Nuevo informe sobre el sistema de atención a la dependencia: aumento considerable de la lista de espera

La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (AEDGSS) ha presentado un nuevo informe del Informe del Observatorio Estatal para la Dependencia con datos oficiales a fecha de 30 de septiembre de 2025. El estudio destaca el aumento de la lista de espera en 13.695 personas, hasta un total de 284.000 (133.414 personas que están a la espera de valoración y 150.606, esperando prestaciones y servicios que tienen reconocidos). A su vez, el tiempo de espera también ha aumentado en 25 días, pasando a 349 días.

Asimismo, durante los últimos nueve meses, 25.060 personas fallecieron en las listas de espera de la dependencia en lo que va de año: 13.713 esperando ser valoradas y 11.347 esperando recibir la prestación a la que tenían derecho. 2 de cada 3 personas fallecieron en estas cuatro comunidades: Cataluña (6.851), Andalucía (5.292), C. Valenciana (2.290) y Canarias (1.904).

Claves del sistema

El informe de la AEDGSS profundiza en el momento actual del sistema con 20 claves:

El limbo de la dependencia

1. A fecha 30 de septiembre había en España 726.288 (89.531 más que en 2024) personas en situación de dependencia reconocida y otras 133.414 (5.535 más que en 2024) pendientes de valoración. Esto significa que el 3,5% de la población española necesita apoyos de mayor o menor intensidad para desarrollar las actividades básicas de la vida diaria.
2. De todas las personas beneficiarias de prestación o servicio, casi dos tercios son mujeres (62%) y un tercio (37%) son hombres. Tres de cada cuatro personas dependientes reconocidas tienen más de 65 años y las mayores de 80 son el 53 % del total.
3. Durante 2025 el número de personas con derecho reconocido en espera de atención ha aumentado en 8.160 personas. A finales de septiembre de 2025, 150.606 personas se encuentran en el limbo de la dependencia, el 8,7% de las personas con derecho.
4. A ellas hay que añadir 414 personas que están pendientes de valoración. Son 5.535 más que hace nueve meses. Con lo cual, la desatención (pendientes de valorar + limbo) alcanza a 284.020 personas, 13.695 más que en 2024.
5. En los nueve primeros meses del año 2025 fallecieron 25.060 personas en la lista de espera de la dependencia,713 personas pendientes de resolución de grado de dependencia y 11.347 sin haber podido ejercer sus derechos derivados de la condición de persona en situación de dependencia. Esto supone que cada 15 minutos fallece una persona en estas listas de espera.

Tiempo de tramitación y prestaciones

6. El tiempo medio de tramitación de un expediente es de 349 días (15 días más que en 2024), aunque en tres comunidades se tarda en torno a 500 días (Murcia, Andalucía, y Canarias). Sólo cinco territorios están por debajo de seis meses que establece la Ley como plazo para esta tramitación: Castilla La Mancha, Aragón, País Vasco, Castilla y León, y Ceuta.
7. Alrededor del 34% de las personas desatendidas (unas 50.640, sin contar las personas con resolución de PIA y prestación no efectiva,) son dependientes con Grados III o II, es decir, tienen necesidades de apoyo extenso y continuado.
8. Las prestaciones económicas por cuidados familiares tienen un importe medio mensual de 264 euros (percibidas actualmente por 707.223 personas, el 44%). Por grados, estas cuantías son, de promedio: 171 €/mes para los Grado I; 278 €/mes para los Grado II y 385 €/mes para los Grado III, con importantes diferencias entre territorios.
9. Las prestaciones económicas vinculadas a la adquisición de un servicio varían mucho en función de este, pero presentan importes insuficientes. Baste decir que la prestación vinculada para abonar una plaza de atención residencial oscila en torno a los 549€/mes (Grado II) y 569€/mes (Grado III). La diferencia entre esta cantidad y el precio realmente abonado por la persona en una residencia (que fácilmente triplicará ese importe) constituye un “segundo copago”.
10. La Ayuda a Domicilio presenta unas intensidades horarias medias de 38 h/mes, por grados: 19 h/mes para los Grado I; de 42 h/mes para los Grado II y de 64 h/mes para los Grado III, dos horas y media diarias de lunes a viernes para estos últimos, lo que es claramente insuficiente si comprendemos que son personas que necesitan apoyos de forma permanente.

Perfil de las cuidadoras

11. En los nueve meses de 2025 hay reconocidas 223 personas cuidadoras, de las cuales el 72,3% son mujeres y el 27,7 % son hombres, porcentajes sin apenas variación respecto de 2024.
12. El perfil de la cuidadora familiar en cuanto a edad y parentesco se define de la siguiente manera: el 27,5% tienen de 16 a 49 años, el 47,7% de 50 a 66 años, el 17,6% de 67 a 79 años, el 6,3% de 80 a 89 años y el 0,9% 90 años o más. El 36,2% es hijo/a, el 23% madres, el 20% cónyuge, el 4,2% hermano/a, el 3,2% padre, el 1,7% yerno/nuera, el 1,8% nieto/a y el 10% otras personas. Los datos, sin apenas variación, vuelven a evidenciar que el papel de cuidadora recae mayoritariamente sobre las mujeres y es significativo que el 7,2 % de las personas cuidadoras tengan más de 80 años.
13. Cinco años después de que se recuperase el derecho de las personas cuidadoras familiares a poderse dar de alta en el convenio especial de cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia de la Seguridad Social, 95.372 personas (87,4% mujeres) se encuentran dadas de alta. Un 13,5% del total de las personas cuidadoras.
14. En 2021 se puso fin al recorte de la AGE en dependencia, tras el RD-Ley 20/2012. El recorte acumulado ha ascendido a 6.321 millones de euros considerando la supresión del nivel acordado, la reducción del nivel mínimo y la supresión de las cotizaciones de las cuidadoras familiares.

Un copago añadido

15. Existe un “copago añadido” soportado por muchas personas que deben asumir la diferencia entre la cuantía percibida y el coste real de los servicios adquiridos mediante prestación vinculada al servicio. Se requiere una regulación que asegure el acceso a los servicios mediante libre elección por parte de usuarias y usuarios y de inspección y control públicos adecuados. Es preciso mantener cautelas y control con este tipo de prestación, y dar transparencia a sus contenidos en los datos del SISAAD.
16. En 2025 se han atendido a 81.371 personas más que en 2024. A pesar de que no haya habido el aumento en la financiación extraordinaria, en 2025 se mantiene la dinámica de impulso que propició el Plan de Choque. Se mantienen las desigualdades entre territorios tanto en cobertura como en modelos de gestión.

Teleasistencia y otros servicios

17. El 56% de las personas atendidas en sus domicilios NO cuentan con el servicio de Teleasistencia. 65.647 personas son beneficiarias con teleasistencia como prestación única, el 42% de estas se encuentran en la Comunidad de Madrid.
18. En 2025 continúa la tendencia de incremento de servicios low cost y han descendido las plazas residenciales (-804) y las de centros de día (-969).
19. Sigue sin evaluarse el impacto negativo de género que puede estar teniendo la feminización de los cuidados en la medida en que estos no son resultado de una libre elección.
20. El Ministerio ha dejado de cumplir el punto 5 del Pacto de Estado por el Sistema de Atención a la Dependencia referido a la transparencia, no facilitando datos o manipulándolos para evidenciar la falta de financiación y el compromiso con los objetivos del plan de choque. Es preciso saber cuántas solicitudes están sin grabar y cuántas revisiones están pendientes.

La dependencia un derecho pendiente

Además, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales hace referencia a que, después de 18 años y 9 meses de aprobarse la Ley 19/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia el 14 de diciembre de 2006, “la dependencia continúa siendo un derecho pendiente” y la Ley “su potencial sigue sin desarrollar”.

Cuatro millones de personas han recibido atenciones del Sistema de Atención de la Dependencia en estos 18 años, mientras que casi un millón de personas han fallecido en las listas de espera. Los procedimientos burocráticos, las escasas cuantías de las prestaciones, junto la baja intensidad de los servicios y la imposibilidad de compatibilidad hacen un Sistema low cost que es poco eficaz para atender las necesidades de las personas en situación de dependencia. A lo que hay que añadir la deficiente financiación y las desigualdades territoriales en su desarrollo.

Consolidación de un sistema low cost

En 2024 el Gobierno de España paralizó el incremento de los 600 millones de euros ex novo que el Plan de Choque había impulsado en los 3 años anteriores (2021/2023). Una merma importante en la financiación del Sistema, que se ha visto reflejada no tanto en su extensión en número de beneficiarios, que ha seguido una tendencia creciente, sino más bien en la limitación de sus prestaciones y servicios.

81.371 personas dependientes más están recibiendo prestaciones y servicios respecto al final de 2024. Se advierte una cierta ralentización en el aumento de personas atendidas, que en el año 2024 fue de 106.448, aunque habrá que esperar hasta final de año para confirmarlo, ya que muchas comunidades aceleran el ritmo de atenciones en los últimos meses de año.

El informe también revela el aumento de las prestaciones y servicios en 149.316. Sin embargo, este incremento ha sido muy desigual en estos primeros 9 meses. Se consolida la tendencia de aumento de servicios low cost al aumentar prestaciones y servicios de bajo coste como la Prestación por Cuidados en el Entorno Familiar o la Teleasistencia.

Finaliza septiembre de 2025 con 284.020 personas a la espera de un procedimiento: 150.606 personas con derecho reconocido en espera de atención, 8.140 más que al empezar el año. A estas cifras hay que añadir 133.414 personas pendientes de valoración, 5.535 más que hace 9 meses. Con lo cual, la desatención (pendientes de valorar + limbo) alcanza esas 284.020 personas, 13.695 más que a comienzo del año.

Evolución de la dependencia por comunidades

• Las Comunidades con mayor “limbo de la dependencia”, personas pendientes de recibir prestación, son Canarias (31,3%), País Vasco (15,7%), Murcia (13,8%), y Cataluña (13,6%); y las que menos Aragón (1,5%), Cantabria (1,5%), Galicia (2%) y Navarra (2,1%).
• Ocho comunidades han aumentado el nº de personas en el limbo de la dependencia en 2025: Castilla La Mancha (+58%), Cantabria (+29,9%), y Madrid (+29,6%) lideran este aumento. Más de la mitad (53%) de las personas que se encuentran en el “limbo de la dependencia” residen en tres Comunidades: Cataluña (38.002), Andalucía (21.785) y Canarias (20.127).
• Las Comunidades que más han aumentado las personas beneficiarias con prestación este año han sido Canarias (+18,5%) y Galicia (+15,7%). Por el contrario, hay una Comunidad que ha disminuido el número de personas atendidas: La Rioja (-0,1%).

En estos primeros nueve meses de 2025 han fallecido 25.060 personas pendientes de resolución de grado y de resolución del PIA, 10.192 menos que en 2024 por ahora. Casi la mitad (48,5%) se concentran en Cataluña (6.851) y Andalucía (5.292). A la cola, la Comunidad con menos fallecimientos en lista de espera es Navarra (57).

En España las personas con derecho aumentan un 5,5%. Las Comunidades que más han aumentado las personas con derecho a prestación en 2025 han sido: Canarias (+22,6 %) y Galicia (+14%). Por el contrario, en La Rioja (-1,4%) y Cantabria (-0,5%) se reducen el número de personas con derecho.

Evolución del tiempo de espera

El indicador de agilidad administrativa se calcula de acuerdo con el tiempo medio registrado desde la solicitud hasta la resolución del expediente. Este proceloso recorrido hizo que en septiembre de 2025 el tiempo medio en España fuese de 349 días, 15 días más que al empezar el año.

El informe de la AEDGSS revela que, por normativa, el plazo máximo para resolver un expediente se sitúa en seis meses (180 días), pero solo hay 4 Comunidades y Ceuta y Melilla (155) por debajo a ese margen en sus promedios: Castilla y León (113), País Vasco (130), Aragón (152) y Castilla La Mancha (169). Navarra (200) y Cantabria (211) se encuentran cerca del plazo máximo. En el otro extremo estarían Andalucía (559 días), Murcia (563 días) y Canarias (478 días).

Además, 2 Comunidades, Murcia (+43 días) y Madrid (+40 días) han aumentado de manera importante los tiempos de tramitación en este año. En el otro extremo Canarias (-83 días), Andalucía (- 43 días) y Galicia (-37 días) han reducido sus tiempos de tramitación.

Estos datos explican que, a pesar del incremento paulatino del número de personas atendidas de los últimos años, el ritmo sea claramente insuficiente para absorber la demanda de valoraciones y atenciones.

Motivos de los retrasos

Los motivos de estos “impresentables retrasos”, después de dieciocho años de implantación de la Ley, son múltiples, pero debemos apuntar dos fundamentales:

1. Los sucesivos recortes sufridos en la financiación de la Ley (aún vigentes) que afectaron gravísimamente a la etapa de despliegue, generando enormes bolsas de desatención gracias a la simple pero execrable vía de no resolver los procedimientos por parte de las administraciones.
2. El disparatado y proceloso entramado burocrático creado por las diferentes administraciones que, lejos de garantizar el ejercicio de los derechos de la ciudadanía, se convierte en una trampa mortal para el acceso al disfrute de prestaciones y servicios. La mayoría2 de comunidades autónomas establecen dos procedimientos administrativos encadenados (resolución del grado de dependencia y resolución de prestación o servicio que disfrutará la persona). Muchas veces, para cuando llegan tales resoluciones, la situación de la persona ha cambiado tanto que hay que volver a empezar revisando su grado o sus prestaciones.

El Plan de Choque para la dependencia ha significado un importante avance en la reducción de las listas de espera, sin embargo, no ha cumplido con los objetivos esperados debido a una paralización en el aumento de inversión para la dependencia en 2024 y 2025.

Procedimientos complejos

La interminable dilación de muchos procedimientos tiene como consecuencia que muchas personas salgan de la lista de espera por fallecimiento sin haber recibido las prestaciones o servicios a los que tenían derecho. La “lista de espera” se inicia en el momento en que una persona solicita una valoración de grado de dependencia, momento en el que se desencadena un conjunto de procedimientos complejos que comprenden cuando menos:

• Una revisión de documentación e informes
• La valoración de cada persona en su entorno por equipos técnicos aplicando un baremo estándar BVD
• La emisión de propuesta de resolución; una resolución administrativa del grado de dependencia
• Un trámite de audiencia con la persona interesada para elaborar el Proyecto Individual de Atención (PIA) en función de sus necesidades y preferencias
• Los cálculos económicos de renta y patrimonio para determinar copagos o descuentos en las prestaciones
• La resolución del PIA y, finalmente, una entrega de servicios que en no pocas ocasiones, al ser prestados por otras administraciones (administraciones locales) conllevan nuevas resoluciones administrativas que ralentizan los procedimientos.

La lista de espera se ha reducido paulatinamente desde el cénit que supuso la entrada en el sistema de las personas dependientes con grado I en julio de 2015. En aquel momento la lista de espera (personas con derecho pendientes de recibir servicio o prestación) se elevó a 442.000 personas.

Desde entonces, y hasta final de 2024, se ha ido reduciendo paulatinamente, sin embargo, 2025 está suponiendo un cambio en la tendencia, como dijimos anteriormente, 13.695 personas más que a comienzo del año están esperando algún procedimiento de la dependencia, para un total de 284.020 personas.

Evolución de la lista de espera por comunidades

Dos de cada tres de las personas que se encuentran en lista de espera están en cinco comunidades: Cataluña (81.894 personas), Andalucía (51.547 personas), C. Valenciana (29.747 personas), Canarias (25.755) y Murcia (16.348). La comunidad de Madrid tiene 14.208 personas en lista de espera, de las que 13.859 están esperando la prestación o servicio a la que tienen derecho, solamente 589 están esperando la valoración. Sería conveniente aclarar cuántas solicitudes están sin grabar en el Sistema.

En relación al número de solicitantes, el 12,5% de las personas estarían esperando algún tipo de trámite. Canarias (33%), Murcia (22,4%) y Cataluña (19,9%) son las Comunidades con mayor porcentaje de personas esperando, mientras que Cantabria (3,1%), Galicia (2%) y Navarra (2%) son las Comunidades que menor porcentaje de personas esperando tienen.

En estos primeros nueve meses del año la lista de espera aumentó en más de un 5,1% en toda España. Es preocupante la evolución en 2025 de tres Comunidades: Madrid (+29,6%), Cantabria (+29,9%) y Castilla La Mancha (+58%), si bien es cierto que estas dos últimas comunidades aumentan desde niveles muy bajos de personas en lista de espera. En el otro extremo de porcentaje de reducción, se encuentran Galicia (-31,4%), Castilla y León (-27,1%) y Canarias (-18,7%).

En relación a datos absolutos lideran el aumento Cataluña (+12.121), Castilla La Mancha (+3.177) y Madrid (+3.247), sólo entre estas tres comunidades suman más aumento de personas en lista de espera que en todo el Estado. Canarias (- 5.917) y Castilla y León (- 3.183) lideran la disminución del número de personas en lista de espera.

Abordaje de la financiación

En 2024 el Gobierno central redujo al 27% (-1,5%) su porcentaje de financiación de la Dependencia. Las Comunidades que menos porcentaje aportaron en Dependencia son: La Rioja (61,4%), Castilla y León (63,2%), Andalucía y Galicia (65,1%). Las que más: País Vasco (84%), Navarra (81%) y Baleares (80,6%).

Asimismo, en términos de financiación, el informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales destaca que 12.843 millones de euros fue la inversión pública en Atención a la Dependencia en el año 2024. De ellos, las Comunidades Autónomas financiaron, de media, el 72,9 %, con 9.365 millones de euros (13,8% más que en 2023). La aportación estatal fue el 27,1%, con 3.478 millones de euros (+5,6%).

El Plan de Choque aprobado en 2021 supuso un incremento anual de 600 millones de euros que recibieron las Comunidades Autónomas (en total, 3.793 M€ de incremento acumulado de financiación estatal en el periodo 2021/2023).

En 2024 la Administración General del Estado incrementó en 185 millones de euros su gasto en dependencia, debido a su obligación de soportar el nivel mínimo de financiación correspondiente a las personas beneficiarias de la Ley, al haberse incrementado el número de personas atendidas, ya que por ser un sistema con modelo de financiación capitativo, el Ministerio   tiene   que   ampliar obligatoriamente sus aportaciones.

Sin embargo, según el informe, este incremento del gasto fue por imperativo legal, pero no por compromiso político, ya que no existió ningún incremento presupuestario para la dependencia por parte del Gobierno central, lo que supuso que se redujera su porcentaje en la financiación del Sistema.

Análisis final de la AEDGSS

La AEDGSS finaliza así el último informe sobre el sistema de atención a la dependencia:

Celebramos las declaraciones de gobernantes de algunas comunidades en relación con la financiación de dependencia, exigiendo el 50% de financiación estatal de la dependencia. Algunos gobernantes autonómicos dicen que su comunidad reclama “desde hace tiempo” que “la Administración del Estado asuma el 50% del coste de la dependencia”. Bienvenida sea esta reclamación, que es la que nuestra Asociación viene exigiendo desde el comienzo de la implantación de la Ley. Pero conviene recordar que no siempre el Gobierno de esas Comunidades se ha sumado a esa reclamación.

Hay que recordar que entre los años 2011 y 2014, el Gobierno central, presidido por M. Rajoy, recortó en 4.000 millones de euros la financiación de la dependencia (más de 6.000 si se tiene en cuenta la seguridad social de las personas cuidadoras, que el Estado dejó de pagar). Ese es el origen del déficit de financiación estatal de la dependencia. En aquellos momentos, no recordamos que Gobiernos de algunas Comunidades reclamarán ni se quejaran de los recortes que dejaron la financiación estatal en un mísero 16%.

Ha habido que esperar hasta 2021 para que el Estado pusiera en marcha un Plan de Choque dotado con 600 millones de euros adicionales cada año, que se mantuvo en 2021, 2022 y 2023. Gracias a este Plan aumentó 11 puntos la financiación estatal hasta el 27,1% en 2024. La ausencia de PGE en 2024 y 2025 ha impedido mantener ese incremento que nos habría situado cerca del demandado 50% de financiación estatal.

No existen motivos de agravio que algunas comunidades vienen denunciando, ya que algunas de ellas reciben mayor porcentaje de financiación estatal que la media, y más que Cataluña o País Vasco.

La ausencia de datos sobre el copago hace imposible saber qué parte del 83% que no aporta el Estado es aportación real de la comunidad y qué supone la aportación de las propias personas usuarias.

Las Comunidades que más invierten en dependencia por persona potencialmente dependiente y año son: País Vasco (2.835 €) y Extremadura (2.779 €), y las que menos Galicia (1.317 €) y Canarias (1.339 €).

En 2025, nueve Comunidades van a ver disminuidas las cantidades del nivel acordado para financiación de la dependencia. La estructura para la distribución del Marco de Cooperación Interadministrativa correspondiente al ejercicio 2025 tiene cuatro fondos diferenciados: fondo de estructura, fondo de gestión, fondo de cumplimiento de objetivos y fondo relativo al apoyo para el despliegue del Acuerdo sobre criterios comunes de acreditación y calidad de centros y servicios del SAAD, de 28 de junio de 2022.