La futura ley, que afecta tanto a mayores como a personas en situación de discapacidad, eliminará las sujeciones físicas y biológicas salvo en casos extremos, establecerá un profesional de referencia y un gestor de caso y evaluaciones periódicas para vigilar la calidad de los centros y la atención. “Estamos ahora en plena fase de negociación con la Administración, pero el borrador que han presentado supone un muy buen punto de partida ya que recoge algunas de las reivindicaciones de Lares, entre otras, el derecho universal a la sanidad independientemente donde vivas”, ha explicado Sainz.
El texto en el que viene trabajando el Ejecutivo autonómico desde hace diez meses, está abierto ahora a las sugerencias de la sociedad civil y se sustenta en tres principios fundamentales:
La Junta de Castilla y León evaluará la calidad de los centros residenciales de mayores y personas en situación de dependencia, con un baremo de centros que permita a los usuarios conocer los mejor y peor valorados, y unas notas que serán determinantes para que los privados accedan a la concertación de servicios con la administración.
En esta evaluación se tendrán en cuenta los resultados en la calidad de vida de sus usuarios y la contribución de los apoyos profesionales y los servicios prestados, lo que dará lugar a un informe anual de los centros y una baremación de los mismos, establecida a partir de un conjunto de parámetros objetivos. Los resultados de los exámenes de calidad se publicarán en un informe para que los futuros usuarios puedan elegir con garantías el centro al que quieren acudir.
Para Jorge Sainz, presidente de Lares en Castilla y León, “cualquier elemento que sirva para velar por la calidad de la atención prestada es bienvenido. Nuestros centros siempre se han caracterizado por ofrecer el mejor servicio que solo se consigue contando con los mejores profesionales y en diálogo constante con familiares y amigos de nuestros residentes”.
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