La Comunidad de Madrid aprueba el Decreto para regular la figura del experto facilitador que prestará apoyo a personas con discapacidad en sus sedes judiciales. Estas se refieren a juzgados adscritos a alguno de los 21 partidos judiciales existentes, la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia-.
La región es la primera de España en formalizar legalmente este recurso público. Previamente, el Gobierno ha recibido el informe del Consejo General del Poder Judicial, que respalda esta figura y destaca el carácter “precursor” de esta iniciativa madrileña que, según expone, “constituye un hito en aras a garantizar la participación de la persona con discapacidad en plena igualdad dentro del proceso”.
La normativa establece los requisitos, principios de actuación y el modo de designación de estos profesionales. Deberán ser licenciados o graduados en Psicología, Derecho, Logopedia, Criminología, Trabajo Social, Educación Social o Terapia Ocupacional. También tendrán que contar con una formación específica –cursos con una duración mínima de 100 horas-.
Su servicio estará incluido dentro del protocolo de peritos judiciales. Además, se instruirá a los psicólogos y trabajadores sociales de la Red de Oficinas de Asistencia a Víctimas de Delito (OAVD) para que ejerzan esta función y apoyen a los individuos con discapacidad en situación de víctima.
La Ley que hace tres años reformó la legislación civil y procesal para el apoyo de personas con discapacidad prevé que en los procesos judiciales en los que participen se harán los ajustes necesarios con el fin de evitar discriminaciones. El Gobierno regional dispone hasta el momento de la colaboración y asesoramiento especializado de entidades con una dilatada experiencia.
La Comunidad de Madrid reforzará las Oficinas de la Red con diez nuevos facilitadores, psicólogos y trabajadores sociales.
