Me hace mucha ilusión escribir para Balance Sociosanitario este año que celebra su 15 aniversario. Algunos llevamos los suficientes años en el sector para recordar su nacimiento, lo cual es buena noticia tanto para el medio, como para los que seguimos aquí, haciéndonos mayores; piensen que envejecer no es tan malo, si consideramos la alternativa, que decía Maurice Chevalier.
He aprovechado, en un ejercicio de nostalgia, para repasar mis artículos en Balance, y he descubierto dos cosas: la primera es que lo de enviar fotos es algo terrible porque ves tu evolución, y 15 años son muchos para evaluar. La segunda es una sensación de déjà vu con los temas tratados.
He encontrado un artículo de 2021, en el que precisamente hablo del mismo tema del que quiero hablar hoy: la evolución normativa. Y me ha hecho cambiar el enfoque entero del artículo.
Iba a hablar de que ya somos un sector maduro, implantado y evolucionado como para saber qué tipo de servicio prestamos, cuánto nos cuesta, qué estándares necesitamos y cómo reclamarlos. Iba a hablar de esta locura normativa nacional que hace que haya más de 25 normas regularizadoras activas en la atención a mayores, lo que provoca que, dependiendo de la suerte del lugar en el que vivas, tengas la suerte de contar con más ratio de atención, más presupuesto para comida o desplazamiento, más intervención terapéutica o más inspecciones que validen esto por parte de la Administración. Eso o todo lo contrario.
La semana pasada tuve la suerte de impartir de nuevo unos seminarios sobre organización de centros. Y, hablando de ratios, pregunté cuál funcionaba en sus centros. “Depende”, fue la respuesta. Según el acuerdo al que estaban suscritos, había hasta tres tipos de ratios diferentes, con sus tres precios, claro, y sus tres exigencias de personal correspondientes. Esto dentro del mismo municipio, ¡ojo! Es más, había un director que tenía dos acuerdos diferentes en el mismo centro, y al que me dieron ganas de abrazar.
“No puede ser que se propongan normativas sin un ejercicio real de análisis de costes”
Llevamos años con esta cantinela. Ahora parece que iniciativas como el Acuerdo Marco de la Comunidad de Madrid quieren que las diferentes realidades converjan en un escenario único, que permita unificar criterios y cuidados. Y esto es muy importante, ¿por qué? Pues porque va a permitir estandarizar el servicio, entender sus costes y, confío, establecer un precio plaza acorde con el servicio que queremos prestar.
Dentro del ejercicio de nostalgia que está conllevando este artículo, recordé que empecé a impartir cursos con esta misma matemática hace 22 años. Fue en Barcelona, compartiendo “escenario” con Aitor y Josep, ambos también padres fundadores de este sector. Rememoro perfectamente una conversación en la que, en una pausa para el café, se dijo “va a ser muy difícil salir adelante para quien no tenga claro lo que cuesta en realidad el servicio”. Me acuerdo porque, algo que parece muy obvio en el resto de los sectores, en el nuestro no resulta tan claro, y todo se suple con cariño y vocación, o eso parece por parte de algunos legisladores.
No más normativas sin análisis de costes
Está muy bien innovar y buscar mejores realidades para “nuestros mayores” (por favor, como ejercicio de profesionalidad se lo pido: DEJEMOS DE DECIR LOS ABUELITOS. De esto hablamos otro día si quieren). Está muy bien que se legisle en base a un modelo centrado en la persona; pero es que solo faltaba, ¿no creen? Y está muy bien que, bajo ese mantra, evolucione el modelo a mejores estándares de atención.
Pero, y aquí se acaba la poesía, sin calcular sus costes e impacto en la gestión, no tiene sentido. Es decir, la transformación de las residencias en centros de unidades de convivencia, aumentando la ratio de prestación de servicio directo y exclusivo por unidad, con profesional de referencia e inversión en domótica de prevención y seguridad, es fantástico, pero fantástico de verdad. Lo que no puede ser es que se proponga sin un ejercicio real de análisis de costes. Eso son ganas de agitar un avispero que ya empieza a agotarse de recibir golpes.
Sería más que honesto decir “este es el modelo de atención que queremos”, preguntar a agentes del sector, hacer números y reconocer que, como este servicio costaría alrededor de 100 euros por plaza, y solo podemos/queremos pagar 70 euros, entendemos que no puede prestarse y vamos a ver a qué renunciamos.
Entender que se puede conseguir con el precio que se paga es un ejercicio bastante complicado y que, por alguna razón, seguramente el cariño, la vocación y los abuelitos, todo junto, aquí no se aplica.
Relación precio-servicio
Les propongo un ejercicio: vayan a un Burger King y, si consiguen pedir a través de una persona y no de una pantalla, pídanle, por favor, que quieren su hamburguesa al punto. Ni muy hecha, ni muy cruda, al punto, que a usted la carne le gusta así. Ya me contarán la cara que les pone. ¿A qué no se les ocurre? Pues eso se llama relación precio-servicio. Y eso es lo que tenemos que saber y explicar. No pasa nada si me pides muchas cosas, pero tiene este impacto. Es lo que hacemos todos en nuestra economía diaria, ¿no? Mi hija tiene unos planes maravillosos para las vacaciones, pero hay que explicarle que no, que el plan es bueno, pero no asumible.
Y eso es lo que creo que nos pasa como sector. No hemos sido capaces de hacer una pedagogía clara de lo que conlleva cada adaptación normativa. O, si hemos sido capaces, ni hemos convencido ni nos hemos impuesto. Nos hemos quejado, sí, pero luego hemos seguido jugando, en esa espiral perniciosa que construyen dos que se necesitan y saben que dependen el uno del otro. La Administración no podría prescindir de nuestros servicios, imaginen lo que supondría, ni muchos de los prestadores pueden vivir fuera del paraguas de la concertación.
“Nuestra responsabilidad como sector no es solo atender la realidad que tenemos, sino pensar qué tipo de atención vamos a prestar a generaciones futuras.”
Entiendo el interés de los legisladores por hacer leyes bonitas y de impacto, y de hablar del futuro de nuestros mayores como si estuvieran descubriendo el paraíso. Pero esto es mucho más sencillo. Hoy me he dado cuenta de que llevo más años en este sector que los años que me faltan para jubilarme. Lo que quiere decir que estoy más cerca de ser ese mayor objeto de atención sociosanitaria que ese muchacho innovador que empezó. Los cambios y normas que se comiencen a poner en marcha ahora es más que posible que me toquen como usuario.
Responsabilidades del sector sociosanitario
Nuestra responsabilidad como sector ya no es solo atender la realidad que tenemos, sino pensar qué tipo de atención vamos a prestar a generaciones futuras, a nosotros en un rato, vamos. Esa responsabilidad también aplica a decirle a las administraciones y legisladores: “Oigan, que esto que han escrito es precioso, emocionante incluso, pero que no hay forma de soportarlo en el medio plazo de forma estándar”. Y es responsabilidad de la administración y de los legisladores de paso, que tan poco están ayudando, escuchar y entender este mensaje. Me consta que el técnico lo hace y ayuda; me da más miedo el cargo político temporal, que le hace más ilusión que una ley tenga su nombre que lo que se recoge en ella. Esa gente que escribe las leyes acompañadas de un filósofo, un abogado y el otro perfil que quienes han venido a alguno de mis cursos ya conocen.
Les invito a echar un vistazo a los artículos publicados en este medio en los últimos años. Si uno de los objetivos de un medio es servir de reflejo y memoria de un tiempo o un sector, Balance lo ha conseguido. Y verán que se repite mucho la queja, el «así no se puede», y demás. Pero luego siempre hemos podido. Siempre hemos salido adelante, aunque no todos. Hay quienes se han quedado por el camino, y habría que ver por qué.
Normativas constructivas
Estoy absolutamente a favor de una normativa clara en el sector, que permita inspecciones objetivas y constructivas, porque sé que la inmensa mayoría de profesionales del sector lo hacen bien y se esfuerzan por hacerlo más que bien. Incluso cuando la aplicación de la norma entorpece el servicio más que ayudarlo. También porque, si la norma sirve para identificar perfiles que no lo hacen bien, se aproveche para sancionar, cerrar o lo que sea conveniente.
Ya está bien que la noticia siempre sea la excepción que nos mancha a todos. Y estaría mejor que esa normativa también sirviera para que alguien nos echara un capote cuando vienen mal dadas, y no nos dejen a los pies de los caballos a todos cuando pasa algo puntual. Estaría bien que alguien con cargo saliera diciendo “Miren, sí, en este caso ha habido una mala praxis, y vamos a intervenir, pero fíjense que en las tropecientas mil inspecciones que hemos hecho, hemos visto que funcionan bien”. Una normativa que sea capaz de explicar por qué en pandemia tuvimos que dejarnos la vida, literalmente, para sacar adelante la de nuestros usuarios y residentes, y a los dos días nos hemos convertido en escoria, sin que nadie nos eche un capote.
Esa es la normativa que, creo, debemos reclamar: una que unifique criterios de atención; que ponga el foco en lo que es asumible; que marque líneas rojas de intervención, sí, pero también verdes de excelencia. Que no solo sancione, sino que también reconozca. Que nos haga mejores, pero no por nosotros, sino por el impacto social de nuestro servicio. Y, no lo olvidemos, una normativa que garantice el servicio que cada persona necesita por la cuenta que nos trae, que cada vez está más cerca.
“Estoy absolutamente a favor de una normativa clara en el sector, que permita inspecciones objetivas y constructivas»
Así que, como cierre, enhorabuena por seguir comprometidos con el sector. Bienvenidos a los que llegan con ganas de aportar aire fresco y cambios, tanto como gestores como a la Administración; siempre viene bien ventilar. Y, si me permiten pedir un deseo a este señor mayor que les escribe, trabajemos juntos para construir un sistema normativo coherente, práctico, efectivo y asumible. Y rentable, claro, que a veces parece que nos dé vergüenza decir que, en el sector social, también hay que ser rentable. Como si fuera pecado.
Quejarse sí, pero arrimar el hombro y aportar soluciones responsables, también.
Y esto es responsabilidad de todos, ¿se apuntan?
