intervención, el adjunto a la Secretaría Confederal de Política Social y Movimientos Sociales de CCOO, Agustín Reoyo, resumió los necesarios cambios económicos y, sobre todo, estructurales que quedan reflejados en el Plan de Choque.

“Necesitamos un diagnóstico de la situación actual del Sistema de Dependencia. Por ejemplo, no tenemos datos reales sobre residencias. Además, es lamentable que con más un millón de personas atendidas haya cerca de 300.000 personas evaluadas a la espera de recibir su servicio o prestación”, destacó.

Por otra parte, Reoyo demandó profesionalidad: “Se tiene que dar buena calidad de atención, lo que conlleva mejoras en las condiciones laborales de los profesionales relacionadas con la  temporalidad, ratios, nuevas negociaciones colectivas del convenio, etc. Estos cambios se tienen que enmarcar en los acuerdos de acreditación, así como en la modificación de los pliegos de condiciones”.

En su opinión, la Ley de Dependencia es el instrumento normativo para mantener el Sistema de Dependencia, “pero no está del todo desarrollada». Todos estos cambios se justifican porque la sociedad está cambiando y, por consiguiente, los cuidados también. En este sentido, Reoyo entiende que la coordinación sociosanitaria es imprescindible, entendida como una atención integral y coordinada para atender necesidades sociales y sanitarias.

“Estamos en un momento histórico. No solo por el aumento de la financiación, sino por los cambios estructurales y conceptuales a largo plazo”, concluyó.

Asegurar la calidad en el empleo y la calidad del servicio

Para la secretaria Confederal de UGT, Adela Carrió, resulta imprescindible analizar seriamente el modelo que tenemos y adaptarlo a las necesidades actuales. Con el acuerdo alcanzado en la Mesa de Diálogo Social para la plena implementación del Sistema, considera que se van a paliar gran parte de las deficiencias actuales y se va a poder intervenir en tres objetivos prioritarios que resume en:

1. Mejorar las listas de espera, garantizando la atención efectiva de todas las personas mediante servicios profesionales.
2. Mejorar los servicios y prestaciones garantizando la intensidad y la calidad de la atención.
3. Asegurar la condiciones laborales y profesionales de las personas trabajadoras mediante una la mejora de la financiación.

“Se apuesta por asegurar tanto la calidad en el empleo como en la calidad del servicio cuyo beneficio va a repercutir directamente en las personas beneficiarias de las prestaciones”, destacó Carrió. Un ejemplo de ello es que el acuerdo establece y prioriza que en los convenios bilaterales entre las comunidades y el Estado correspondientes al nivel acordado incluirán las medidas:

• Las ratios de personal efectivas de cada comunidad en relación con los mínimos exigibles.
• La inclusión en los pliegos de concierto de la garantía de cumplimiento del convenio colectivo sectorial y el incremento de los precios de concierto vinculados a la mejora de los estándares de calidad en el empleo (estabilidad, porcentaje mínimo de jornada a tiempo parcial)
• Transposición a la normativa autonómica de los requisitos de empleo establecidos en el acuerdo de acreditación de centros y servicios.

Necesaria revisión del modelo de atención

La presidenta de AESTE, Natalia Roldán, agradeció el esfuerzo e interés de la Administración Pública “por acercarse y entender el sector de atención a personas mayores y en situación de dependencia”. Y destacó que la pandemia ha generado un empuje adicional que igual solos no hubiéramos logrado”.

En este sentido, hizo hincapié en aprender de la experiencia vivida “y prepararnos para contar en el futuro con un adecuado sistema de atención a las personas: mayores, dependientes y otros colectivos vulnerables”. Por tanto, Roldán subrayó la necesidad de revisar el modelo de atención desde diferentes perspectivas:

• Hay que poner a la persona en el centro del sistema, porque es el grado de fragilidad de la persona lo que marca los parámetros que de atención que, además, cambian día a día.
• Las residencias deben considerarse el hogar de las personas y, para ello, hay que reconsiderar el actual modelo de atención residencial que, al mismo tiempo, conlleva la potenciación de los servicios de proximidad”. Para definir la red residencial que queremos tener mañana, primero debemos integrar la diversidad actual: ubicación, tamaño, estructura, profesionales, etc. “Vamos a tener que asistir a cambios estructurales complejos, porque la red actual es muy heterogénea y, hasta entonces, tenemos que convivir con la diversidad”, expuso.

Roldán también destacó la necesidad de garantizar una atención sanitaria y universal en las residencias. “Y debemos generar mayores opciones de elección para las personas en base a la colaboración público-privada”, apuntó. Por eso, consideró factible apostar por la convivencia de recursos sociales con otros más sociosanitarios “para generar más opciones de elección para la ciudadanía”.

Para empezar a poner en marcha este nuevo modelo, Roldán propuso “una revisión del Sistema de Dependencia para tener un conocimiento real del mismo y poder mapearlo. Aún existen espacios de cuidado pendiente de cubrir y necesitamos saber cómo y dónde hacerlo”.

No se ha producido trasvase de residencias al SAD

A pesar de las plazas vacías de los centros residenciales, el presidente de ASADE, Valeriano López Afán, aseguró que no se ha producido el trasvase al SAD: “Las residencias tienen un déficit de ocupación, pero no se ha implementando el SAD. ¿Cómo y dónde se están atendiendo a esas personas…?”.

López Afán expuso que si bien el SAD no ha sufrido el deterioro de su imagen como en el caso de las residencias, tiene las siguientes necesidades:

• Incremento del precio de licitación, en la línea del incremento de las tarifas en residencias.
• Ese incremento redundaría en la dignificación laboral, que empieza en la mejora salarial a través de la negociación colectiva con los interlocutores sociales.
• “La dignificación económica puede venir también por el papel más activo de la Administración en cuestiones tan relevantes como la unificación de las intensidades horarias en las diferentes comunidades autónomas y la asignación horaria. Necesitamos mayor flexibilidad para incrementar las jornadas, lo que redundaría en un mejor salario”, señaló López Afán. Se trata, en su opinión, de medidas sencillas que tendrían una repercusión directa en la mejora de las condiciones de los trabajadores.
• Mayor profesionalización del sector, mediante la búsqueda de vías de formación para facilitar la entrada de los trabajadores al sector y general empleos estables. Una medida que, a su vez, tiene otros efectos beneficiosos: mejora el desempleo, reduce las listas de espera y el 50 % del dinero que invierten las Administraciones Públicas en el SAD revierte vía impuestos.
• Por último, López Afán abordó la oportunidad que supondría que las licitaciones del SAD y de teleasistencia “fueran conjuntas, lo que permitirá la integración de los sistemas”.

Limbo de la dependencia: tramitación expres de expedientes

Actualmente, la tramitación de un expediente para acceder al Sistema de Dependencia es de  430 días de media. Con cerca de 250.000 personas en el limbo de la dependencia y un 25 % de media de desocupación en las residencias, la presidenta de CEAPS, Cinta Pascual, propuso agilizar el proceso y acordar en la mesa de diálogo social una tramitación expres para personas con alta vulnerabilidad y cuando su esperanza de vida no supere el año.

“Por eso, debemos ayudar en la tramitación de personas especialmente vulnerables y darles una ayuda no inferior a 1.300 euros para que vayan a una residencia con plazas libres. Si quiere otro servicio, también tenemos que darle soluciones”, explicó Pascual. Y mientras se tramita la dependencia, la presidenta de Ceaps insistió en que “la persona no pague un IVA al 10 %. Es decir, todas las personas que se encuentran en el limbo y quieran contratar servicios en el sector privado deben pagar un IVA del 4 %”.

Para contribuir a agilizar el sistema de valoración, la presidenta de Ceaps propuso “homologar a los profesionales de residencias para que puedan realizar las valoraciones, mediante su correspondiente curso de formación”.

No hay justificación para que haya entre un 15 y un 30 % de plazas vacías

El presidente de la FED, Ignacio Fernández-Cid, subrayó que en el Plan de Choque en Dependencia se destaca la importancia de la iniciativa privada y la necesaria colaboración entre lo público y lo privado para que los dependientes reciban en tiempo el servicio o prestaciones que le corresponde. “Las declaraciones de determinados políticos y las noticias de algunos medios han provocado una alarma social enorme que nos ha hecho responsables de una crisis sanitaria sin precedentes, generando miedo injustificado en muchas familias”, expuso Fernández-Cid. Y añadió: “Ese miedo está provocando que tengamos entre un 15 y un 30 % de plazas libres según el centro. Sin embargo, nuestros residentes y familias no se han ido que, al fin y al cabo, son los mejores evaluadores”.

Por otra parte, Fernández-Cid aseguró que el sector ha trabajado muy duro y muy bien, “salvando a miles de personas dependientes  a pesar de los escasos medios que teníamos. Estamos orgullosos de la labor realizado por los profesionales, pero también por parte de los empresarios que han hecho frente a innumerables gastos que no nos correspondía porque se trata de una crisis sanitaria”. Como consecuencia, el presidente de la FED se pregunta cómo se van a devolver todos esos costes al sector. “Es necesaria una campaña publicitaria institucional liderada por el Ministerio o el Imserso para restaurar la buena imagen del sector privado y público. También es necesario un reconocimiento público a nuestra labor como profesionales y como sector”, concluyó.

El Tercer Sector reivindica tener voz propia en el sector

“Somos una patronal, pero una patronal social que también quiere protagonizar el cambio en las relaciones sociales, laborales y del entorno”, subrayó el presidente de Lares, Juan Vela. Como fundación del Tercer Sector, reivindica la importancia de “que las entidades sociales tengamos voz propia en el sector de las personas mayores y en situación de dependencia”.

Lares es una federación muy significativa en el Tercer Sector por su número de trabajadores y por las personas atendidas. “Aunque no somos los más mayoritarios en el sector, nuestra singularidad es interesante y debe ser tenida en cuenta”, detalló.  

Finalmente, subrayó que la Administración Pública y el Tercer Sector comparten los mismos fines y, por su naturaleza, Lares tiene como finalidad la cooperación con la Administración Pública para estar presente donde ésta no llega, “no solo a la hora de diseñar y poner en marcha las políticas de mayores, sino también como el verdadero motor de la economía social. Por todo ello, tenemos el derecho y el deber de participar en la toma de decisiones relacionadas con el sector de atención a las personas mayores y en situación de dependencia”.