En el contexto del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, 3 de diciembre, la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha solicitado la implementación inmediata y fundamental de derechos, acciones y medidas políticas e institucionales, tanto a nivel nacional como regional y local. Las medidas deben asegurar el derecho a una vivienda y atención digna y adecuada para las personas mayores con discapacidad.
De este modo, la PMP ha apoyado las demandas del CERMI, subrayando que la vivienda es un recurso social fundamental y necesario para la autonomía de las personas mayores con discapacidad. En este contexto, ha expresado que “la vivienda no solo proporciona un lugar seguro y estable, sino que también es el punto de partida para la participación comunitaria y la inclusión social”. Sin un alojamiento apropiado, las personas mayores con discapacidad se enfrentan a obstáculos importantes que restringen su capacidad para vivir de manera independiente y participar plenamente en la sociedad.
De acuerdo a la información proporcionada por el INE, en 2023 en España había 304.094 personas con más de 65 años que sufrían de alguna discapacidad. La situación de las viviendas para este sector poblacional es bastante alarmante. De acuerdo con datos obtenidos por el CERMI, cerca del 70% de las casas en España no cuentan con las condiciones necesarias de accesibilidad para personas mayores y con discapacidad. Además, el precio de la vivienda continúa siendo un obstáculo significativo, debido a que muchas personas con discapacidad y sus familias enfrentan problemas económicos que les dificultan el acceso a viviendas asequibles.
Debido a estas razones, el manifiesto del CERMI ha sido respaldado por la PMP, enfatizando que son imprescindibles, junto con otras acciones prioritarias, la modificación de la legislación actual, comenzando por la Ley de Propiedad Horizontal para que las obras de accesibilidad sean obligatorias; además de incluir la accesibilidad en todos los proyectos públicos de rehabilitación y adaptación de viviendas.
De igual forma, la Plataforma ha enfatizado la relevancia de impulsar la cooperación entre organizaciones tanto públicas como privadas para crear políticas de vivienda que favorezcan la inclusión social. Ello implica regular fórmulas habitacionales innovadoras, como las viviendas colaborativas, y desplegar estrategias de desinstitucionalización que permitan a las personas con discapacidad mayores vivir de manera independiente en la comunidad.
Desde esta perspectiva, la PMP ha subrayado la urgencia de que los diferentes actores sociales, partidos políticos e instituciones públicas, se unan y adopten un enfoque más activo en la implementación de estas acciones en beneficio de los sectores más desprotegidos de la población, especialmente al considerar la tendencia de transformaciones sociales que están sucediendo a nivel global y que promueven un retroceso y reducción de derechos fundamentales.
Finalmente, la PMP ha utilizado la celebración de esta fecha significativa para resaltar que todavía hay temas esenciales en la agenda política que necesitan una pronto solución para asegurar los derechos y el bienestar de las personas mayores con discapacidad. Estos incluyen la próxima legislación para el acceso y disfrute de los servicios sociales; el cambio en la normativa sobre la promoción de la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia; así como la Ley de Universalidad del Sistema Nacional de Salud.
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