El informe analiza las tres áreas implicadas en la Comisión: sanidad, farmacia y servicios sociales. Con una facturación total de 109.000 millones de euros, el sector en su conjunto representa cerca del 10 % del PIB español.
Específicamente, el ámbito de los servicios sociales constituye el 6 % de la facturación de las áreas objeto de la Comisión, del orden de 7.000 millones de euros; mientras que el empleo alcanza el 25 %, con más de 314.000 trabajadores, de un total superior a 1,2 millones.
En su intervención, Natalia Roldán, presidenta de Aeste y vicepresidenta de la Comisión, afirmó que es necesario alcanzar un Pacto de Estado para la dependencia, con una visión a largo plazo de los responsables públicos. Indicó que el Acuerdo de Acreditación aprobado por el Ministerio de Derechos Sociales no avanza en aspectos tan relevantes como la creación de nuevas plazas residenciales, necesarias para que España se acerque al objetivo marcado por la OMS. Subrayó también que se ha generado mucha incertidumbre, tanto en los proyectos residenciales como en las áreas de ayuda a domicilio y teleasistencia.
Para la vicepresidenta de la Comisión, es necesario avanzar en la colaboración público-privada y en la coordinación sociosanitaria. “No tiene sentido que apostemos por la atención a la cronicidad y no por los servicios sociales. Hablamos de los derechos de las personas mayores de hoy, que serán los nuestros en el futuro”. Concluyó reivindicando el respecto a un sector que apuesta por brindar servicios de calidad y atraer a los mejores profesionales con empleo de calidad.
Presentación del informe: “Cifras, Retos y Oportunidades del sector sanitario español tras el Covid”.
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