El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 anuncia un cambio estructural con medidas que buscan dignificar el trabajo de las profesionales del sector y garantizar la sostenibilidad del sistema ante el reto demográfico. El Ministerio celebró un acto centrado en visibilizar y reivindicar el papel de las trabajadoras del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Durante el encuentro, el ministro Pablo Bustinduy presentó las claves de la reforma legal recientemente aprobada por el Consejo de Ministros, que pone el foco en mejorar las condiciones laborales de las cuidadoras en un sector feminizado, precarizado y esencial para el bienestar social.
“El futuro de la Dependencia pasa por mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras del sector”, afirmó Bustinduy, quien insistió en que esta transformación debe ser profunda, estructural y sostenida en el tiempo. “El mayor desafío que este país tiene a futuro es desarrollar un sistema de protección social capaz de garantizar el derecho al cuidado con un sistema público universal, digno y de calidad”, añadió.
La nueva legislación, que reforma las leyes de Dependencia y Discapacidad, introduce avances importantes: desde la creación de indicadores para evaluar la calidad del empleo —con datos desagregados por edad, origen y sexo— hasta la obligación de realizar seguimientos periódicos por parte del Gobierno y las comunidades autónomas. Estas medidas buscan profesionalizar el sector, garantizar empleos estables y mejorar la atención a las personas dependientes.
Asimismo, la reforma contempla la creación de bancos de productos de apoyo, como grúas o camas articuladas, con el fin de reducir los riesgos físicos que enfrentan diariamente las trabajadoras. Esta iniciativa no solo mejora la atención a los usuarios, sino que también protege la salud y seguridad de las empleadas.
Un invisibilizado y con alta rotación
Según el estudio que la Secretaría de Estado de Derechos Sociales está elaborando junto a las consultoras Afi y 40dB, y del que se adelantaron datos durante la jornada, el empleo en el ámbito de los cuidados de larga duración está marcado por la temporalidad, los salarios bajos —hasta un 38% inferiores a la media nacional— y la escasa perspectiva de crecimiento profesional. Esta precariedad genera una elevada rotación: la permanencia media de una trabajadora en el sector apenas alcanza un año.
Además, el 85% del personal son mujeres, muchas mayores de 45 años y un 25% migrantes. Esta realidad, sumada al estrés físico y emocional derivado de sus funciones, se traduce en un alto índice de bajas laborales y enfermedades musculares crónicas. En 2023, los accidentes laborales en residencias superaron en un 75% la media nacional, y en los servicios sociales sin alojamiento, la tasa de siniestralidad in itinere fue más del doble de la media.
Un desafío compartido
Durante el acto, la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, subrayó que la sostenibilidad del sistema de cuidados “apela a la responsabilidad compartida de todas las administraciones, agentes sociales y operadores del sistema”. En esa línea, se celebró un taller de trabajo con representantes autonómicos para avanzar en un modelo de empleo más digno, estable y reconocido.
El paquete de medidas presentado se enmarca en la Estrategia estatal para un nuevo modelo de cuidados en la comunidad, cuyo objetivo es no solo dignificar el empleo, sino también atraer y retener talento en un contexto de envejecimiento poblacional. Se estima que en 2030 habrá 1,2 millones más de personas mayores de 65 años, lo que exigirá incorporar al menos 260.000 nuevas profesionales al sector.
Con esta reforma, el Gobierno español da un paso decisivo hacia un sistema de cuidados más humano, justo y sostenible, donde el bienestar de las personas dependientes no esté reñido con la dignidad laboral de quienes las cuidan.
