El sistema de atención a la dependencia logra también un máximo histórico en cuanto a número de personas atendidas, que superan ya las 160.000, casi 20.000 más que durante 2023 en toda la Comunidad.
La vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha asegurado que estos datos “constatan el decidido compromiso del Consell con la dependencia y desmienten de manera categórica que haya cualquier recorte en el sistema de servicios sociales” de la Comunidad Valenciana.
Camarero ha insistido en que las cifras de la dependencia en la Comunidad Valenciana «prueban también el esfuerzo presupuestario realizado por el Consell y su apuesta por el sistema de dependencia, ya que nunca antes un gobierno autonómico invirtió tanto como este Consell en el sistema de dependencia, uno de los pilares fundamentales del Estado del bienestar».
A la inversión inicial de 520 millones de euros prevista para el sistema de dependencia en 2024, se suma una primera ampliación de crédito de 25 millones de euros realizada por el Consell en marzo y tres más realizadas con posterioridad de 45 millones cada una.
“Es necesario resaltar que este incremento de recursos económicos ha sido financiado exclusivamente con recursos propios de la Generalitat”, ha indicado Camarero. El Gobierno central “apenas aporta un 22 % del gasto necesario a la dependencia valenciana, muy lejos de su obligación de aportar el 50 %”, ha resaltado.
La vicepresidenta ha recordado que “los exiguos recursos que aporta el Estado a la dependencia son una consecuencia más de la infrafinanciación estructural que sufre la Comunidad Valenciana”, situada ente las comunidades autónomas peor financiadas de todo el territorio español.
“Pese a la falta de fondos aportados por el Gobierno, el Consell prioriza sus recursos para que las personas en situación de dependencia incluidas en el sistema reciben una atención digna y de calidad”, ha incidido la responsable de Servicios Sociales.
El sistema de dependencia ofrece atención especializada a través de servicios residenciales o de día o, en su caso, una prestación económica por el servicio que el solicitante y su familia y el profesional de trabajo social acuerdan como mejor recurso para la situación personal del demandante.
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