Gobierno y CCAA invierten más de 2.000 millones de euros para la transformación hacia un modelo de cuidados centrado en la comunidad

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha lanzado un plan operativo para desarrollar en 2025 la «Estrategia estatal para un nuevo modelo de cuidados en la comunidad: un proceso de desinstitucionalización», que el ministro Pablo Bustinduy presentó en junio en el Consejo de Ministros, donde fue aprobada.

Este plan moviliza más de 2.000 millones de euros (2.053.100 €) aportados por los gobiernos de doce comunidades autónomas y por el Gobierno de España, para financiar un total de 695 actuaciones. Con este plan se pondrá en marcha la transformación de los cuidados que reciben las personas mayores y personas con discapacidad que son dependientes, así como las personas sin hogar y menores migrantes, tal y como marcó la estrategia estatal.

El objetivo es transitar hacia un modelo que ofrezca cuidados personalizados en el hogar de cada usuario/a, así como transformar el actual modelo de atención en grandes residencias hacia un modelo de pequeña escala que tenga lugar en los entornos comunitarios de las personas usuarias, para que no tengan que abandonar sus entornos.

Acceso a una vivienda digna y accesible

Uno de los elementos claves de este plan, destaca el ministerio dirigido por Bustinduy, es el acceso a una vivienda digna y accesible como un derecho que recorre sus ejes de actuación, no solo para que las personas usuarias puedan recibir los apoyos necesarios sino también para prevenir la institucionalización.

Una gran parte de las actuaciones del plan están encaminadas a garantizar las condiciones que permite a las personas con dependencia quedarse en su hogar tanto como deseen o a que puedan acceder a viviendas con apoyos y cuidados en la comunidad para seguir construyendo su proyecto de vida. “La vivienda no es solo un derecho, sino la condición necesaria para que se puedan desplegar otros muchos derechos, como el de los cuidados dignos y la autonomía personal”, ha manifestado el ministro Bustinduy para subrayar la importancia de este asunto.

Líneas estratégicas

De los cinco ejes que componen este plan operativo, las acciones en vivienda se agrupan en los ejes 1 y 4 de las siguientes líneas estratégicas:

Prevención de la institucionalización

Está destinado a prevenir las dinámicas que desembocan en la institucionalización. Las medidas que despliega se concentran en facilitar el acceso a viviendas dignas, promocionar la salud y garantizar el acceso a los servicios de proximidad y la accesibilidad a edificios, documentos, etc. Recoge 233 actuaciones con una dotación de 602,6 millones de euros. Entre ellas aparecen la creación de una red de 100 viviendas de titularidad pública de inserción social, de la Xunta de Galicia (modelo Housing First), la oferta de vivienda en alquiler de la Generalitat de Catalunya o las subvenciones para alquiler para jóvenes extutelados en Castilla-La Mancha.

Participación y concienciación social

Las 125 actuaciones de este eje buscan fomentar la participación activa de las personas dependientes en la toma de decisiones sobre sus vidas, así como la importancia que tiene la autodeterminación y el derecho a vivir en comunidad. Un ejemplo es el proyecto de la Comunidad Foral de Navarra para incluir a las personas con necesidades de apoyo y sus familiares en la elaboración de los planes individuales de atención o las subvenciones del Ministerio de Juventud e Infancia en Ceuta y Melilla para crear consejos de participación infantil y adolescente. El eje tiene una previsión de dotación de, al menos, 131 millones de euros.

Transformación de modelos de cuidado

Este eje está centrado revolucionar la formación de los profesionales y la gestión del sector para transformar el propio modelo. El objetivo es ofrecer a los profesionales las herramientas para poder personalizar los cuidados y fomentar la inclusión en la comunidad y mejorar las condiciones laborales del sector. El eje está compuesto por 183 actuaciones que movilizan 687,2 millones de euros. Entre estas medidas aparece el proyecto ‘Apoyos conectados para la autonomía personal’ de Aragón, que incorpora la figura profesional del gestor de apoyos para retrasar al máximo la institucionalización de las personas mayores o con discapacidad que sean dependientes, o evitarla, si así lo desea la persona.

Servicios para la transición a la comunidad

Las medidas de este paquete se encaminan a que las personas tengan alternativas dignas para vivir y ser cuidadas en la comunidad. Para ello, se apuesta firmemente por el acceso a la vivienda y por el impulso de apoyos, servicios de cuidados en la comunidad que permitan a las personas poder vivir de acuerdo con su voluntad en sus comunidades. Este bloque contempla 125 actuaciones con una estimación de 584,3 millones de euros. Entre ellas se encuentra la creación de centros multiservicios y centros para atención a la fragilidad y prevención de la dependencia en el marco de la Estrategia CuidAs del Principado de Asturias.

Condiciones habilitadoras para la desinstitucionalización

Todas las actuaciones recogidas en los anteriores ejes requieren de una actualización normativa, administrativa, de financiamiento y de coordinación institucional que se afronta en este último bloque. Para ello se prevé la modificación de la Ley Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia (LAPAD) y el desarrollo de un sistema de gobernanza y coordinación de la propia estrategia que fomente la participación activa de todos los agentes. El eje recoge un total de 29 actuaciones con 47,9 millones de euros.

Colaboración institucional para ajustar las políticas a las realidades locales. El plan operativo 2024-2025 ha sido elaborado mediante un proceso participativo con otros ministerios y con comunidades autónomas para asegurar que las políticas propuestas están lo más ajustadas posible a las realidades locales.

Este proceso colaborativo ha consistido en la celebración de seminarios, grupos de trabajo, grupos focales autonómicos, consultas y eventos públicos y ha contado con la participación del Ministerio de Sanidad, el de Educación y Formación Profesional, el de Trabajo y Economía Social, Juventud e Infancia y Transición Ecológica y Reto Demográfico, así como de doces comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Asturias, Islas Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Región de Murcia y Comunidad Foral de Navarra).