El Ateneo de Madrid acogió un año más la presentación del Índice DEC 2024, un informe que analiza la situación y evolución de los servicios sociales en España desde 2012. A pesar de que el sistema se considera consolidado en términos normativos, el estudio revela graves carencias en la cobertura e intensidad de servicios clave, especialmente aquellos vinculados a la estrategia de desinstitucionalización impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales. Según el informe 20 millones de personas (el 42% de la población española) vive en Comunidades con servicios sociales débiles o irrelevantes. Durante el encuentro se mostraron el Informe General del Índice DEC 2024, el Documento de Tablas de Datos de cada Indicador por CC.AA, y el Informe de valoración de los Servicios Sociales por cada Comunidad Autónoma.
José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, y Gustavo García, coordinador del Índice DEC, fueron los encargados de presentar el Índice, cuyos datos siguen mostrando el escaso desarrollo y evolución de los servicios sociales domiciliarios (ayuda a domicilio y teleasistencia) o complementarios del domicilio(centros de día), lo que requiere un importante compromiso económico para avanzar en los objetivos de la desinstitucionalización. No obstante, Ramírez quiso poner en valor la mejora de los datos asegurando que los Servicios Sociales “se consolidan en este país como el cuarto pilar del Estado del Bienestar”.
Por su parte, Gustavo García aseguró, refiriéndose a la preocupación por la falta de información, que “si queremos que el sector de los servicios sociales sea un sector con prestigio, nos tenemos que prestigiar nosotros mismos. Y eso significa no ir a oscuras, tener datos. Si no tenemos datos de fuentes oficiales no podemos saber cómo estamos”.
García resumió los resultados más destacados de este informe, entre los que destacó el dato de que un 42% de la población española vive en Comunidades con servicios sociales débiles o irrelevantes; el insuficiente avance en la estrategia de desinstitucionalización, el hecho de que se agudice un deterioro de recursos de inserción social por no alcanzarse los resultados esperados por el ingreso mínimo vital y, por último, el liderazgo de Castilla y León, País Vasco y Navarra.
IDEC 2024 al completo
El IDEC 2024 describe la situación actual de los servicios sociales en España y su evolución desde el año 2012, confirmando que Castilla y León (7,73), el País Vasco (7,67) y Navarra (6,97) son las Comunidades con mejor calificación de sus servicios sociales. En su representación, y a lo largo del encuentro, recogieron un premio por su trabajo en el sector la Consejera de Derechos Sociales de Castilla y León, Isabel Blanco, la consejera de Derechos Sociales del País Vasco, Nerea Melgosa y la consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo de Navarra, Mª Carmen Maeztu. Todas ellas agradecieron el trabajo de los profesionales y explicaron, en líneas generales, los principales conceptos de su programa, así como los retos que presenta el sistema. Por el contrario, no llegan al aprobado Galicia (4,78), Madrid (4,73), Comunidad Valenciana (4,49), Baleares (4,43), Cantabria (4,16) y Murcia (3,26).
El informe también confirma que el sistema está ampliamente consolidado, ya que todas las Comunidades tienen Ley que reconoce derechos subjetivos, 14 tienen un catálogo de servicios que desarrolla y concreta estos derechos, 15 tienen integrada la Atención a la Dependencia en sus servicios sociales y 10 Comunidades tienen una planificación estratégica vigente.
Los servicios domiciliarios necesitan mejorar
Uno de los principales focos de preocupación del Índice DEC 2024 es el escaso desarrollo de los servicios sociales domiciliarios, como la ayuda a domicilio y la teleasistencia. En los últimos 14 años, la cobertura de ayuda a domicilio apenas ha aumentado un punto porcentual, alcanzando sólo al 5,7% de las personas mayores de 65 años. La intensidad del servicio es igualmente limitada, con una media de apenas 21 horas mensuales por beneficiario.
Atendiendo únicamente a la Ayuda a Domicilio como prestación de derecho en el Catálogo de la Dependencia, su intensidad media es de 35,65 horas/mes: 17,4 horas para los dependientes Grado I, 39,8 para los Grado II y 60,2 para los Grado III, apenas dos horas y media diarias de lunes a viernes para estos últimos, lo que es claramente insuficiente ya que, según considera la propia Ley, son personas que necesitan apoyo permanente para todas las actividades básicas de la vida diaria.
La cobertura de los centros de día y la teleasistencia también presenta cifras muy bajas, aunque esta última ha experimentado una ligera mejora. En 2023, el 11,1% de los mayores de 65 años contaban con teleasistencia, aún muy por debajo del objetivo del 100% fijado por el Plan de Choque para la Dependencia. Y es que en el año 2024 siguen quedando 709.234 personas para alcanzar dicha cobertura.
En lo que se refiere a la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, que contempla el Catálogo de la Dependencia, la percibe el 41,9% de las personas beneficiarias, con un importe medio mensual de 264,11 euros. Una cuantía insuficiente para que los y las familiares asuman el cuidado en casa de personas que necesitan apoyos continuados para todas las actividades básicas de su vida diaria.
Más gasto, pero menos peso sobre el PIB
En 2023, las administraciones públicas destinaron una media de 548,1 euros por persona a servicios sociales. Esta cifra representa el 10,25% del total de su presupuesto, mientras que equivale al 1,76% del Producto Interior Bruto (PIB) del país.
Desde 2014, el gasto en servicios sociales ha ido en aumento. En el último año, se incrementó en 36,1 euros por habitante, lo que supone un crecimiento del 7,05% respecto a 2022. Sin embargo, el porcentaje del presupuesto que se asigna a este ámbito se ha mantenido estable en torno al 10,2%. Por el contrario, el peso de este gasto en relación con el PIB se ha reducido por tercer año consecutivo, alcanzando en 2023 el 1,76%, frente al 1,88% registrado en 2020, cuando se situó en su punto más alto.
En cuanto a la financiación del Sistema Público de Servicios Sociales, la participación de las comunidades autónomas ha subido 4,84 puntos en los dos últimos años. No obstante, si se compara con 2012, la tendencia sigue siendo descendente: en aquel año la aportación autonómica era del 85,3%, mientras que en 2023 ha bajado hasta el 74,25%, es decir, 11,07 puntos menos.
Este repunte reciente en la financiación regional podría estar vinculado al incremento de los fondos estatales destinados a la atención a la dependencia por parte del Ministerio de Derechos Sociales, que ha aportado 600 millones de euros adicionales cada año. Queda por ver si este nivel de financiación autonómica se mantendrá en 2024, ya que no está previsto que continúe ese refuerzo económico del Estado.
Desigualdad territorial
Año tras año se evidencian profundas desigualdades entre las distintas regiones, lo que genera una gran disparidad en las oportunidades reales de acceso a derechos fundamentales, dependiendo del lugar de residencia de cada persona.
Excluyendo a las comunidades con régimen foral, como el País Vasco —que destaca con un gasto por habitante en servicios sociales de 1.203 euros—, se observan diferencias significativas. Por ejemplo, Extremadura destina 713,7 euros por persona, lo que supone un 76,1% más que la Comunidad de Madrid, que apenas alcanza los 405,3 euros. Además, en Extremadura, las administraciones públicas dedican un 3,03% de su PIB regional a servicios sociales, mientras que en Madrid este porcentaje es solo del 0,95%, tres veces menor.
Estas desigualdades presupuestarias se traducen en una provisión muy desigual de prestaciones y servicios sociales entre territorios. Algunos ejemplos ilustrativos son:
- En Canarias, cada profesional de servicios sociales atiende a una media de 2.973 personas, mientras que en Navarra esa cifra se reduce a 494, una proporción seis veces menor.
- En el País Vasco, el 58,1% de las personas en situación de pobreza reciben Rentas Mínimas de Inserción, frente al escaso 0,35% en Castilla-La Mancha.
- Castilla y León ofrece 11,8 plazas residenciales públicas por cada 100 personas mayores de 75 años, tres veces más que Murcia, que solo alcanza un 3,8%.
- En cuanto al servicio de ayuda a domicilio, Andalucía presenta una cobertura de 21,2 servicios por cada 100 mayores de 75 años, mientras que en Extremadura apenas llega a 0,9, lo que representa una diferencia de 24 veces.
- Finalmente, la teleasistencia llega al 34,5% de las personas mayores de 75 años en Andalucía, una tasa que multiplica por 6,6 la cobertura registrada en Canarias, donde solo alcanza al 5,2%.
Experiencias de desinstitucionalización
El acto sirvió también para reconocer tres iniciativas pioneras que favorecen la permanencia de las personas mayores en su entorno habitual, contribuyendo así a la desinstitucionalización: el proyecto SHARE del Ayuntamiento de Fuenlabrada, las viviendas para mayores en municipios rurales de Cuenca y la iniciativa vecinal “Acompañando-T” en Teruel.
Proyecto SHARE. Ayuntamiento de Fuenlabrada.
Es un proyecto de cooperación intergeneracional creado para facilitar el acceso a la vivienda de personas mayores y jóvenes transformando edificios públicos en desuso.
Viviendas para mayores en municipios rurales en Cuenca. Ayuntamientos y Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha
Son centros de alojamiento y convivencia que permiten que las personas mayores puedan permanecer en su entorno habitual, ofreciéndoles un marco de participación en la vida comunitaria, evitando sentimientos de soledad y desarraigo. Los servicios que ofrecen las viviendas se complementan con los recursos comunitarios: sociales, sanitarios, culturales y de ocio.
ACOMPAÑANDO-T. Federación de Asociaciones Vecinales de Teruel
Un proyecto que se inició en la ciudad de Teruel durante la pandemia y que se ha extendido a otras localidades de la provincia. Con un impulso y coordinación profesional, promueve y apoya las relaciones de buena vecindad para ayudar a personas que viven situaciones de
aislamiento y soledad a establecer vínculos en su entorno de proximidad.
