La Comunidad de Madrid acudirá a los tribunales si “el Gobierno central discrimina a la región en el reparto de 200 millones para dependencia”

La Comunidad de Madrid denuncia que el Gobierno central pretende discriminar a la región en el reparto de fondos para prestar atención a las personas dependientes, al dejarla fuera del reparto de una nueva partida de 200 millones tras rechazar el Acuerdo de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Por ello, anuncia que, de aprobarse de manera definitiva este reparto, “la Comunidad de Madrid va a utilizar todos los medios a su alcance, incluidos los tribunales de justicia, para evitar esta clara discriminación que perjudica a los madrileños en situación de dependencia”.

Durante la reunión extraordinaria del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del SAAD celebrada ayer para informar sobre este nuevo fondo, la consejera de Familia, Juventud y Política Social, Concepción Dancausa, puso de relieve que la única condición para participar en el reparto del mismo es haber votado a favor del acuerdo, una decisión del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 “que utiliza la financiación estatal como instrumento de presión, quiebra el principio de lealtad institucional y no es más que un último intento de salvar un acuerdo que carece de efectividad en la mayor parte del país”.

Recordemos que el Acuerdo de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) se sometió a votación el pasado mes de junio y también recibió el voto en contra de País Vasco, Cataluña, Galicia, Andalucía, Murcia, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Ceuta, lo que supone que no se aplicará para el 70 % de la población española.

30 millones menos para mejorar la atención

En este sentido, Dancausa reafirmó el rechazo de la Comunidad de Madrid al texto aprobado en junio, “ya que invade las competencias autonómicas en materia de servicios sociales, carece de una memoria económica ajustada a la realidad, limita el acceso de nuevos usuarios al sistema e incrementa las listas de espera”. También recordó que el Gobierno regional, pese a este voto en contra, ya está adoptando medidas en el ámbito de la calidad del cuidado centradas en la persona, como la creación de unidades de convivencia de hasta 25 usuarios, “que estamos implantando en ejercicio de nuestra competencia constitucional y no por imposición del Estado”.

“Es la primera vez que se priva a las comunidades de participar en la distribución de fondos por el simple hecho del sentido de su voto”, subrayó la consejera, que calcula que esta decisión evitará que se transfieran a la Comunidad de Madrid 30 millones de euros para seguir mejorando los servicios de atención a la dependencia y perjudicará directamente a los madrileños.

Por todo lo expuesta, Dancausa lamenta que el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 “utilice la financiación como instrumento de presión al excluir de este reparto a las comunidades que votaron en contra del acuerdo de acreditación”.