La Comunidad de Madrid invertirá en torno a 59 millones de euros en la creación de 81 nuevas unidades de convivencia en residencias públicas para personas mayores y con discapacidad. El objetivo de esta iniciativa es replicar la estructura y el día a día de un hogar, ofreciendo espacios más personalizados y acogedores. Cada unidad contará con un máximo de 25 plazas y dispondrá de estancias comunes como comedor, sala de estar y cocina.
La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha visitado las obras de la Residencia Madrid Sur, en el distrito de Puente de Vallecas. Este centro es uno de los que incorporará estas nuevas unidades de convivencia e incluirá, además, una zona de rehabilitación para terapia ocupacional y fisioterapia, una nueva unidad de enfermería y en la ampliación del espacio del centro de atención diurna.
Según ha explicado la consejera, el objetivo es “crear espacios confortables para que los residentes se encuentren como en casa”. A la inversión anunciada, se suman otros 2,5 millones de euros destinados a la decoración y renovación del mobiliario en los centros de Madrid Sur, Usera y Peñuelas.
Los 81 recursos, reformados con fondos europeos, se ubican en varias instalaciones de la Agencia Madrileña de Atención Social. Concretamente, en la Residencia Navalcarnero y en la capital en la de Manoteras, la de Doctor González Bueno, la Isabel de Castilla para jóvenes ex tutelados con discapacidad y en la de Fray Bernardino. Esta última se convertirá en el primer complejo residencial público para personas con discapacidad intelectual en fase de envejecimiento prematuro.
Además, se están acometiendo reformas en varias residencias de gestión indirecta, entre ellas las de Madrid Sur, Usera, Peñuelas, Parque de los Frailes, Parque Coimbra y Plata y Castañar.
Nueva normativa para mejorar la calidad de los centros
En noviembre de 2024, la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales aprobó una nueva orden de acreditación con el fin de elevar los estándares de calidad exigidos a los centros y servicios de atención social que forman parte de la red pública. Los centros ya acreditados dispondrán de un plazo de dos años para adaptarse a los nuevos requisitos.
Entre las medidas que establece esta normativa se incluye un límite máximo de 150 plazas para las nuevas residencias de personas mayores y de 50 plazas para las dirigidas a personas con discapacidad. Asimismo, al menos el 50 % de las habitaciones serán ser individuales, y las restantes podrán compartirse por un máximo de dos usuarios. La atención será personalizada, garantizando la asignación de un profesional de referencia para cada residente.
