Lares rechaza el borrador de acreditación de centros hasta que incluya memoria económica

El último borrador del “Acuerdo de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD)” al que han tenido acceso las entidades participativas y las comunidades autónomas, no convence. “Sigue sin contar con una memoria económica, lo que dificulta conocer el grado y la rapidez de implementación de todos los cambios que introduce este Acuerdo”, explica Juan Ignacio Vela, presidente del Grupo Social Lares. Además, apunta que se pone en riesgo la existencia de las plazas sociales y la propia viabilidad de los centros residenciales, “al incluir unos requisitos de obligado cumplimiento que, por su propia naturaleza, no pueden alcanzar”.

Hace unos meses, la Administración Pública se puso como objetivo la implementación del modelo de Atención Integral y Centrada en la Persona (AICP). Un sistema que el Grupo Social Lares ya lleva defendiendo e implantando, en la medida de lo posible, desde hace varios años.

“El Grupo Social Lares comparte al 100 % el espíritu que subyace en todo este Acuerdo, puesto que hemos sido una de las entidades sociales que, con mayor ahínco, ha defendido un cambio del modelo actual a otro que sitúe a la persona en el centro”, expone Vela. Sin embargo, subraya que “no estamos de acuerdo con su aprobación mientras no exista un compromiso claro y real de cómo y quién asegurará la financiación de este nuevo modelo”. Este hecho es clave para que el sistema siga siendo homogéneo en todo el territorio nacional ya que ahora, explica Vela, este nuevo borrador abre la puerta a que, aquellas comunidades autónomas que se opongan a su implantación, no estén obligadas a ello, generando diferentes sistemas en función de cada territorio.

Plazas residenciales

El documento impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, tampoco ha fijado una ratio única en el límite de plazas para toda España y, por lo tanto, no acota un número máximo de plazas. Tal y como está redactado, dice que no podrán superar las 60 plazas residenciales cuando se encuentren ubicados en zonas rurales o zonas escasamente pobladas; mientras que las localidades o zonas de densidad intermedia tendrían el límite en 90 plazas; las ciudades o zonas densamente pobladas, en 120.

A la vista de todo ello, el presidente de Lares explica que “parece que la Administración se ha olvidado de que el sector, hoy por hoy, sigue sumido en una situación de vulnerabilidad extrema: arrastra las consecuencias económicas derivadas de la pandemia originada por la COVID-19 para la que no se han destinado ayudas suficientes que vengan a paliar las enormes pérdidas sufridas para hacer frente a la mayor crisis sanitaria de los últimos 100 años. Además de la insuficiente financiación de las plazas que se destinan al cuidado de personas en situación de dependencia, la subida de la inflación, el retraso en el pago en muchas comunidades autónomas a los centros residenciales y la ausencia de comunicación real entre el Ministerio y las entidades en lo que debería ser (y así se afirmó) un proceso participativo».

«Lejos de poner soluciones a esta situación de vulnerabilidad, la decisión de implementarlo lo agravaría todavía más, empujando al cierre a muchos centros que colaboran en hacer que, el derecho subjetivo de la ciudadanía a la promoción personal y atención a las personas en situación de dependencia, pueda ser una realidad”, apunta Vela.

Viabilidad económica

Es por ello que, desde el Grupo Social Lares, con el ánimo de colaboración que siempre se caracteriza, insta al Ministerio para que “acredite” la viabilidad económica mediante la correspondiente memoria económica, así como para que establezca las bases de su desarrollo unitario en todas las comunidades autónomas y para que establezca un canal continuo de comunicación con el sector en beneficio de todos los implicados.