La PMP urge más financiación pública para la atención de las personas mayores y garantizar sus derechos

Con motivo del Día de los Derechos Humanos, 10 de diciembre, la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha organizado, en colaboración con la agencia de noticias Servimedia, el diálogo «Derechos Humanos y Personas Mayores». En este encuentro, se ha enfatizado la necesidad de aumentar la financiación pública dirigida a la atención de los mayores, para asegurar sus derechos fundamentales y bienestar.

El encuentro ha contado con la participación de Lázaro González, presidente de la PMP; Beth Gelb, presidenta de Amnistía Internacional España; Aida Díaz-Tendero, profesora de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense y miembro del patronato de HelpAge International España; y Gloria Bombín, vocal de la junta directiva del Movimiento por la Paz.

Los participantes han profundizado sobre las prioridades en los derechos humanos de las personas mayores, la protección contra el abuso, la autonomía personal, la no discriminación por edad y la participación social. En este sentido, durante la introducción del diálogo, Lázaro González ha recalcado que algunos de los derechos incluidos en la Constitución Española, igualmente establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como son las pensiones periódicamente actualizadas, la atención sanitaria, los cuidados, los servicios sociales o la vivienda, “todavía siguen sin estar suficientemente garantizados para un gran número de personas mayores”.

En concreto, González ha destacado que, en la PMP “nos preocupan mucho las pensiones, ya que en los últimos 10 años ha aumentado el riesgo de pobreza de las personas mayores en España en un 6%”. “Si no hubiesen existido unas pensiones adecuadas y actualizadas esta situación sería mucho peor”. Asimismo, ha resaltado, entre esas grandes preocupaciones, que la atención sanitaria universal esté ahora en peligro y que “el pilar más débil de nuestra democracia son los cuidados de larga duración para los mayores en situación de dependencia”.

Sensibilización y concienciación

Para afrontar los actuales retos en la protección y garantía de todos estos derechos, González ha señalado que una tarea fundamental a realizar es la sensibilización y concienciación de la ciudadanía, porque “a medida que aumenta la población mayor, se incrementa también el edadismo; de hecho, frecuentemente se insinúa que las personas mayores solo producimos gasto e inconvenientes”.

A este respecto, Aida Díaz-Tendero ha apuntado que “existe un desconocimiento de los aportes y de lo imprescindible que es un enfoque de derechos humanos para la ciudadanía en general y, en especial, para las personas mayores”. Ha aclarado que, desde su punto de vista, el problema en Europa es que “se considera que este discurso de los derechos no tiene nada que aportar, porque ya estamos muy bien en cuanto a políticas públicas”.

Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas Mayores

En este punto del debate se ha abordado la situación actual en cuanto a la creación de la Convención de la ONU sobre los Derechos de la Personas Mayores, la cual, según Díaz-Tendero, “ha experimentado avances importantes y ha tenido una metodología de trabajo interesante, con diversos grupos de trabajo internacionales”, pero, en su opinión, uno de los motivos de que se encuentre parada es precisamente ese escaso protagonismo del enfoque de derechos en Europa, debido a la confianza en las políticas sociales ya implantadas.

Al inicio de su intervención, Beth Gelb ha querido poner en valor la “importancia de esta fecha”, ya que “en 1948 se produjo un hecho revolucionario en la historia, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos”. Ha insistido especialmente en que “la convención significa que los derechos humanos son individuales de cada persona y universales, para todas las personas y con vigencia a lo largo de toda la vida”.

Asimismo, todas las personas participantes en el debate han coincidido, tal y como ha afirmado Gelb, en que “las convenciones son un instrumento fundamental, porque son jurídicamente vinculantes y permiten reclamar a los estados que cumplan con sus obligaciones internacionales, pero además, incorporan mecanismos de seguimiento y examen periódico; además de una serie recomendaciones, que es lo que finalmente se traduce en leyes nacionales que protegen los derechos de las personas mayores”.

Reflexión por un colectivo muy diverso

Por su parte, Gloria Bombín, ha recordado que los derechos humanos de las personas mayores son “algo reciente, pues se empiezan a desarrollar a comienzos de este siglo XXI y, hasta entonces, se hablaba del derecho a un envejecimiento digno”. Igualmente, ha remarcado que “sobre los derechos humanos de las personas mayores hay mucho que reflexionar, porque es un colectivo muy diverso y, por lo tanto, lo que se debe hacer es fomentar la investigación sobre el envejecimiento, ya que hay un déficit importante en la información social y en la investigación médica”, poniendo como ejemplo la evidente escasez de médicos especialistas en geriatría en los centros sanitarios.

De este modo, Bombín ha señalado que es necesario “cambiar la noción de la vejez, la cual ha estado centrada en la pérdida de capacidades y la necesidad de la protección y atención; por lo tanto, hay que situarla en el derecho a la independencia y la autonomía; en la participación e integración en la vida comunitaria; en la seguridad y en una vida libre de todo tipo de violencia”.

En este sentido, Díaz-Tejero ha recordado que “el envejecimiento es un tema global, como lo es el cambio climático o la migración”. También ha destacado que el sistema europeo establece que no se puede establecer una edad a la cual se es una persona mayor, porque esto viene determinado por otros condicionantes, lo cual resulta “tremendamente novedoso en otros foros internacionales”. Asimismo, puso de relieve, como claro ejemplo del enfoque de derechos en las políticas públicas, el nuevo modelo de cuidados centrado en la persona, que tras la pandemia ha empezado a implementarse con éxito en los servicios y centros especializados y que aplica “derechos como la autonomía, la independencia, a la dignidad y al honor”.

Efectos de la pandemia

En referencia al derecho a la salud, Gelb ha insistido en la gran importancia de contar con una herramienta jurídica internacional, ya que Amnistía Internacional ha realizado investigaciones sobre los efectos de la pandemia de COVID-19 en las personas mayores, las han revelado que, por ejemplo, en Reino Unido “se produjeron 35.000 muertes por unos procedimientos discriminatorios que impidieron a esas personas su acceso a la salud, a la vida o a la participación familiar”. “Estamos en una situación sin resolver sin que haya habido realmente justicia”, ha añadido.

Por otro lado, tanto Bombín como González han puesto de manifiesto la importancia del papel de la financiación pública en toda atención y prestación social necesaria para garantizar y proteger los derechos y el bienestar de las personas mayores. Por ejemplo, en materia de cuidados y dependencia, González ha subrayado que se deben “subir los presupuestos para cuidados de larga duración en Europa, pero sobre todo en España, donde se destina el 0,8% del PIB a esta área, mientras que la media de los países europeos es del 1,5% del PIB”.

Finalmente, González también ha recalcado que “debemos seguir trabajando y avanzando, porque los derechos no se conquistan de una vez para siempre, sino que hay que cuidarlos”. Asimismo, ha manifestado que “las personas mayores no estamos buscando privilegios, sino que defendemos los derechos de toda la ciudadanía, puesto que creemos en la solidaridad intergeneracional, en la que se han basado siempre todos los servicios sociales que han traído el bienestar de toda la población”.