Senior couple planning their investments with financial advisor at home. Happy aged couple planning their medical insurance with advisor in living room. Old couple consulting with insurance agent while sitting together at home.
Esta nueva normativa busca adaptar a cada persona con dependencia, de forma individualizada, los apoyos que necesitan para llevar una vida plena, reforzando así la idea de que cada uno tiene la capacidad jurídica de decidir sobre qué apoyos van a ser los adecuados.
Este servicio se prestará por email y también por teléfono en horario de 16 a 20h los lunes, martes y jueves, y sirve para resolver dudas sobre qué es la capacidad jurídica, a qué decisiones afecta, cómo puede una persona con dependencia o discapacidad decidir qué apoyo recibe ahora o en el futuro, cómo puede un familiar ayudar o cuáles son los trámites necesarios, entre otros temas.
Para ello, la Fundación Caser, y en virtud del acuerdo firmado con la Fundación Atiendo, pone a su disposición profesionales con conocimientos en la materia como asesores jurídicos y trabajadores sociales. Así, las personas que acudan a este nuevo servicio, podrán recibirán información sobre todo el proceso en la toma de decisiones relacionadas a los derechos y obligaciones. Es decir, desde orientación sobre los posibles trámites a realizar o qué tipo de apoyos presentes y futuros pueden llegar a necesitar.
Este servicio viene a unirse a otros de la Fundación como el de atención telefónica gratuita de orientación, información y asesoramiento social en materia de dependencia y discapacidad que puso la Fundación Caser en marcha en 2017 y que desde entonces ha atendido a más de 20.000 personas.
“Fieles a nuestro propósito, este nuevo servicio supone un paso más para avanzar y estar cerca en la atención a las personas con dependencia y/o discapacidad” comentó Juan Sitges, director de la Fundación Caser.
El nuevo servicio es una muestra del propósito de la Fundación Caser de acompañamiento y apoyo a quienes más lo necesitan, así como del claro compromiso necesario e imprescindible para que la aplicación del nuevo marco normativo sea realmente efectiva, y se garantice, de esta forma, el derecho al ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con necesidades.
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