Si partimos de la idea de que los derechos sexuales y reproductivos son derechos universales para todos, ¿hasta dónde se están respetando estos derechos en las personas con discapacidad? Según un estudio realizado por COCEMFE, se trata de derechos vulnerados de forma evidente, poniendo de relieve que existen barreras estructurales, sociales y familiares que impiden a las personas con discapacidad física y orgánica ejercer sus derechos sexuales y reproductivos. Analizamos de qué modo se vulneran esos derechos a través de testimonios reales, y conocemos cuáles son los retos principales que deben afrontarse para terminar con estas situaciones.
La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, COCEMFE, ha realizado el Estudio sobre los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad física y orgánica. Un documento que pone de manifiesto que muchas personas con discapacidad enfrentan trabas de forma sistemática para acceder a la información, a la educación sexual, a servicios de salud accesibles y a decidir sobre su propia vida sexual o reproductiva.
El estudio ha analizado diferentes parámetros de tres experiencias de vida muy concretas. Tres experiencias de personas con discapacidad con nombre propio y con sus peculiaridades personales. Estos tres protagonistas han sido una mujer de 52 años con esclerosis múltiple residente en una zona rural de Ourense, un varón de 32 años con osteogénesis imperfecta de Madrid y, por último, una mujer de 63 años con poliomielitis que vive en un centro residencial de Alicante.
Entre las conclusiones de esta investigación cabe destacar las vulneraciones constatadas en el derecho a recibir una información completa y rigurosa sobre los derechos sexuales y reproductivos. Además de la falta de una educación sexual adaptada a las necesidades de las personas con discapacidad y la vulneración del derecho a su autonomía social. Y también se ha constatado que no se respeta el derecho a la intimidad y a la confidencialidad en las personas con discapacidad.
El texto pone de manifiesto, como reto, que es necesario “transformar la mirada hacia la discapacidad” para garantizar el “pleno acceso” de las personas con discapacidad a los derechos sexuales y reproductivos.
Hay que luchar por conseguir una mirada “de igual a igual” que permita concebirla como un hecho de diversidad humana y no como una carencia, que sea respetuosa y empática y evite la victimización. Para conseguir esta mirada, es necesario poner el foco en la capacidad de acción de las personas con discapacidad “y en sus estrategias de resistencia y resiliencia”, subraya.
Principales derechos vulnerados
De forma general, antes de pasar a detallar los derechos vulnerados, cabe aclarar que en todos los casos analizados se han observado prejuicios y estereotipos sobre las personas con discapacidad, pensamientos que llegan a tener una fuerza significativa sobre la autopercepción de cada una de ellas, afectando a la concepción que tienen de sí mismas. A estos estereotipos se suman, en muchas ocasiones, otros factores como las situaciones de soledad que viven muchas personas con discapacidad o la sobreprotección que sobre ellas ejerce su propia familia.
Hay que luchar por conseguir una mirada “de igual a igual que permita concebirla como un hecho de diversidad humana y no como una carencia, que sea respetuosa y empática y evite la victimización”
En el estudio realizado por COCEMFE se ha constatado la vulneración del derecho a recibir una información completa “y rigurosa” sobre los derechos sexuales y reproductivos por parte del personal sanitario. El caso concreto que refleja la investigación es el intento de disuasión a una paciente para quedarse embarazada, “por supuestos riesgos para su salud”.
También se han documentado vulneraciones al derecho a la autonomía sexual, mediante el control de la vida sexoafectiva de las personas con discapacidad que se ejerce, por ejemplo, impidiendo que se tomen decisiones personales o limitando la libertad a la hora de expresar sus deseos sexuales.
En algunos casos se ha visto cómo se ha intentado dificultar el derecho a decidir sobre la reproducción, cuando las personas con discapacidad han recibido consejos médicos que no estaban fundamentados en la ciencia.
Y, además, el derecho a la privacidad y la confidencialidad tampoco se respeta. Se ha constatado que las personas con discapacidad física y orgánica no pueden acceder a espacios “más privados”, tanto en sus entornos familiares como en entornos residenciales.
Cómo garantizar el acceso a los derechos sexuales y reproductivos
Ante la vulneración de los derechos mencionados, la Confederación reclama que, de forma inmediata, se incorporen los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad a las políticas públicas de salud, educación y en los servicios sociales. Además, anima a formar a profesionales sanitarios y sociales en enfoques de discapacidad, género y derechos humanos.
Para evitar que las situaciones de discriminación sigan produciéndose, es necesario también garantizar el acceso a información accesible y proporcionar una atención sexual y reproductiva inclusiva, teniendo presente los apoyos personalizados que refuercen la toma de decisiones.
En el informe, varias expertas en la materia han plasmado algunas propuestas encaminadas a mejorar el acceso de las personas con discapacidad a los derechos sexuales y a los derechos reproductivos.
Como prioritario se considera la necesidad de garantizar la accesibilidad universal a las personas con discapacidad, yendo más allá de las barreras físicas, para concretar su pleno acceso y su inclusión. Entre las propuestas para la administración pública se cita la necesidad de reparar el daño producido a las mujeres que han sido víctimas de las esterilizaciones forzosas. Y también se apunta a la necesidad de que, para prevenir y detectar posibles casos de violencia de género, la red de atención sea accesible universalmente, que tenga adaptados los recursos con información accesible y con profesionales debidamente formados.
Del mismo modo, sería importante auditar si los servicios en el ámbito sanitario son accesibles y dotar a los centros sanitarios de más medios y de más tiempo a los profesionales para que puedan evaluar como merece cada caso.
El documento recoge varias propuestas para mejorar la educación y la formación sobre derechos sexuales y reproductivos para las familias, así como para los profesionales sociosanitarios y para las personas con discapacidad, “especialmente para las mujeres”, señala.
La apuesta por una educación que permita comprender la sexualidad desde todos los ámbitos, en toda su complejidad, es clara. Y se considera que, sobre todo en el ámbito sociosanitario, la formación y la sensibilización son especialmente importantes, porque es esencial que se produzca el cambio de mentalidad que lleve al modelo “biopsicosocial” y al trato empático y respetuoso con las personas con discapacidad.
Testimonios reales
Este estudio se ha elaborado a partir del análisis de las situaciones vividas por tres protagonistas:
Rosa, 52 años, con esclerosis múltiple, vive en el medio rural de Ourense y relata cómo, tras recibir el diagnóstico, el personal médico puso especial énfasis en los riesgos que tendría para ella quedarse embarazada. Rosa es madre desde hace 30 años.
Arturo, de 32 años, con osteogénesis imperfecta, vive en Madrid y pertenece al colectivo LGTBIQ+. Reconoce que es la sociedad quien le ha hecho sentir que tiene un cuerpo diferente. “El mayor drama lo han hecho los demás cuando me han hecho saber muy claramente que soy muy diferente”, asegura.
María, de 63 años, con poliomielitis. Desde hace 32 años es madre y hoy vive en un centro residencial de Alicante. Explica que es la “buena voluntad del personal sanitario” lo que le ha permitido a veces ejercer sus derechos, por ejemplo, a la hora de hacerse pruebas como la citología.
