El Consejo de Ministros ha aprobado la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2026 en un 3,1%, hasta situarlo en 1.221 euros mensuales en 14 pagas (17.094 euros anuales). Tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero y estará exento de tributación en el IRPF.
El incremento ha sido acordado en la Mesa de Diálogo Social con UGT y Comisiones Obreras (CCOO). Sin embargo, ha sido rechazado por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).
La medida impacta de lleno en el sector sociosanitario y de la dependencia, donde entre el 80% y el 90% de los costes son salariales y gran parte de los servicios están sujetos a contratos públicos con precios desindexados.
¿Cuánto sube el SMI y a quién beneficia?
La subida supone 37 euros más al mes en 14 pagas, lo que equivale a 518 euros adicionales al año. En términos diarios, el salario mínimo queda fijado en 40,70 euros.
Para colectivos específicos:
- Contratos temporales de menos de 120 días: no podrán cobrar menos de 57,82 euros por jornada legal.
- Empleadas de hogar por horas en régimen externo: el mínimo será de 9,55 euros por hora efectivamente trabajada.
Desde 2018, el SMI ha pasado de 735,90 euros a los actuales 1.221 euros mensuales, lo que supone un incremento acumulado del 66% en ocho años, es decir, casi 7.000 euros más al año.
Según el Ministerio de Trabajo, la subida beneficiará a 2,5 millones de personas trabajadoras. Esto representa aproximadamente el 12,9% del total de la población asalariada en España. Andalucía, Madrid, Comunitat Valenciana y Catalunya son las comunidades en las que más personas beneficiarias percibirán esta referencia salarial.
Respaldo sindical: cohesión social y reducción de brecha
UGT defiende que la medida consolida la senda para acercar el SMI al 60% del salario medio, estándar europeo. El sindicato subraya que casi 7 de cada 10 beneficiarios son mujeres y que el salario mínimo es clave para reducir la brecha salarial en los tramos más bajos.
Por su parte, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha sostenido que mejorar los salarios más bajos fortalece el modelo productivo y es compatible con el crecimiento económico actual.
Ambas organizaciones respaldan también el compromiso de regular la no compensación y absorción de complementos, para evitar que la subida quede diluida en ajustes técnicos de nómina.
La CEOE rechaza la subida: “Afixiará a las empresas”
La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) han decidido por unanimidad no apoyar la propuesta. Consideran que el acuerdo entre el Ministerio y los sindicatos sobre la no compensación y absorción supone “saltarse el Estatuto de los Trabajadores” y quebrar la negociación colectiva.
La patronal califica la subida como una “trampa” que generará un “incremento exponencial de los costes” y advierte de que puede asfixiar a numerosas empresas, especialmente pymes. Además, denuncia una supuesta falta de respeto al diálogo social.
El foco en la dependencia: “Sin actualización de precios, el sistema se tensiona”
En el sector de los cuidados y la dependencia, altamente feminizado, intensivo en mano de obra y con fuerte dependencia de financiación pública esta medida preocupa.
Asade: riesgo para la estabilidad del SAD
El presidente de la Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (Asade), Ignacio Gamboa, advierte de que la actualización del SMI supone un incremento acumulado del 65,92% desde 2018, condicionando de forma relevante la negociación colectiva del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD).
Según señala, cuando estos incrementos -ajenos a la negociación sectorial- no pueden compensarse con una actualización “razonable” de precios públicos, “se pone en grave riesgo la estabilidad de los cuidados a domicilio”.
Asade reclama modificar la Ley de Desindexación para que los aumentos de costes laborales puedan trasladarse a los contratos públicos.
FED: 5 categorías salariales igualadas
Para el presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia (FED), Ignacio Fernández-Cid, la subida del 3,1% provoca que en el convenio se igualen 5 categorías profesionales, desde personal no cualificado hasta gobernantas, afectando además a cinco escalas salariales distintas.
A su juicio, esta situación “entorpece la negociación colectiva sectorial”, al limitar la capacidad de patronal y sindicatos para decidir cómo distribuir los incrementos de costes entre salarios, condiciones laborales o mejoras organizativas.
Fernández-Cid recuerda que la negociación colectiva está reconocida en la Constitución y critica lo que considera una injerencia del Gobierno en las relaciones laborales del sector.
CEAPs: buena noticia, pero con riesgo de viabilidad
Desde el Círculo Empresarial de Atención a las Personas ( CEAPs), su presidente Rafael Sánchez-Ostiz valora la subida como positiva para los trabajadores, pero advierte de que, sin actualización de precios, “la desindexación de los contratos públicos no es viable y pone en riesgo su sostenibilidad”.
AESTE: mejorar salarios sí, pero garantizando sostenibilidad
La Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE) coincide en que mejorar las condiciones laborales es imprescindible. “Sin cuidadores no hay cuidados”, subrayan, destacando la necesidad de profesionalización, formación continua y mayor reconocimiento social.
No obstante, recuerdan que los costes salariales representan hasta el 90% del total en muchas entidades. Cada incremento del SMI tiene, por tanto, un impacto directo en la viabilidad económica de los servicios.
AESTE insiste en revisar los precios de los contratos públicos y abordar la desindexación para garantizar que las subidas salariales puedan trasladarse adecuadamente. Sin esa actualización, alertan, el sistema opera con márgenes cada vez más ajustados en un contexto de envejecimiento acelerado de la población.
Un debate que trasciende el salario mínimo
Con el nuevo importe, el SMI español seguirá por debajo de los niveles de países como Alemania, Bélgica, Países Bajos o Francia, donde el salario mínimo equivalente supera los 2.000 euros brutos mensuales en 12 pagas.
El Gobierno y los sindicatos defienden que la senda de incremento continuará hasta alcanzar plenamente el 60% del salario medio, mientras que la patronal alerta de los riesgos para la competitividad empresarial.
La subida del SMI para 2026, por tanto, no es solo una actualización salarial: reabre el debate estructural sobre el modelo productivo, la distribución de la renta y el papel del diálogo social en la economía española.
