Además, la patronal asegura que el incremento de requerimientos en términos de personal y servicios que se pretende en la propuesta del Ministerio de Derechos Sociales para el nuevo acuerdo de acreditación de los servicios de la dependencia, requiere de una mayor dimensión de plazas para poder mantener la infraestructura exigida.
Por otra parte, el Gobierno propone que el máximo de plazas para los centros de día sea de 100 plazas, cuando apenas existen centros de día con esa dimensión, “lo que demuestra el desconocimiento general que se tiene del sector por parte del Gobierno”.
Por todo ello, Ignacio Fernández-Cid, presidente de la FED, subraya que “con esta medida lo único que se conseguiría es frenar la inversión de nuevos centros quedándonos con un parque de residencias obsoleto. En caso de prosperar esta iniciativa, consideramos que el principal perjudicado del modelo propuesto serían los propios usuarios y sus familias, que se encontrarían sin la oferta necesaria, tanto en cantidad como en calidad, para recibir la atención que requieren y a unos precios en torno a un 50 % superiores a los actuales”.
Además, continúa Fernández-Cid, “el documento que se ha filtrado es el punto de partida que ha propuesto la Secretaría de Estado del Ministerio de Derechos Sociales como base para la discusión y no entendemos los intereses ocultos que hay para publicarlo”. Según asegura el presidente de la FED, “actualmente hay en promoción y construcción más de 38.500 camas en España y este tipo de filtraciones va a crear mucha inseguridad jurídica y una alarma social innecesaria”.
La FED considera que los esfuerzos del sector deberían centrarse en estos momentos en desarrollar una red de centros para dependientes que sea sostenible y asumible para el bolsillo de los dependientes, sus familias y las instituciones públicas que conciertan plazas. Y entiende como un error apostar por un modelo único de centros, ya que la voluntad y el deseo tanto de los dependientes como sus familias son muy dispares y heterogéneos.
Asimismo, la FED, en sintonía tanto con los sindicatos como con el resto de patronales, considera que la mesa de diálogo social debe redactar un sistema de acreditación de mínimos, no de máximos. En este sentido, Ignacio Fernández-Cid ha querido dejar un mensaje positivo: “Esperemos que entre todos seamos capaces de llegar a un consenso que ponga el foco en nuestro interés común, el bienestar de las personas dependientes”.
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