Patronales sociosanitarias exigen a la Junta de Andalucía medidas “para salvar al sector de la quiebra”

Las patronales sociosanitarias Cecua, FADE, Lares Andalucía y Faecta exigen a la Junta de Andalucía que tome medidas para salvar el sector de la quiebra a la que se está viendo abocado. Las patronales muestras su profunda decepción ante la propuesta del Gobierno andaluz de actualizar el precio de la plaza concertada en un 2,6 %, “que no permite a los centros garantizar la sostenibilidad, eficiencia y calidad de la atención y amenaza, especialmente, a los centros rurales”. Por todo ello, piden a la Junta de Andalucía “que no les tomen el pelo y demandan un auténtico modelo de Atención Centrada en la Persona (ACP).

Después del tremendo esfuerzo y sufrimiento provocado por la pandemia, y ante las dificultades de un sector infra financiado y en previsión de las demandas reales, las patronales del sector sociosanitario Cecua, FADE, Lares Andalucía y Faecta han presentado al Gobierno andaluz diversas propuestas “para un sistema sostenible, eficiente y con calidad en la atención a las personas mayores dependientes de Andalucía”.

Las patronales esperan una clara apuesta por la colaboración público-privada para dar las respuestas de calidad que la sociedad demanda: “Comenzando por la actualización al coste real de la plaza y un plan a tres años (que debe de estar en torno al 14 % en 2021, 7 % en 2022 y 5 % en 2023) y creando una mesa efectiva y específica de trabajo con la patronal para el nuevo sistema andaluz de atención residencial”.

Situación de partida

Actualmente, en Andalucía viven algo más de 1,2 millones de personas con más de 65 años, de las cuales algo más de 200.000, el 15,6 % de esa población, tiene más de 80 años, según datos de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía. Se calcula que la tasa de población mayor de 65 años en Andalucía llegará a suponer el 29 % de la población total en el año 2050.

A pesar de los datos expuestos, en comparación con febrero de 2019, la pérdida de personas atendidas en centros residenciales es de 568 personas menos que hace dos años. En centros de día, la diferencia es aún mayor, ya que suponen 1.462 personas menos atendidas.

En Andalucía, las personas pendientes de recibir prestación con respecto al número total de personas beneficiarias con derecho a prestación a final de marzo de 2021, suponen el 19,31%. Esta situación sitúa a Andalucía en el cuarto lugar en la cola, respecto al resto de  comunidades.

 “La actual situación exige un cambio que permita a los usuarios disfrutar de un servicio en el que les cuiden bien y decidan quiénes les cuidan, un sistema que reconozca y dignifique la labor de los profesionales de los cuidados a personas, y que permita una justa financiación que garantice a las empresas unas condiciones razonables y seguras”, demandan las patronales.

Y añaden que las entidades privadas que colaboran con la Administración y se integran en la oferta del sistema público ofertando plazas en el concierto social, “no pueden seguir cuidando de las personas mayores en un sistema “low-cost” y dando servicios de calidad”.

Cambios de futuro

Como consecuencia de la situación actual, la Administración está abocando a los centros a que, en junio, cuando toca actualizar la oferta de plazas concertadas, “disminuyan las que ponen a disposición en el sistema público de atención a la dependencia, ante la falta de compromiso de ocupación que mantiene la Administración y el bajo coste reseñado. Ya no se trata solo de subir la oferta de plazas concertadas, pese a su necesidad, sino de ocupar las que siguen vacías y actualizar el precio”.

La atención a las personas mayores en situación de dependencia es un derecho por Ley, universal, que debe responder a la población envejecida y dependiente, “de la misma manera y con la misma calidad que a un niño andaluz el sistema educativo lo escolariza a demanda o el sistema sanitario responde a las necesidades de salud de los andaluces”, concluyen las patronales.