Mónica Martínez Bravo
Consejera de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat de Cataluña
Tras un año del comienzo de su legislatura, hablamos con Mónica Martínez, consejera de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat de Cataluña, sobre el balance que hace de la atención a la dependencia en esta comunidad y los cambios que están llevando a cabo para fortalecer un sistema que reconocen está debilitado.
Un balance positivo con varios desafíos
¿Qué balance hace de la atención a la dependencia en Cataluña?
El balance de estos 11 meses que llevamos en el gobierno es positivo. Al llegar, observamos que la atención a la dependencia era una de las cuestiones que requería un cambio sustancial, sobre todo en lo que respecta a los tiempos de tramitación de las valoraciones de discapacidad y dependencia.
Hemos puesto en marcha toda una estrategia de mejoras en la gestión, en concreto, en los dispositivos digitales. Había carencias tecnológicas importantes y era necesario avanzar en este sentido para conseguir una reducción de la lista de espera y de los tiempos de valoración. Estamos en pleno despliegue de este plan de choque, pero el sistema está bastante debilitado y tardaremos en ver los frutos. No obstante, somos optimistas en que se va evolucionando en el curso necesario.
En este casi un año que lleváis, ¿cuáles considera que son los logros más destacados de su departamento en esta materia?
En primer lugar, hemos puesto en marcha un visor digital en el Departamento de Salud y el Departamento de Derechos Sociales para poder consultar el informe clínico de una persona de manera virtual.
Ya no será necesario que la persona aporte documentación médica en papel porque los valoradores podrán acceder directamente a su historial clínico. Así se agiliza el trámite burocrático. En esta línea, también hemos establecido un sistema digital que permite presentar la solicitud para la tramitación de la evaluación de la dependencia y la discapacidad. Además, hemos reforzado los equipos de valoración con hasta 14 terapeutas ocupacionales y valoradores técnicos.
En Cataluña, el limbo de la dependencia alcanza el 14,5 %, según el Informe del Observatorio Estatal para la Dependencia.
¿Tienen datos de cómo estas medidas que han implantado están funcionando?
Todavía es pronto para poder medir y dar datos objetivos de cómo estas medidas que hemos implantado están influyendo en la reducción de la lista de espera y de los tiempos de tramitación. Además, en esta cuestión hay una complejidad para poder monitorizar tiempos porque lo que normalmente se mide es cuánto han tardado en resolverse los expedientes, es decir, cuánto llevan en el sistema los expedientes que se resuelven este mes. Entonces, cuando se hacen mejoras, se tarda más en ver los frutos, ya que hay un stock de valoraciones pendientes que, aunque las agilices mucho, la vida de ese expediente está. Por todo ello, creemos que es pronto para tener datos, pero creo que, en los próximos meses, será posible tener cifras más concluyentes.
“El sistema está bastante debilitado y tardaremos en ver los frutos. No obstante, somos optimistas en que vamos evolucionando en el curso necesario”
¿Qué desafíos están requiriendo más esfuerzo?
En el ámbito de la dependencia, nos hemos centrado en la reducción de los tiempos de tramitación porque es uno de los objetivos de la reforma para mejorar la agilidad en la administración y una de las cuestiones que los ciudadanos más nos reclaman. Por tanto, es una de las cuestiones que creíamos que eran más urgentes de abordar en el ámbito de la dependencia, pero lógicamente hay muchas otras que nos preocupan.
Otro tema que hemos afrontado de manera urgente es la lista de espera para entrar en un centro residencial o en residencias de personas mayores. El Gobierno adoptó el compromiso con los socios parlamentarios de crear 6.000 nuevas plazas de residencias en esta legislatura.
Todavía teníamos tiempo para cumplir este objetivo, pero hemos considerado que es una gran necesidad y hemos generado nuevas plazas con financiación pública desde el primer día. En 10 meses ya hemos conseguido crear 2.000 plazas adicionales en el sistema de financiación pública, es decir, un tercio del objetivo de toda la legislatura. Esta es nuestra hoja de ruta y una señal de nuestro compromiso con el refuerzo de la atención a la dependencia.
Además de generar las plazas residenciales necesarias, otra asignatura pendiente es dar más apoyos a las personas para promover la autonomía, ya sea para permanecer en sus casas con apoyos intensos durante el mayor tiempo posible o en otro tipo de soluciones residenciales que favorezcan este aspecto. Esto lo enmarcamos en un nuevo modelo de cuidados que estamos intentando estructurar y en el que tenemos que hacer avances importantes en los próximos meses.
Hablaba de “otras soluciones residenciales”, ¿a qué se refiere?
Hay ayuntamientos que están innovando en este aspecto con pisos tutelados o pisos con apoyos. Se trata de soluciones habitacionales donde las personas viven de manera independiente, pero disponen de un conjunto de servicios asociados a la vivienda que pueden facilitar su autonomía, ya sea con servicios de vigilancia, de cuidados, de ayuda con las labores domésticas, comida, etc. Estos nuevos modelos de vivienda fomentan la autonomía y, a su vez, contribuyen a que las personas mayores vivan en un entorno con más apoyos.
¿Qué papel juegan los servicios de proximidad en Cataluña?
Nuestro Gobierno tiene una vocación municipalista. Estamos en continuo contacto con las entidades locales sobre cómo impulsar todos los servicios de proximidad. Tenemos unas herramientas de financiación de los servicios sociales mediante contratos programa, que son unos convenios a través de los cuales financiamos ciertos servicios, y tienen reivindicaciones de hace mucho, por ejemplo, a cuánto pagamos la hora del Servicio de Atención Domiciliaria (SAD).
Para todo ello estamos intentando aumentar la financiación a las entidades locales. Es verdad que, con un escenario de presupuestos prorrogados, es complicado, pero el Gobierno está totalmente comprometido en mejorar la financiación de los ayuntamientos.
En su opinión, ¿cómo debería ser el sistema de cuidados de larga duración? ¿Qué es necesario para conseguirlo?
El sistema de cuidados de larga duración debería estar centrado en la persona. Debería proporcionarles un plan a medida que dé sentido a sus vidas, en el que participemos los Departamentos de Derechos Sociales y Salud. Creo que deberíamos ir de la mano porque somos dos piezas clave de la atención a las personas en situación de dependencia. Asimismo, se debe promocionar su autonomía lo máximo posible. Hay estudios que documentan que las personas mayores que mantienen su autonomía y pueden tomar decisiones tienen importantes beneficios para su salud. Y, cuando ya llegan a una situación de dependencia más elevada, es clave que tengan acceso a una residencia de la máxima calidad, que también vele por su autonomía y donde estén bien atendidas.
Hace unos meses aprobaron la ley de la atención integrada social y sanitaria, ¿cómo está funcionando? ¿Cuáles son las principales mejoras que han podido observar?
Es una ley que todavía está en el Parlamento pendiente del trámite de su aprobación, que esperemos que llegue en las próximas semanas. Pero los equipos de salud y de derechos sociales llevan ya unos meses trabajando estrechamente para avanzar, incluso antes de tener esta agencia integrada.
Esta iniciativa se ha puesto en marcha en base a experiencias piloto en diferentes partes del territorio, y permite que las personas con dependencia y discapacidad tengan un plan de trabajo y de apoyos conjunto entre servicios sociales y salud.
Está dando muy buenos resultados en la atención y la satisfacción de estas personas, porque tienen un único plan de trabajo y de cuidados y no tienen que recorrer diferentes ventanillas para solicitar los servicios a los que tienen derecho.
También ha habido otras iniciativas muy destacadas, por ejemplo, que el sector salud ya hace atención sanitaria en todas las residencias de Cataluña. Ha habido un despliegue que hemos completado este mismo año. Esto implica unas sinergias muy positivas entre los dos departamentos, y revierte en la mejora de la calidad asistencial a estas personas.
En esta misma línea, está el visor que nos permite cruzar y hacer más accesible las bases de datos y el acceso al historial clínico y social entre salud y el ámbito social que hemos comentado anteriormente. Sobre esto tenemos datos muy positivos del grado de uso de esta herramienta que se hace desde los dos sectores. Esta herramienta está siendo muy consultada por los profesionales de servicios sociales y de salud.
¿Cree que este es un impulso hacia la coordinación sociosanitaria a la que aspiramos, pero que no terminamos de establecer?
Sin duda. Yo creo que el envejecimiento es un reto mayúsculo. Y el cómo lo abordemos va a definir nuestra generación. No podemos dejar sobre la mesa o desaprovechado ningún recurso, y el explotar todas las sinergias entre el sector salud y el sector social es fundamental. Así lo estamos haciendo en Cataluña con esta agencia integrada social y sanitaria. Y también impulsando conjuntamente diferentes iniciativas desde los dos departamentos.
Su departamento ha firmado recientemente con las principales patronales del sector de la dependencia y los sindicatos mayoritarios la segunda adenda de 2025 en el acuerdo sectorial de bases para la construcción de un sistema de servicios sociales propio de Cataluña. El acuerdo incluye un incremento del 5% de las tarifas públicas para residencias y centros de día para el año 2025, con efectos retroactivos al 1 de enero.
¿Considera que es suficiente para afrontar los retos más inmediatos?
Creemos que subir las tarifas este 5% es un paso valiente, además de muy reclamado por el sector y fundamental para avanzar hacia la equiparación salarial. En el ámbito social, los salarios son hasta el 30% más bajos que en el sector salud. Esta situación complica la contratación profesional y contar con buenos profesionales.
Es un aumento de tarifas valiente porque, a diferencia de años anteriores, la inflación está bastante baja. Por tanto, hemos empezado en unos años en los que subimos la tarifa sustancialmente, por encima de la inflación reciente, con el fin de que se recupere el poder adquisitivo de los trabajadores, y también que las entidades que están dando estos servicios puedan hacer frente a los incrementos recientes del coste de sus servicios. Creemos que es un paso importante y que va a revertir en la mejora de las condiciones, en la mejora de los profesionales y, al final, en la mejora de la atención a las personas que necesitan este tipo de servicios.
En esta línea, ¿tienen objetivos en mente a largo plazo?
Entonces, creo que el objetivo sería avanzar lo más rápido posible hacia esa equiparación salarial y centrar o situar futuros incrementos de tarifas prácticamente en su totalidad para que reviertan en unos salarios dignos.
En más de una ocasión ha expresado su preocupación por la falta de personal en estos servicios y las condiciones laborales de los profesionales de atención a la dependencia.
¿Qué estrategias están emprendiendo para abordar esta situación?
La subida de las condiciones salariales es una condición indispensable para tener más y mejores profesionales. Seguramente no es suficiente, pero es necesaria. Y digo que no es suficiente porque también tenemos que seguir avanzando en dignificar la labor de los profesionales sociales, proporcionarles la formación adecuada y que tengan toda una trayectoria profesional que construir.
“En 10 meses hemos conseguido crear 2.000 plazas de residencias adicionales en el sistema de financiación pública, un tercio del objetivo de toda la legislatura”
Debemos evitar que el sector social sea un lugar de paso para otras profesiones. Por lo tanto, seguiremos abordando y avanzando en estas cuestiones, pero sin unos salarios que retribuyan la gran labor que hacen estos profesionales no es posible tener a los trabajadores que necesitamos en este sector.
¿Cuáles son los retos a los que nos enfrentamos derivados del envejecimiento y de la situación de dependencia?
El primer reto es ponerle luz al envejecimiento y que se aborde desde el rigor, desde los datos y desde la planificación estratégica a medio plazo. Así como de la sostenibilidad del sistema de pensiones se ha hablado muy extensamente, la sostenibilidad del modelo de cuidados tiene mucha menos atención.
Y es un tema central porque, además del reto del envejecimiento, hay otros retos adicionales que son el cambio en las estructuras familiares. Los países del sur de Europa se han apoyado muchísimo en los cuidados en el ámbito familiar, y lo que tenemos ahora son familias cada vez más pequeñas. Por lo tanto, nos adentramos a abordar el reto de envejecimiento con unas estructuras de protección, desde el estado del bienestar, mucho más débiles que en los países nórdicos, donde la atención a las personas mayores lleva tiempo recayendo más en servicios estatales.
Como consecuencia, tenemos que hacer una reflexión profunda sobre los recursos que se necesitan en el ámbito de la dependencia y de la atención a las personas mayores para tener un buen modelo de cuidados.
Por otra parte, también tenemos que ser conscientes de que debemos innovar para poder hacer frente a este reto. Esto no es solo pensar en residencias más amables y de mayor calidad que, por supuesto, sino también en un modelo que fomente la autonomía y que le dé valor a las cuestiones importantes para las personas mayores, como son su autonomía y su capacidad de definir cómo quieren envejecer.
