Lares y Cepes firman un acuerdo de colaboración en materia de dependencia

Federación Lares y Cepes (Confederación Empresarial Española de la Economía Social) han suscrito un convenio de colaboración en el que enmarcan diversas líneas de trabajo en materia de dependencia. Ambas entidades aseguran en este sector la provisión de determinados servicios y/o en determinados ámbitos geográficos que aportan un gran valor añadido a las personas y a su entorno, y quieren llamar la atención sobre su compromiso para atender a todas las personas, independientemente de su situación económica, social y territorial.

Ambas instituciones, en su conjunto, englobamos a más de 43.000 empresas y entidades de economía social, muchas de ellas muy presentes en servicios sociales relacionados con la calidad de vida y el desarrollo humano sostenible y, especialmente, vinculados a la atención de personas mayores y en situación de dependencia.

La Economía Social representa el 59,3 % de la oferta en los servicios sociales sin alojamiento para mayores; el 54,5 % de los servicios en las residencias de mayores con discapacidad intelectual y enfermedad mental y el 20 % en las residencias de mayores en general. Lares y Cepes reclaman al Gobierno de España que el modelo futuro de atención pase, para su éxito, por una colaboración público/privada con la economía social y preferencia en la atención de las entidades que cuentan con ese marcado carácter social en su origen y funcionamiento.

Lares y Cepes advierten de lo urgente y necesario que es regular la participación de fondos de inversión en los servicios sociales. Los riesgos que supone la actual situación, son muy altos:

• Las pensiones o ahorros acumulados durante muchos años por personas mayores, quedan sujetos a los vaivenes estratégicos y macroeconómicos de los fondos de inversión. La posible quiebra es una realidad, como ha sucedido en otros sectores.
• En caso de problemas, los estados deberán rescatar esa atención residencial, con cargo a los presupuestos generales.

Lares y Cepes recuerdan que las entidades sin ánimo de lucro y de economía social representadas por sus asociaciones, dan respuesta a las necesidades de servicios sociales que no pueden atender las propias Administraciones por tener presupuestos insuficientes o requieren que se priorice la eficiencia social sobre la económica.

“Estamos donde las Administraciones no llegan o nos necesitan. Solo en residencias de mayores, esta acción social representa más de 228 millones de euros al año, que las Administraciones Públicas han podido disponer para otras necesidades”, aseguran.

Ambas instituciones piden fondos de emergencia y apoyo para las empresas y entidades de economía social que trabajan en este sector y que ven en riesgo su viabilidad económica o la posibilidad cierta de seguir prestando servicios solidarios en apoyo de sus comunidades y Administraciones.

Ambas entidades reivindican que no puede haber modelo de futuro en centros residenciales para personas mayores sin contar con los propios beneficiarios de esos servicios: “Deben, debemos, tener voz en la definición de nuestros hogares y servicios”.

Ambas entidades defienden que las Administraciones Públicas deben garantizar la universalidad y gratuidad de la Sanidad para todos los españoles, sea cual sea su domicilio y su edad.

Por ello, exigen que se ponga freno al pago encubierto de las prestaciones sanitarias a las personas más frágiles, ya sea mediante la exigencia de personal sanitario para la atención obligatoria en plazas privadas o mediante la asignación de copagos a los servicios sanitarios prestados en plazas públicas.

“Ambas entidades tenemos mucho que contribuir al diagnóstico y soluciones para la Reconstrucción Económica y Social del país, tras el COVID-19. De ahí nuestro interés en participar en las Mesas Parlamentarias o Grupos de Trabajo constituidos a tal fin”, concluyen.