Con motivo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia que se ha celebrado este jueves para abordar el anteproyecto legislativo aprobado en febrero por el Consejo de Ministros para reformar las leyes de Dependencia y de Discapacidad, la consejera de Salud y Políticas Sociales de La Rioja, María Martín, reclamó la necesidad de que se incremente la financiación estatal para los servicios y prestaciones de atención a la Dependencia.
Para contextualizar esta necesidad, hay que destacar que la aportación del Estado al sistema de Dependencia en La Rioja representa actualmente poco más del 15% del coste total, mientras que el Ejecutivo autonómico asume el resto del gasto. Esta situación es calificada como “desequilibrada y desproporcionada” en relación con la responsabilidad que debería asumir el Estado, que, según estiman en el Gobierno regional, debería cubrir al menos el 50% del coste.
De acuerdo con un estudio de la consejería, con datos oficiales del Ministerio, la comunidad autónoma ha destinado en los últimos siete años cerca de 485 millones de euros a estos programas, mientras que la aportación estatal en el mismo período ha sido de 112 millones de euros.
Si se considera el coste medio anual por beneficiario, que asciende a 700 euros mensuales, la Administración Central cubre únicamente 130, mientras que los 570 euros restantes corresponden a la financiación autonómica. En términos generales, La Rioja asume más del 80% del coste de los servicios y prestaciones, lo que representa un importante esfuerzo presupuestario para la comunidad.
La financiación con la reforma de la Ley de Dependencia
Las limitaciones en la financiación estatal podrían agravarse con la futura Ley de Dependencia. En el caso de La Rioja, se prevé una pérdida económica anual de hasta 41,5 millones de euros en el escenario más favorable, derivada de un incremento de gasto de 25 millones y una reducción en la financiación de 16,5 millones. En el escenario más optimista, la pérdida se situaría en torno a los 31,5 millones de euros (15 millones adicionales por incremento de gasto y 16,5 por menor financiación).
Ante esta situación, la consejera de Salud y Servicios Sociales ha trasladado estos datos al Ministerio, subrayando la necesidad de adoptar medidas que garanticen la sostenibilidad del sistema de Dependencia. Estas medidas deben implementarse sin comprometer la calidad de los servicios ni los derechos de las personas en situación de dependencia.
La Rioja, referente en la gestión de la Dependencia
Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, La Rioja es la comunidad autónoma que menos tiempo tarda en valorar la dependencia, con un promedio de 56 días, muy por debajo de la media nacional de 212 días.
A fecha de 31 de diciembre, se evaluaron 14.692 solicitudes de las 14.772 vigentes, el 99,80%. Asimismo, el número de beneficiarios ha aumentado hasta las 9.334 personas, 154 más que en 2023, quienes recibieron un total de 14.234 prestaciones y servicios, con una media de 1,5 prestaciones por persona.
El balance ministerial también destacó un descenso anual del 27% en el número de personas pendientes de recibir una prestación o servicio, lo que refuerza la eficacia de la gestión autonómica en este ámbito.
Sostenibilidad con calidad y cuidado
Tanto estas cifras, valoradas también en su relación con el conjunto de las comunidades autónomas, como las aportaciones económicas ya indicadas, son la base de un análisis pormenorizado que La Rioja va a realizar para identificar áreas de mejora y seguir avanzando en la gestión de la Ley de Dependencia. Como señala la consejera María Martín, “somos conscientes de la importancia de mantener un sistema de atención a la Dependencia sostenible, pero con la mayor calidad y cuidado. Tenemos una sociedad cada vez más envejecida y con más necesidades sociosanitarias que desde la Consejería de Salud y Servicios Sociales de La Rioja estamos abordando a través del programa «Salud cura, Sociales cuida» con diversas acciones para abordar una realidad compleja y de extrema sensibilidad”.
Y ante esta realidad compleja, contar con profesionales aparece como una urgente necesidad que también ha trasladado María Martín tanto al ministro Bustinduy como a los responsables de otros ministerios comprometidos en la ‘Estrategia de Cuidados’. Así, además de recibir una mayor financiación, La Rioja considera imprescindible que el Estado invierta en formación para contar con profesionales especializados, dentro de un modelo que apuesta por la desinstitucionalización y la atención individualizada.
