AESTE (Asociación Estatal de Servicios Residenciales de la Tercera Edad), Asade (Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio), CEAPs (Círculo Empresarial de Atención a las Personas), FED (Federación Empresarial de la Dependencia), y el Grupo Social Lares, asociaciones patronales del sector de atención a la dependencia, han expresado su profunda preocupación ante la que parece inminente aprobación de una nueva normativa en materia de jornada laboral. “La reducción, de ser aprobada en los términos planteados públicamente, traería consigo una serie de impactos muy negativos en un sector esencial que ya se enfrenta a una financiación insuficiente y a grandes retos en la gestión de sus profesionales, en cuanto número y cualificación adecuada se refiere”, apuntan.
- En primer lugar, subrayamos el grave problema que representa la escasez de profesionales cualificados en nuestro sector. La disminución de la jornada laboral, sin un plan de contingencia adecuado, acentuará aún más esta delicada situación. Actualmente, las entidades de la dependencia ya afrontan dificultades para encontrar y retener profesionales cualificados. La reducción de la jornada laboral, aunque pueda ser bien intencionada, no cuenta con apoyo suficiente ni está considerando los graves problemas del sector, profundizando la crisis de capital humano en el sector y poniendo en riesgo la continuidad de los servicios a personas en situación de dependencia.
- Destacamos que la implementación de esta normativa implicará un inevitable incremento de los costes de los servicios. El sector, caracterizado por su intensa demanda de personas, se verá obligado a aumentar sus plantillas para mantener la atención con las nuevas exigencias de reducción de jornada. Lo que supondrá una carga económica adicional inasumible para nuestras entidades.
- En ese sentido, es fundamental recordar que nuestro sector opera de manera muy significativa bajo un modelo de gestión indirecta en el ámbito público. Esto, unido a la ley de desindexación, que impide la revisión de los precios de los contratos durante la vigencia de estos, nos sitúa en una posición particularmente vulnerable, que ahoga presupuestariamente los servicios públicos de gestión indirecta impidiendo la adecuación del precio del servicio a esta nueva realidad normativa. La combinación de estas normativas generará una presión insostenible sobre las entidades del sector, dificultando aún más su capacidad para preservar la calidad de los servicios y garantizar su sostenibilidad.
- Por último, destacamos que la jornada es una materia central de la negociación colectiva, por lo que entendemos que esta decisión invade competencias del ámbito de la negociación.
Soluciones por la sostenibilidad del sector
En conclusión, las patronales del sector quieren “instar a las autoridades competentes a reconsiderar la implementación unilateral de esta normativa y a dialogar con todos los agentes sociales y patronales para encontrar soluciones que no comprometan la sostenibilidad de los servicios de atención a la dependencia”.
“Consideramos fundamental que cualquier modificación normativa venga acompañada de un período razonable de transición y de la flexibilidad suficiente en la gestión de los tiempos de trabajo para poder responder adecuadamente a las singularidades de nuestro sector. Es imprescindible que se tengan en cuenta las necesidades específicas de nuestro sector para evitar consecuencias adversas que afecten tanto a las personas atendidas como a las entidades prestadoras de cuidados”, sentencia el comunicado.