Como asegura el presidente de la FED, Ignacio Fernández-Cid, “la gran mayoría de los empleados en residencias se ha vacunado. Por eso, quiero destacar la actitud ejemplar de los residentes y profesionales de las residencias que recibieron de buen grado la vacuna. Pero todavía existe una bolsa que se resiste la inmunización. Se trata de una cifra pequeña, pero importante, si se tiene en cuenta que en residencias privadas hay unos 150.000 trabajadores, supone que unos 12.000 empleados que no quieren vacunarse”.
La FED considera necesario apelar a las autoridades para que, como sucede en otros países de nuestro entorno como Italia, Francia o Reino Unido, la vacunación sea obligatoria para todo el personal que desempeñen labores asistenciales en residencias y geriátricos.
“Somos conscientes de lo controvertido de la vacunación forzosa”, señala Ignacio Fernández Cid; “pero creemos que es lícito demandarla para aquellos colectivos que, por razón de su actividad profesional, tengan contacto directo con personas de edad avanzada en centros asistenciales, residencias, centros de día o ayuda domiciliaria. Se trata de un objetivo de la salud pública y, en este caso, debe prevalecer el derecho colectivo sobre los derechos individuales”.
Al mismo tiempo, el presidente de la FED pide que solo accedan al interior de los centros aquellos familiares que con las dos dosis de vacunación completas. “No tiene sentido que se restrinja el acceso a restaurantes en algunas comunidades autónomas y no en las residencias de personas dependientes”, apunta.
El cierre de la campaña de vacunación a comienzos del año convirtió a las residencias en los espacios más seguros del país frente al Covid-19 y abrió una puerta a la esperanza para un sector que ha sido uno de los más golpeado por la pandemia.
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