La Comunidad de Madrid somete a consulta pública el proyecto del Decreto regulador de atención a la dependencia

La Comunidad de Madrid somete a consulta pública el proyecto de Decreto regulador del procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y el acceso al sistema público de servicios y prestaciones de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia en la Comunidad de Madrid.

El ciudadano que desee formular aportaciones a esta consulta para que sean consideradas a la hora de la elaboración del proyecto de decreto, puede hacerlo a través del Portal de Participación hasta el 31 de enero.

Con esta iniciativa normativa se persigue la adecuación de la normativa autonómica de la Comunidad de Madrid al marco básico estatal afectado por la reciente aprobación del Real Decreto 675/2023, de 18 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre, por el que se regulan las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, establecidas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

Este real decreto:

• modifica la regulación de las prestaciones del SAAD,
• determina nuevas y mayores intensidades de protección de los servicios,
• instaura un régimen más flexible de compatibilidades entre los mismos,
• reconoce el derecho subjetivo a la prestación del servicio de teleasistencia como servicio complementario del resto de prestaciones contenidas en el programa individual de atención para todos los grados de dependencia, a excepción del servicio de atención residencial,
• incrementa las cuantías máximas de las prestaciones económicas y
• establece la cuantía mínima de las mismas, así como regula importantes novedades en la prestación de cuidados en el entorno familiar, entre otras cuestiones.

 

Actualización social o del entorno

Esta actualización normativa se complementa con una actualización social o de entorno, que exige la adecuación del procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia a la propia evolución del sistema para la autonomía personal y atención a la dependencia, a las principales necesidades y demandas sociales de entidades y operadores, así como la propia experiencia adquirida en la gestión a lo largo de los años por el sistema público de servicios sociales de la Comunidad de Madrid.

De esta forma, se pretende simplificar la tramitación del procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia y de acceso a la cartera de prestaciones y servicios, eliminando trabas burocráticas y fomentando un mayor nivel de colaboración e intercambio de datos entre Administraciones Públicas.

Del mismo modo, se facilita la aportación de documentos y el cumplimiento de otros requisitos. Todo ello sin comprometer el rigor profesional de las actuaciones y logrando, en último término, un mayor grado de satisfacción de la demanda con un menor coste para la ciudadanía, y una mayor eficiencia de los recursos públicos.

Promocionando la libre elección de los servicios

Asimismo, se pretende una descripción sistemática, sencilla y asequible de los distintos servicios y prestaciones del Catálogo de Dependencia, que acentúe la consulta y la libre elección de las personas en situación de dependencia o en su caso, de sus familiares, en el marco del modelo de atención centrada en la persona y sus preferencias.

Por otro lado, se pretende potenciar y definir un marco de itinerarios de atención en el sistema, que garanticen y posibiliten la continuidad en la atención y la adecuación en los cuidados, al tiempo que se consolidan y amplían las mejoras en el ejercicio del derecho subjetivo de las personas dependientes, especialmente en todo aquello que afecta a la ejecución de servicios y prestaciones. Todo ello con especial priorización de los principios de cercanía y atención integral.

En suma, el abordaje del proyecto normativo pretende ordenar, simplificar y actualizar la normativa vigente de carácter reglamentario en un único texto, garantizando el total desarrollo de los derechos subjetivos reconocidos en el marco básico del Estado, así como la seguridad jurídica de quienes se constituyen como sujetos de la norma.