Lares ha valorado positivamente la aprobación por parte del Consejo de Ministros del procedimiento para establecer coeficientes reductores que permitan anticipar una jubilación anticipada en actividades de especial penosidad o peligrosidad, como ocurre en el sector de la Dependencia.
Desde la organización se mantiene, desde hace años, una postura: el personal gerocultor debe tener derecho a jubilarse antes, con el 100% de su prestación correspondiente, debido a las especiales cargas musculoesqueléticas y exigencias físicas que conlleva su labor, especialmente en los últimos años de su vida laboral.
Según Lares, las principales resistencias a esta medida no provienen del propio sector, sino de la estructura económica de la Seguridad Social, que puede verse momentáneamente desequilibrada al incluir un nuevo colectivo profesional en el régimen de jubilación anticipada. No obstante, consideran que, con el tiempo, la mayor cotización asociada a este régimen acabaría compensando el coste inicial.
En este sentido, la entidad se muestra dispuesta a aceptar una sobrecotización, tanto para las empresas como para las personas trabajadoras, siempre que esta se aplique con criterios de equidad en relación con otras profesiones que ya disfrutan de este régimen.
Además, Lares también advierte sobre uno de los problemas actuales del sector: el elevado número de bajas por incapacidad temporal entre gerocultores de edad avanzada. A su juicio, adelantar la edad de jubilación podría contribuir a reducir esta situación, mejorando la salud laboral del personal y la calidad de la atención prestada.
La escasez de profesionales
La organización reconoce que esta medida podría agravar temporalmente la escasez de profesionales en el sector, pero considera que este desafío debe abordarse junto con las Administraciones Públicas desde una perspectiva estructural, estratégica y comprometida con la calidad del sistema de atención a personas mayores y dependientes.
Finalmente, Lares subraya que, si se desea avanzar hacia una sociedad que garantice los derechos fundamentales de todas las personas, no se puede dejar estas decisiones al arbitrio del mercado. El bienestar de quienes cuidan a los demás debe ser, insisten, una prioridad política y social.
