FED advierte sobre el anteproyecto de Ley de Dependencia: idealista, sin diálogo y que ignora las necesidades del sector

La Federación Empresarial de la Dependencia (FED) expresa su profunda preocupación ante la aprobación del Anteproyecto de Ley de reforma de la Ley General de Discapacidad y la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, que ha sido aprobado por el Consejo de Ministros. La patronal mayoritaria del sector denuncia que esta reforma está elaborada sin contar con la participación de los principales actores del sistema, lo que pone en riesgo la viabilidad de los servicios de atención a la dependencia y el bienestar de miles de personas.

Falta de consenso con los actores del sistema

El presidente de la FED, Ignacio Fernández-Cid, lamenta que el Gobierno haya trabajado en esta reforma de espaldas a las entidades que gestionan la mayoría de los servicios de atención a la dependencia en España.

“Nos hemos enterado prácticamente cuando la reforma ya estaba decidida. Es inaceptable que se elabore un cambio normativo de esta envergadura sin consultar a quienes sostienen el sistema: las entidades que gestionan el 75% de la oferta residencial y el 95% de la ayuda domiciliaria”, afirma Fernández-CID.

Falta de profesionales y reducción de la jornada laboral

Uno de los principales problemas que enfrenta el sector es la escasez de profesionales cualificados, una situación que el anteproyecto ignora por completo.

“Actualmente no hay suficientes trabajadores para atender la creciente demanda, y no se están implementando políticas activas de empleo para atraer talento al sector”, advierte el presidente de la FED.

Además, la reducción de la jornada laboral impulsada por el Gobierno agrava esta situación, ya que incrementará la necesidad de más profesionales, sin que haya un plan realista para su incorporación.

“Nos preguntamos de dónde van a salir los profesionales que se necesitan. Sin abordar esta cuestión, cualquier reforma es papel mojado”, sentencia Fernández-Cid.

La desinstitucionalización

El anteproyecto de ley promueve una estrategia de desinstitucionalización que, si bien en teoría busca favorecer la permanencia de los dependientes en su hogar, en la práctica se traduce en una demonización del sector residencial.

“Es fácil decir que las personas dependientes deben envejecer en sus casas, pero la realidad es que, actualmente, un dependiente de grado 3 recibe de media solo 57 horas de ayuda domiciliaria al mes, claramente insuficientes. La decisión sobre dónde envejecer debe recaer en los propios dependientes y sus familias, y no imponerse desde una visión ideológica que no atiende a la realidad del día a día de los cuidados”, añade.

Sin una actualizción realista de la financiación

Para implementar cambios de calado en el sistema de dependencia es imprescindible un incremento de la financiación, algo que el anteproyecto no garantiza.

“Se nos exige mejorar las condiciones laborales, aumentar los ratios de personal y mejorar la calidad del servicio, todo lo cual apoyamos plenamente. Pero, ¿cómo se supone que lo financiaremos si las tarifas siguen congeladas desde hace años? Nos hablan de obligaciones presupuestarias y de leyes de desindexación, pero lo cierto es que llevamos demasiado tiempo sin una actualización realista de la financiación. Así es imposible garantizar un servicio de calidad”, recalca Fernández-Cid.

En definitiva, desde la FED se reclama al Gobierno que escuche a los verdaderos expertos en la materia y que impulse una reforma que tenga en cuenta la realidad del sector.

“No queremos brindis al sol, queremos soluciones viables. Es urgente que se realicen reformas con sentido, con contenido y, sobre todo, con un diálogo real con quienes trabajamos cada día en la atención a las personas dependientes, por ello volvemos a exigir a la administración la creación de una mesa de diálogo social para abordar y planificar los retos de futuro.”, concluye Fernández-CID.