Ministerio y comunidades comienzan a trabajar en el nuevo acuerdo de acreditación de calidad del Sistema de Dependencia

Ministerio de Derechos Sociales y comunidades autónomas acordaron en la reunión del Consejo Territorial de Dependencia, que se celebró el pasado lunes, comenzar  a trabajar en el nuevo acuerdo de acreditación de calidad del Sistema de Dependencia. Por otra parte, en la reunión se acordó también iniciar el proceso de tramitación del Real Decreto para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad.

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, presidió la reunión telemática del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), en el que se aprobaron las bases para empezar a discutir con las comunidades autónomas el nuevo Acuerdo de Acreditación y Calidad de los centros y servicios del Sistema de Dependencia.

Acompañando a la ministra Belarra, asistieron el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, y el director general del Imserso, Luis Barriga.

Durante el encuentro, la consejera de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid, Concepción Dancausa, defendió la libertad de elección de los usuarios y sus familiares para escoger centro en función de sus necesidades. Actualmente, la Ley de Dependencia solo permite conceder prestaciones económicas vinculadas al servicio cuando no hay plazas disponibles públicas. También propuso que las personas con Grado III de dependencia sean consideradas automáticamente con una discapacidad del 66 %.

Por su parte, la consejera de Empleo y Políticas Sociales de Cantabria, Ana Belén Álvarez, explicó que la propuesta del Ministerio de Derechos Sociales está alineada con la normativa recientemente aprobada por Cantabria, con un modelo de atención centrado en las personas basado en unidades de convivencia de un máximo de 30 personas.

Álvarez desveló  que los responsables del ejecutivo nacional hablaron también de  apostar por la formación de los profesionales, que contará con apoyo económico por parte del Estado. El objetivo: mejorar la prestación de los servicios.

Nuevo baremo de discapacidad

Por otra parte, el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia acordó iniciar el proceso de tramitación del Real Decreto para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad: instrumento de valoración y cuestiones organizativas. Este Real Decreto supondrá la actualización del baremo que se aplica en la actualidad.

La previsión es que el nuevo baremo esté aprobado a final de año y entre en vigor a principios de 2022.

A este respecto, la consejera de Derechos Sociales, Mª Carmen Maeztu, señaló que “el nuevo baremo supone un cambio de enfoque sobre la discapacidad, puesto que pasa de ser una clasificación de las personas a una clasificación de las características de la salud de las personas, considerando su contexto personal y social”.

Se trata de un baremo universal,  independientemente del país o comunidad autónoma en la que residan las personas con discapacidad. Es decir, las personas se valorarán conforme a los mismos criterios. 

De esta manera, España adapta este baremo a la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud, aprobado por la OMS hace 20 años.

En la propuesta de la OMS se contempla la discapacidad de manera global, de forma que se tienen en cuenta también las limitaciones en la actividad y las restricciones en la participación de las personas.