Hablo este mes de un tema que está de moda. Una vez más. En realidad, siempre lo está, sobre todo en periodos electorales. Disfrutar de una pensión pública de jubilación durante el último periodo de la vida, que intente compensar el trabajo ofrecido a la sociedad a lo largo de los 30, 40 o 50 años de actividad laboral, no solamente es una aspiración justa y razonable, sino que se interpreta normalmente como una exigencia irrenunciable, un derecho que debe ser atendido y aplicado a todo el conjunto de la población que ya hemos rebasado la edad jubilar.
Sin embargo, recibir una pensión en nuestro país, y en Europa en general, apenas lleva en vigor poco más de un siglo, y siempre ha sido objeto de discusión por los motivos más variados. Unos motivos que van desde su cuantía en cada caso concreto hasta cuál debe ser su procedencia a la hora de hacerlo efectivo. Antes de continuar querría hacer una especie de declaración de principios. Un recordatorio bastante obvio, cabría decir.
El dinero que recibe un jubilado por ese concepto revierte en gran medida, a corto, medio y largo plazo, al arca común de la sociedad. Lo hace, evidentemente, a través del consumo y sus correspondientes impuestos de todo tipo por parte del pensionista y de su familia. Pero lo hace, sobre todo, por los apoyos que recibe esta misma familia y la sociedad en su conjunto cuando aparecen crisis de cualquier tipo, de salud, económicas, etc., y entramos en eso que se conoce como «épocas de vacas flacas». Muy reciente tenemos el recordatorio de lo que supuso la Covid-19 a este respecto y el beneficio social que representaron los abuelos en cuestiones fundamentales como el cuidado de los nietos o las ayudas económicas, directas o indirectas, a esa misma familia. No son los únicos ejemplos a los que se puede recurrir.
Una discusión eterna es la referida a la cuantía de la pensión. Este punto y su consecuencia inmediata, el cómo establecer los criterios para su revalorización anual, han sido y son objeto permanente de discusión. En los últimos años su actualización se establece en paralelo con el incremento anual del coste de la vida. No siempre ha sido así. Ha habido momentos no muy lejanos en los que la administración de turno ha regateado esta subida hasta hacerla prácticamente inexistente.
Los argumentos para ello pueden ser calificados de falaces y se basan, esencialmente, en supuestos agravios comparativos con otras necesidades, sociales o no, que, a juicio de quienes los defienden, podrían aliviar otros apartados presupuestarios. Por esa vía, algún gobierno relativamente próximo en el tiempo estuvo a punto de vaciar al completo la llamada caja de las pensiones. Fueron necesarias protestas mantenidas del colectivo, e incluso un cambio de gobierno para superar esta situación.
La administración es quien ha recogido nuestro dinero a través de los impuestos derivados de nuestro trabajo y a ella corresponde tanto el abono como todo lo referido a la gestión
El otro gran tema de discusión se sitúa en la procedencia del dinero destinado a pagar las pensiones. ¿De dónde viene? ¿Del sistema público? ¿De un fondo establecido a partir de determinadas cuotas abonadas por el trabajador a compañías privadas de seguro durante toda su vida laboral? ¿O de un sistema mixto derivado de los dos anteriores? A mi juicio, la respuesta está clara. La administración es quien ha recogido nuestro dinero a través de los impuestos derivados de nuestro trabajo y a ella corresponde tanto el abono como todo lo referido a la gestión en este campo. No hacen falta intermediarios que se lucren de algo que debe ser una relación directa entre el trabajador y la propia agencia tributaria.
Ahora nos toca votar y el tema está otra vez muy vivo en las manifestaciones de unos y otros. A mi juicio, este punto puede ser muy determinante a la hora de decidirnos por cualquier opción. Todos dicen cosas parecidas, al menos en público, en un intento por agradar al votante. Sería bueno que todos recordásemos la historia y, desde luego, que intentemos leer e interpretar eso que llaman la letra pequeña para evitar lamentos y protestas a toro pasado. Nos jugamos mucho y en España hay un refrán que nos dice que «con el dinero no se juega».
