El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes un Real Decreto por el que se crea y regula la Comisión Interministerial para la transformación y sostenibilidad de los cuidados de larga duración. La Estrategia Estatal para un nuevo modelo de cuidados en la comunidad: un proceso de desinstitucionalización (2024-2030) es la hoja de ruta para transformar el sistema de cuidados hacia un modelo comunitario, personalizado y basado en derechos, evitando la institucionalización forzosa de las personas dependientes. La Estrategia establece como uno de sus principales instrumentos de gobernanza la Comisión Interministerial para la transformación y sostenibilidad de los cuidados de larga duración, que ahora se aprueba en Consejo de Ministros.
Cinco pilares del sistema de cuidados de larga duración
Además de su creación, se ha determinado su composición y sus funciones, entre las que se encuentran:
- Analizar los cambios estructurales y organizativos que precise el sistema de cuidados de larga duración.
- Identificar y promover las medidas oportunas para garantizar la sostenibilidad del sistema.
- Realizar el seguimiento y evaluación del grado de alineamiento de las distintas políticas sectoriales con el modelo de cuidados.
- Impulsar la innovación social y tecnológica en el sector de los cuidados de larga duración, identificando buenas prácticas, promoviendo la transferencia de conocimiento y facilitando la colaboración entre administraciones y otros actores relevantes.
- Proponer y emitir informes que incluyan perspectiva de género y puedan servir de orientación en la toma de decisiones de los órganos competentes en el sistema de cuidados de larga duración.
Los cuidados de larga duración constituyen una parte esencial del Estado del Bienestar y una garantía fundamental para el ejercicio efectivo de los derechos sociales. La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia establece un sistema de gobernanza y toma de decisiones en relación con el sistema de carácter interterritorial en el seno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y atención a la dependencia; una gobernanza coherente con el reparto competencial en nuestro país.
Sin embargo, hasta ahora no existía una estructura formal que pudiese articular debate y toma de decisiones sobre esta política pública, teniendo en cuenta que los cuidados de larga duración y, especialmente, sus implicaciones económicas en el medio y largo plazo son un asunto de Estado que trasciende las competencias del Ministerio de Derechos Sociales, siendo necesaria la colaboración interministerial en esta comisión.
Un impulso para el SAAD
En esta línea, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha detallado que la Comisión queda adscrita al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, a través de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, y se regirá por lo previsto para los órganos colegiados en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Se reunirá, al menos, una vez al año y podrá celebrar sus sesiones tanto de forma presencial como a distancia.
Entre sus funciones principales figuran el análisis de las transformaciones necesarias del sistema de cuidados de larga duración, la promoción de medidas para garantizar la sostenibilidad del SAAD, la mejora de la disponibilidad y fidelización de profesionales del sector, la evaluación de la adecuación de las políticas públicas al modelo de cuidados centrado en la persona y orientado a la comunidad, así como el impulso de la innovación social y tecnológica en este ámbito. También participará en el diseño, seguimiento y evaluación de los planes operativos vinculados a la Estrategia Estatal.
Estructura de la Comisión
En cuanto a su composición, la Comisión se estructura en Presidencia, dos Vicepresidencias, Vocalías y Secretaría. La Presidencia corresponde a la persona titular de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales; la Vicepresidencia primera, a la persona que presida el Comité de Cuidados en Salud del Ministerio de Sanidad; y la Vicepresidencia segunda, a la persona titular de la Dirección General del IMSERSO. Las vocalías recaen en representantes de distintos ministerios con competencias relacionadas con la materia.
Asimismo, la norma prevé la posibilidad de crear grupos de trabajo por razón de la materia y establece que deberá respetarse el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres. También podrán participar personas expertas o representantes de otras administraciones, con voz, pero sin voto, cuando así se considere oportuno.
Por último, el real decreto dispone que la Comisión deberá constituirse en el plazo máximo de dos meses desde su entrada en vigor y subraya que su creación y funcionamiento no supondrán incremento del gasto público, al atenderse con los medios personales, técnicos y presupuestarios ya existentes. La norma entra en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE (20/03/2026).
La respuesta del sector
CEAPs reclama escuchar al sector para acertar en el diagnóstico y en las soluciones
El Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPs) valora positivamente la creación de la Comisión Interministerial como un paso relevante para abordar el reto demográfico y reforzar el sistema de atención a la dependencia. No obstante, advierte de que su eficacia dependerá de que las decisiones se construyan escuchando a quienes conocen la realidad del sistema en el día a día.
Además, subraya que las entidades prestadoras de servicios -residencias, centros de día y ayuda a domicilio- son colaboradores “necesarios e imprescindibles” del modelo de cuidados, por lo que considera fundamental que su experiencia sea tenida en cuenta antes de definir cualquier línea de actuación, del mismo modo que deberían contar con las asociaciones de personas mayores.
“Sería un error repetir dinámicas en las que se adoptan decisiones sin contar con la experiencia de quienes están en contacto directo con las personas mayores y conocen de primera mano las fortalezas y carencias del sistema”, señala Rafael Sánchez-Ostiz, presidente de CEAPs, para quien “los cuidados no se construyen solo desde el ámbito normativo. Se construyen en los centros, en los domicilios y en el contacto directo con las personas. Si esa experiencia no está en la mesa, y se deja a los protagonistas fuera, el diagnóstico será incompleto”.
CEAPs advierte de que uno de los principales riesgos en este tipo de iniciativas es avanzar en marcos normativos sin contar con el conocimiento técnico y operativo del sector, lo que puede derivar, según subraya Sánchez-Ostiz, “en medidas difíciles de aplicar o desconectadas de la realidad asistencial”.
FED urge a actuar sobre el déficit de profesionales
Por su parte, la Federación Empresarial de la Dependencia (FED) celebra la creación por parte del Gobierno de una Comisión Interministerial, y subraya la necesidad de que esta iniciativa se traduzca en medidas concretas para abordar el principal problema del sistema: el déficit estructural de profesionales. Así, recuerda que el sector arrastra actualmente una falta estimada de 160.000 trabajadores, una cifra que, según datos del Imserso, podría incrementarse hasta situarse entre 261.000 y 639.000 nuevos profesionales necesarios en 2030.
“Estamos ante el principal cuello de botella del sistema. Sin profesionales, no hay cuidados. Podemos diseñar el mejor modelo, pero si no somos capaces de incorporar y retener talento, el sistema no podrá dar respuesta a la demanda”, señala Ignacio Fernández-Cid, presidente de FED.
La patronal advierte de que este déficit ya está teniendo consecuencias reales en la prestación de servicios, especialmente en ámbitos como la ayuda a domicilio, donde en algunos territorios existen prestaciones reconocidas que no pueden ejecutarse por falta de personal disponible.
En este contexto, FED considera que la Comisión Interministerial supone un paso en la buena dirección, en la medida en que reconoce la necesidad de abordar este reto desde una perspectiva global y coordinada.
“Esta iniciativa va en la línea de lo que venimos demandando desde hace tiempo. El déficit de profesionales no se resuelve desde un único ámbito: requiere la implicación coordinada de empleo, formación, educación, migraciones y política social”, explica el presidente de la Federación.
Para FED, una de las prioridades debe ser poner en marcha una estrategia nacional de captación de profesionales que permita cubrir tanto las necesidades actuales como las futuras. En este sentido, la patronal insiste en la necesidad de facilitar la incorporación de trabajadores, incluyendo la captación de talento internacional.
CEOMA pide incluir a las asociaciones de mayores
Por su parte, la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) ha celebrado la aprobación de la Comisión Interministerial, “un paso necesario para avanzar hacia un modelo de cuidados más justo, sostenible y centrado en las personas”. No obstante, la entidad ha lamentado la “ausencia directa de las organizaciones de mayores tanto en el pleno de la Comisión como en los grupos de trabajo”.
En este sentido, el presidente de CEOMA, José Luis Fernández Santillana, ha explicado que, aunque comparten “plenamente la necesidad de impulsar políticas públicas que respondan a los retos demográficos y sociales derivados del envejecimiento de la población”, es imprescindible que las entidades que representan a quienes son y serán los principales destinatarios de estas políticas formen parte activa de los espacios de decisión, más allá de la mera posibilidad de ser invitadas de forma puntual”.
Fernández Santillana ha insistido en que las organizaciones de mayores aportan “conocimiento técnico, experiencia basada en la realidad cotidiana y una visión imprescindible para garantizar que el futuro sistema de cuidados sea verdaderamente centrado en la persona, respetuoso con sus derechos y ajustado a sus necesidades”. El presidente de CEOMA ha querido dejar claro que “la participación estable, estructurada y permanente de la sociedad civil, y muy especialmente de las entidades de mayores, fortalece la legitimidad de cualquier proceso de reforma y contribuye a evitar que las políticas públicas se diseñen sin tener en cuenta la voz de quienes más dependen de ellas”.
Por este motivo, CEOMA solicita al Gobierno que “revise el enfoque de participación previsto” y que “incorpore de manera formal y estable a las organizaciones de personas mayores en la Comisión Interministerial de Cuidados y en sus mecanismos de trabajo”.
