Novedades del Plan de Inspección de Servicios Sociales de Navarra

El Departamento de Derechos Sociales de Navarra ha aprobado ya el Plan de Inspección de Servicios Sociales para 2021, que, como novedad, supervisará la implantación del nuevo Decreto de Autorizaciones, que apuesta por un nuevo modelo residencial en aspectos como la puesta en funcionamiento de las unidades de convivencia en todos en servicios residenciales, un modelo de Atención Centrada en la Persona y medidas preventivas ante epidemias como la COVID-19.

Igualmente, se mantienen los objetivos generales del Plan, orientado a ofrecer una atención de calidad y adecuada a las necesidades particulares de las personas atendidas en servicios de atención diurna y residencial del área de atención a personas mayores, dependencia, enfermedad mental, discapacidad, atención a menores y exclusión social.

Estructura de la labor inspectora

Como en años anteriores, la labor inspectora se estructura en tres líneas de actuación: la garantía del respecto a los derechos de las personas, la supervisión y control de centros y servicios y el cumplimiento de los requisitos de las personas que perciben prestaciones públicas.

En la tarea de supervisar el respeto a los derechos de las personas atendidas, las inspecciones revisarán los requerimientos realizados en 2020 y las situaciones denunciadas.

De manera específica, se comprobará el cumplimento de la normativa en  materia de sujeciones, los Planes de Atención Individualizada (PAI), la existencia de personal de referencia y la implantación de Historias de Vida, un documento en donde la persona o sus allegadas hacen constar sus valores, gustos y objetivos de vida.  El PAI deberá contener información interdisciplinar de cada persona y recibir actualizaciones al menos una vez al año.

Implantación del modelo de atención centrada en la persona

Así, continúa la comprobación iniciada en 2020 para acreditar la progresiva implantación de los modelos de atención centrada en la persona, con medidas concretas, como la creación de grupos burbuja, medida de sectorización anti-COVID, lo que requiere evitar en lo posible la rotación de personal. Se refuerza la figura de la persona de referencia, comprobando que ha sido elegida por el o la usuaria y que deberá tener a su cuidado un grupo reducido de personas.

Además de medidas organizativas, se valorará el aumento de habitaciones individuales y la colocación de elementos de separación en las dobles que proporcione intimidad. De igual manera, se supervisará la posibilidad de elección por parte de residentes de menús, amplitud en los horarios de comidas y la opción de tomar duchas o aseos por la tarde. La privacidad y la participación de las personas usuarias forma parte de los derechos que deben respetarse, según establece el nuevo modelo de atención aprobado por el Departamento de Derechos Sociales.

De forma inevitable, la labor inspectora comprobará qué centros y servicios aplican las medidas vigentes en cada momento para evitar contagios, tanto en las instalaciones como en ventilación, distancias y control de visitas. También se comprobará la posibilidad de realizar videollamadas cuando las visitas no estén permitidas, para cumplir el derecho de usuarios y usuarias a tener contacto con familiares y allegados.

Proporcionalidad en los turnos del personal

En la línea de control de centros y servicios, la inspección quiere hacer énfasis en la organización y funciones de profesionales para velar por que el trabajo en distintos días de la semana y franjas horarias sea proporcional y adecuado.

En los centros que han suscrito el Acuerdo Marco esta supervisión será especial de manera que se compruebe que el personal de atención directa dedica su jornada a la atención de las personas y no a otras tareas.

En esta línea de actuación se pretende girar al menos una visita anual a servicios residenciales o de atención diurna de las áreas de atención a mayores, dependencia, discapacidad, enfermedad mental, exclusión social y atención al menor.

La función inspectora tendrá también una vertiente administrativa para legalizar todos los centros en funcionamiento, la concesión de nuevas autorizaciones y para controlar el cumplimento de las condiciones materiales y funcionales de centros y servicios.