El Congreso ha tumbado el proyecto de ley para la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales sin una merma del salario. Un revés a una de las propuestas estrella del Ministerio de Trabajo. Las enmiendas a la totalidad presentadas por PP, Vox y Junts han salido adelante con 178 votos a favor y 170 en contra, por lo que la norma no ha podido continuar su trámite para ser debatida en el Parlamento.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y los sindicatos coinciden en que la reducción de la jornada es una medida popular cuyo respaldo se ha conseguido en las calles. Por su parte, las patronales agradecen su no aprobación y consideran que el debate sobre la jornada laboral debería regresar al espacio que le corresponde: el diálogo social y la negociación colectiva sectorial. ¿Qué opinan en el sector de atención a la dependencia?
Se estima que 12,5 millones de personas trabajadoras se habrían beneficiado de este proyecto de ley de reducción de la jornada laboral, que ha sido rechazado en el Congreso este mes de septiembre. El veto del PP, Vox, UPN y Junts ha impedido que se haya debatido esta propuesta fruto del acuerdo de diálogo social entre Gobierno y sindicatos y que contó desde el primer momento con la negativa de las patronales.
Tanto la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) como la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) han agradecido a los grupos parlamentarios el rechazo del proyecto de Ley de reducción de jornada porque, según explican, “con esta decisión se evita un grave impacto negativo sobre la economía, el empleo y también sobre los consumidores”.
Desde el primer momento CEOE y CEPYME han advertido de que una reducción de jornada impuesta, sin tener en cuenta la realidad de empresas, pymes y autónomos, generaría problemas organizativos, menor productividad, más costes, una menor calidad de los servicios, y un menor atractivo para la inversión, todo ello en un contexto de difícil cobertura de vacantes. Esto habría afectado al crecimiento económico, la creación de empleo y la oferta para los consumidores.“La reducción de jornada, como cualquier mejora en las condiciones de los trabajadores, debe hacerse mediante la negociación colectiva”, CEOE y CEPYME
En su opinión, el debate sobre la jornada laboral debería regresar al espacio que le corresponde: el diálogo social y la negociación colectiva sectorial. “Ese es el marco en el que empresas y trabajadores deben abordar cualquier elemento esencial de las condiciones laborales”.
“La reducción de jornada, como cualquier mejora en las condiciones de los trabajadores, debe hacerse mediante la negociación colectiva”, CEOE y CEPYME
En este sentido defienden que la reducción de jornada, como cualquier mejora en las condiciones de los trabajadores, debe hacerse mediante la negociación colectiva, equilibrando las necesidades de empresas y trabajadores. “Ese ha sido siempre el camino del progreso y la paz social en España durante más de 40 años. Lo contrario, permitir que un ministerio legisle sobre una materia ya acordada en la negociación colectiva, debilita los mecanismos esenciales de diálogo social y, con ellos, nuestra convivencia”, mantienen.
Por ello, CEOE y CEPYME animan a retomar cuanto antes las mesas de negociación y a reactivar la negociación colectiva, “ralentizada por la insistente injerencia del Ministerio de Trabajo”, apostillan.
Desde Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO) opinan que, aunque se ha bloqueado el proyecto de ley, la batalla por reducir la jornada está ganada en la sociedad. “La ciudadanía quiere conciliar su tiempo, dignificar el trabajo y acompasar su vida a la nueva realidad productiva del siglo XXI. Antes o después, la reducción de la jornada será una conquista legal y ya es una conquista social”, aseguran.
“La ciudadanía quiere conciliar su tiempo, dignificar el trabajo y acompasar su vida a la nueva realidad productiva del siglo XXI”, UGT y CCOO
UGT y CCOO van a intensificar la movilización. “No vamos a parar hasta que las 37,5 horas sean una realidad, y seguiremos avanzando hacia la jornada de 32 horas semanales. Porque defender el tiempo de las personas es defender su libertad. Porque la democracia se construye también en los centros de trabajo. Porque ninguna mayoría coyuntural podrá frenar el cambio: España tendrá un nuevo modelo de relaciones laborales, más humano, más justo y más europeo”, afirman.
Acogida en el sector sociosanitario
En general, las patronales del sector de la dependencia y los cuidados han respirado tranquilas por el rechazo de la propuesta del Gobierno para la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales en el Congreso. Los principales motivos tienen que ver con la escasez de personal, que supone uno de los grandes desafíos, y también el incremento económico, que pondría en jaque la viabilidad financiera. Por eso, piden responsabilidad a la hora de tomar decisiones y apelan al diálogo social.
Desde la Federación Empresarial a la Dependencia (FED) celebran la decisión del Congreso porque consideran que de haberse implantado esta medida en los términos propuestos habría puesto en grave riesgo la sostenibilidad del sistema de cuidados a personas en situación de dependencia. Así lo explica su presidente, Ignacio Fernández-Cid: «Celebramos que el Congreso haya rechazado esta reducción de jornada. Insistir en una medida así, en un sector ya afectado por la angustiosa falta de profesionales, sería una temeridad que pondría en riesgo a las personas dependientes y a los profesionales que las cuidan. Nuestro sector necesita soluciones responsables, consensuadas y sostenibles, no experimentos que agraven la crisis de personal y la viabilidad económica de los servicios».
Esta patronal reitera que el sector de atención a la dependencia ya enfrenta una escasez crítica de profesionales cualificados, con dificultades crecientes para contratar y retener talento y la reducción de jornada sin planificación ni recursos adicionales habría exigido un aumento inmediato de plantilla, algo “prácticamente imposible” en las actuales circunstancias. En su opinión, esto habría agravado la crisis de personal, incrementado los costes operativos y puesto en riesgo la continuidad y calidad de los servicios prestados.
Por otra parte, podría provocar una pérdida de confianza hacia el sector. “La atención a las personas dependientes es intensiva en personal y requiere continuidad y especialización; cualquier disminución de horas disponibles sin medidas compensatorias habría generado un escenario insostenible, con riesgos claros de fragmentación del servicio y de pérdida de confianza entre cuidadores y usuarios”, concretan.
“Nuestro sector necesita soluciones responsables, consensuadas y sostenibles, no experimentos que agraven la crisis de personal y la viabilidad económica de los servicios», FED
Por último, la FED declara que, la medida tampoco garantiza mejoras reales para las personas trabajadoras. “La redistribución de tareas entre más profesionales podría derivar en contratos parciales, precariedad y mayores dificultades de gestión en un sector altamente especializado y exigente”. Por eso, considera que imponer condiciones por vía legislativa, sin negociación colectiva ni consenso social, genera tensiones y amenaza la estabilidad de todo el sistema de cuidados, que requiere coordinación, planificación y flexibilidad para adaptarse a sus particulares necesidades organizativas.
En este sentido hace un llamamiento a los responsables políticos: “Cualquier iniciativa que afecte a la jornada laboral debe abordarse con planificación, consenso y medidas compensatorias claras. Repetir la propuesta sin resolver las carencias estructurales del sector sería una acción irresponsable y peligrosa para millones de personas dependientes y para las entidades que les prestan servicio”, apuntan.
La sostenibilidad en peligro
El Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPs) también celebra que el Congreso de los Diputados haya rechazado la aprobación por ley de la reducción de jornada a 37,5 horas. “Para el sector de la Dependencia en España suponía un auténtico desastre en términos de organización y gestión de recursos humanos en un momento caracterizado, además, por el déficit de personal”, manifiesta el presidente de CEAPs, Rafael Sánchez Ostiz.
“Era una medida que no provenía del diálogo social ni de la negociación colectiva, percibida por los empresarios como una injerencia unilateral del Gobierno central que ignora con esa propuesta los mecanismos de negociación colectiva. El diálogo social funciona y permite adaptar las condiciones laborales a cada sector. Imponerlo por ley rompe el consenso, genera inseguridad jurídica y atenta contra uno de los grandes logros democráticos: la concertación social”, señala.
Además, la reducción de la jornada sin una disminución proporcional del coste horario supondría un aumento directo de los costes laborales. Las estimaciones sitúan este impacto en 12.000 millones de euros adicionales para las empresas, que, sumados al coste del absentismo (37.000 millones anuales), elevan la factura global a cerca de 49.000 millones de euros, el equivalente al 4,1% del PIB español. “Para las pymes y los autónomos esta situación es sencillamente insoportable, y pone en riesgo su viabilidad”, advierte Sánchez Ostiz.
“Para el sector de la dependencia esta ley suponía un auténtico desastre en términos de organización y gestión de recursos humanos”, CEAPS
El presidente de CEAPs recuerda que la atención a la dependencia es un servicio esencial, que requiere funcionamiento 24/7, y que no puede absorber incrementos de costes sin poner en peligro la continuidad. “Esta reducción obligatoria impactaría con fuerza en nuestro sector, que tendría que contratar más personal sin tener margen económico para hacerlo. Esto puede conllevar la pérdida de miles de puestos de trabajo y comprometer la prestación de servicios básicos destinados a personas vulnerables”, explica. Sánchez Ostiz también subraya que, en este contexto, la sostenibilidad del sector no puede lograrse trasladando el sobrecoste a las personas mayores y sus familias, que ya realizan un esfuerzo económico notable. “Nuestro compromiso es con la sostenibilidad del sistema, pero no a costa de quienes más apoyo necesitan. Hay que encontrar un equilibrio justo y viable”, defiende.
Apuesta por el diálogo social
En la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE) han recibido la noticia con alivio. “Consideramos que se trata de una resolución responsable, que evita un grave perjuicio al sistema de atención a la dependencia y a las entidades que lo sostienen.
En su opinión, en un momento en el que el sector de los cuidados afronta importantes dificultades para cubrir puestos de trabajo, aprobar una reducción de jornada sin prever recursos adicionales habría supuesto un riesgo evidente para la continuidad de los cuidados que reciben miles de personas. “La falta de profesionales es una realidad estructural, y cualquier medida que incremente las necesidades de contratación sin soluciones que la acompañen acabaría debilitando el servicio en lugar de reforzarlo”, sostienen.
“Cualquier medida que incremente las necesidades de contratación sin soluciones que la acompañen acabaría debilitando el servicio en lugar de reforzarlo», AESTE
AESTE defiende abordar esta cuestión en el marco del diálogo social y de la negociación colectiva, donde empresas y trabajadores pueden alcanzar acuerdos adaptados a las realidades de cada servicio y territorio. “La reducción de la jornada laboral hubiera generado tensiones en la gestión y un incremento de costes difícil de asumir para muchas entidades”, indican.
Por esto, la patronal considera imprescindible abrir el debate sobre cómo seguir mejorando las condiciones laborales de los profesionales del sector, pero entienden que este proceso debe ir acompañado de una financiación adecuada y de políticas que apoyen la formación, la retribución y la flexibilidad organizativa. “Solo así se podrá avanzar de manera gradual y responsable, sin poner en riesgo la viabilidad del sistema”, afirman.
La noticia, al Grupo Social Lares les genera una “sensación ambivalente”. En opinión de su secretario general, Antonio Molina Schmid, “la reducción de jornada que proponía el Gobierno de España, hubiese supuesto, en el ámbito del VIII Convenio Colectivo Estatal de Dependencia, que la jornada de las residencias bajara entre 61 y 77 horas anuales, según si, respectivamente, partimos de la referencia clásica de las 1.826 h con 27 minutos o si intentamos actualizar el cálculo del Acuerdo Interconfederal de 1983, y aplicamos simples reglas de tres”.
“Nos preocupaba gravemente el incremento de costes para poder seguir prestando un buen servicio de cuidados a las personas mayores o dependientes”, LARES
Por un lado, como organización representativa de las entidades del Tercer Sector de Acción Social, aprecian la pretendida mejora social para las personas trabajadoras. No obstante, “nos preocupaba gravemente el incremento de costes para poder seguir prestando un buen servicio de cuidados a las personas mayores o dependientes, unos costes parece que no iban a ser asumidos por la Administración Pública”, concreta Molina Schmid.
Para la Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (ASADE) el que se haya revocado la propuesta es una oportunidad. Su presidente, Ignacio Gamboa, asegura que la jornada laboral es una materia central de la negociación colectiva y cualquier modificación sobre la misma debe partir del consenso entre los actores sociales fundamentales, es decir, los sindicatos y las entidades patronales. “Cualquier medida que se tome de manera unilateral, sin contar con ese consenso, debe ser reevaluada. Que no se haya impuesto la reducción de la jornada es un paso que favorece ese diálogo y esa negociación que permita adaptar los contratos, mejorar las condiciones laborales, paso a paso, actividades a actividad y entendiendo cuáles son las necesidades de los servicios y de las personas y entidades que los prestan”.
“Cualquier medida que se tome de manera unilateral, sin contar con ese consenso entre sindicatos y patronales, debe ser reevaluada”, ASADE
Las patronales del sector sociosanitario y de la dependencia coinciden en que una reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, sin planificación ni financiación adicional, pondría en riesgo la viabilidad del sistema de cuidados. Alertan de que la escasez crónica de profesionales, unida al aumento de los costes laborales, haría prácticamente imposible aplicar la medida sin comprometer la continuidad y la calidad del servicio. Aunque reconocen la necesidad de mejorar las condiciones laborales del sector, defienden que cualquier cambio debe abordarse desde el diálogo social, con consenso y con recursos suficientes que garanticen tanto la sostenibilidad económica de las entidades como la protección de las personas en situación de dependencia.
Desconexión digital y registro horario digital
El proyecto de ley no solo establecía la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales sin pérdida de salario, sino que incluía dos avances cruciales para la modernización de las relaciones laborales: el derecho a la desconexión digital y el registro horario digital, interoperable, no manipulable y con acceso remoto a la inspección de trabajo y la representación legal de las personas trabajadoras.
Estas medidas, por un lado, garantizan el descanso, la conciliación, el ocio y la salud mental de las personas, y por otro permiten un registro horario digital, interoperable, no manipulable y con acceso remoto a la Inspección de Trabajo. “Y son claves para atajar el fraude masivo de horas extraordinarias no pagadas, no cotizadas y no declaradas que se produce cada semana en España”, exponen desde la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO).
Además, en su opinión, “no es solo una demanda sindical: es una obligación legal europea”. Dos sentencias del Tribunal de Justicia de la UE han establecido con absoluta claridad que los Estados miembros están obligados a garantizar un registro horario que cumpla con los estándares de la Unión.
Por eso exigen al Gobierno que, en desarrollo del vigente artículo 34.9 del Estatuto de los Trabajadores, apruebe de forma urgente un Real Decreto que regule ya un sistema de registro horario moderno, digital y transparente, accesible en remoto por la inspección de trabajo y con acceso por parte de la representación de las personas trabajadoras. “Este reglamento debe aprobarse en el próximo Consejo de Ministros, sin excusas y sin retrasos. España no puede seguir incumpliendo las obligaciones europeas ni permitir que se sigan robando horas de trabajo a millones de personas”, sostienen los sindicatos.Por su parte, el Ministerio de Trabajo sacó a consulta pública la nueva regulación del Registro de Jornada un día después de que el proyecto de ley de reducción de jornada fuera rechazado en el Congreso.
Esta normativa “permitirá el control eficaz del tiempo de trabajo, garantizando los tiempos máximos, los descansos mínimos, evitando horas extras ilegales y asegurando con ello el más efectivo cumplimiento de la normativa europea en la materia”, indican desde el Ministerio.
