La crisis sanitaria derivada de la pandemia ha implicado la necesidad de tomar medidas a favor de la resiliencia frente a la COVID-19, como reducir el número de plazas máximas en los nuevos centros residenciales de mayores o la necesidad de contar con estructuras modulares que permitan aislar por subgrupos a las personas residentes.
El decreto aprobado por el Pleno modifica el decreto 59/2019 de ordenación del sistema público valenciano de servicios sociales, junto a los decretos 181/2017 de acción concertada, el 38/2020 de atención primaria de servicios sociales y el 34/2021 que regula el mapa de servicios sociales, con el objetivo de adaptarlos al desarrollo de la ley de Servicios Sociales Inclusivos.
Así, la modificación del decreto de ordenación del sistema público valenciano de servicios sociales permite la inclusión de aspectos esenciales e inaplazables para impulsar el modelo residencial del Plan Convivint que se proyectó la pasada legislatura.
Junto a la modificación de este decreto, también se han cambiado aspectos del Decreto 181/2017 por el que se desarrolla la acción concertada para la prestación de servicios sociales en el ámbito de la Comunidad Valenciana por entidades de iniciativa social.
Según el nuevo texto se adecúan las plazas o servicios que se ofrecen en la acción concertada al mapa del sistema público valenciano de servicios sociales, y se incrementa el mínimo de plazas a ofertar por los centros al 85 % sobre el total de plazas autorizadas que tienen.
Asimismo, se establece que aquellos centros que ofrezcan la totalidad de las plazas para concertar obtendrán una puntuación adicional, y se reconoce la posibilidad de ampliar plazas concertadas para dar cobertura a situaciones de urgencias en los casos de personas usuarias en situación de especial vulnerabilidad.
El decreto aprobado también modifica el Decreto 38/2020 de coordinación y financiación de la atención primaria de servicios sociales para regular las comisiones mixtas para articular los traspasos de competencias entre administraciones, en cumplimiento de lo establecido por la Ley de Servicios Sociales Inclusivos.
En estos momentos, hay 33 entidades locales con 38 infraestructuras sociales que deben pasar a la Generalitat. De estos recursos, 28 corresponden al sector de personas mayores, 7 al de diversidad funcional, 2 son recursos mixtos y uno es de infancia y adolescencia.
La modificación de este decreto también permitirá la creación de una comisión organizativa técnica con los profesionales de los servicios sociales de atención primaria, con el objetivo de que puedan participar en la adecuación de los servicios sociales municipales a la nueva ley.
Por último, se modifica el decreto 34/2021 que regula y aprueba el Mapa de servicios sociales de la Comunidad Valenciana para ajustar los términos de elaboración de los planes estratégicos de carácter zonal al Plan Estratégico de Servicios Sociales de la Comunidad Valenciana, así como el proceso de zonificación.
Extremadura supera la media nacional en cobertura residencial para mayores, con 5,28 plazas por cada…
La Fundación ADINBERRI ha inaugurado Bibetoki en Lezo, promoviendo el diálogo sobre la longevidad y…
La atención al cliente y la hospitalidad son fundamentales en diversos sectores. La Universidad de…
La Universidad de Málaga presenta la primera escala de prevención de la dependencia, un cuestionario…
El presidente de Castilla y León firmó el "Pacto por las Familias" con 45 entidades…
Investigadores de la Universidad de Málaga desarrollan robots sociales de asistencia autoadaptativos en la residencia…