La Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales ha analizado los datos del sistema de atención a la dependencia de 2025 y concluye que existe un aumento del déficit de plazas en residencias de mayores para atender a personas con dependencia severa (Grado II) y gran dependencia (III). Esta entidad advierte de que son necesarias más de 50.000 plazas para atender la demanda actual de personas con Grado II y Grado III de dependencia, y casi 100.000 para alcanzar las cinco plazas por cada 100 personas mayores de 65 años que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Basándose en los datos del Informe Mayores, publicado recientemente por el Imserso, la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales sostiene que las residencias siguen siendo un recurso muy necesario en nuestro país como consecuencia del incremento de población de avanzada edad y en situaciones de dependencia y de la necesidad de cuidados de larga duración.
Al comienzo de 2025, España contaba con 412.109 plazas de residencias para personas mayores, 17.044 más que el año anterior (+4,3). De hecho, 2021 a 2025, las plazas residenciales han aumentado en 23.075. Sin embargo, el déficit de plazas residenciales sigue en ascenso. “Si en 2014 faltaban 53.103 plazas para alcanzar la ratio del 5 %, en el último año este déficit casi se duplica, alcanzando las 96.916”, concretan. Esto se debe a que la población mayor de 65 años ha crecido también en más de 800.000 personas.
Actualmente, 339.655 personas viven en residencias de mayores, 62.634 más que el año anterior (15,9 %), lo que supone una ocupación total del 82,4 % de las plazas existentes.
¿Cuántas plazas residenciales precisamos?
La Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios estima que serían necesarias más de 50.000 plazas residenciales sólo para atender la demanda de la lista de espera de la dependencia. Según los últimos datos oficiales (Estadísticas SAAD. Noviembre 2025. IMSERSO), en España, hay 32.842 personas con Grado II y 15.686 con Grado III en lista de espera de ser atendidas. Además, existen más 57.091 personas pendientes de valorar, que son susceptibles de obtener uno de esos grados. “Si se aplica el porcentaje de personas atendidas en residencias (34% de grado III y 21% de grado II), la demanda actual de un servicio residencial en plaza concertada o prestación vinculada sería de 32.241 personas en situación de dependencia severa o gran dependencia”, aseguran.
Pero a esto debe sumarse que hay 6.652 Programas Individuales de Atención (PIAs) no efectivos de residencias y 12.070 PIAs no efectivos para prestaciones vinculadas para residencias, así como revisiones de grado solicitadas (por empeoramiento), que, en su mayoría, será para poder solicitar una plaza residencia.
Datos de residencias por comunidades autónomas
Las comunidades autónomas con mayor déficit de plazas de residencias de mayores en 2025 siguen siendo Andalucía y Valencia, con 36.327 y 26.929 respectivamente. Entre las dos suponen las tres cuartas partes del déficit (65,3%). Por otra parte, los datos reflejan que en siete comunidades autónomas hay un exceso de plazas, destacando Castilla y León, con 16.712.
Cinco comunidades autónomas expresan una ocupación casi completa de sus plazas residenciales, con porcentajes superiores al 95%: Extremadura (con un poco creíble porcentaje del 100%), Canarias, Castilla-La Mancha, Baleares y Madrid. Sin embargo, otras tienen porcentajes muy bajos, lo que sugiere una inadecuada distribución de sus plazas residenciales o un elevado coste, que las convierte en inasequibles. Entre ellas se encuentran: Asturias, País Vasco y la Comunidad Valenciana.
Plazas residenciales de mayores de financiación pública
La Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales también han analizado el número de residencias con financiación pública y privada. Y ha explicado que 7 de cada 10 residencias son de financiación pública. En concreto, el 71,1% de las plazas residenciales de personas mayores son de financiación pública, un total de 292.986, frente a las 119.123 exclusivamente privadas.
Las plazas de financiación pública incluyen a las plazas en centros públicos, a las plazas concertadas en centros privados, y a las plazas que se financian con la prestación vinculada al servicio.
Tanto el número como el porcentaje de plazas de financiación pública ha aumentado desde 2015, hasta alcanzar 2,88 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años, la más elevada hasta la fecha. Y las comunidades autónomas con mayor cobertura de plazas de financiación pública son Castilla y León y Castilla-La Mancha, seguidas de Extremadura y Aragón. En el otro extremo, es decir, comunidades con menos plazas de financiación pública, se sitúan Canarias, Murcia y Valencia.
Desinstitucionalización, aún por desarrollar
Otra cuestión que ha destacado la Asociación de Directoras y Gerentes en relación a la atención a la dependencia es el escaso desarrollo que ha tenido la estrategia de desinstitucionalización propuesta por el Ministerio de Derechos Sociales planteó en 2023. Según recuerdan, el objetivo era la permanencia de las personas en situación de dependencia en su hogar, lo que, de lograrse, reduciría la necesidad de plazas residenciales. Además, se complementaría con la humanización de los centros con un nuevo modelo residencial, en línea con la propuesta que planteó la Asociación.
Sin embargo, no se han dado pasos en esta estrategia, ni se han reforzado los servicios de atención domiciliaria, cuyo exponente más importante es la ayuda a domicilio.
En 2024 este servicio tenía una cobertura de 5,8%, ocho décimas más que en el año previo a la pandemia. Por otra parte, la media de horas de atención y cuidados solo alcanza 23,8 horas mensuales, ni siquiera tres horas más que en el año 2012. “Estos datos tan pobres y la escasa evolución que registran en los últimos años, impiden avanzar en la estrategia de desinstitucionalización, sin que su coste recaiga sobre las propias personas o sus familiares, y casi siempre en perjuicio de la vida personal y de la conciliación de quienes suelen ser de manera abrumadora quienes proporcionan estos cuidados: las mujeres”, explican.
Necesidad de datos fiables
Tener datos fiables para planificar los recursos es clave para seguir mejorando el sistema de dependencia. En este sentido, el Ministerio de Derechos Sociales publicó en abril de 2024 el primer Censo de Centros Residenciales en España. A la Asociación de Directoras y Gerentes le sorprendió que los datos de ese Censo diferían de manera importante de los del tradicional Informe Mayores; así, frente a las 398.575 plazas del Informe, el Censo ofrecía el dato de 323.272 “censadas” (381.514 según estimación). Por otra parte, “a pesar del compromiso de actualizar el Censo en 2025, ésta no se ha realizado. Esperamos ver si, cuando se haga, las cifras coinciden o se acercan más, para que podamos conocer la realidad de este sector tan importante para la protección social en España”, explican.
Esta entidad también advierte de que el índice de cobertura que se utiliza, tomando como referencia la población mayor de 65 años, resulta inadecuada en la sociedad actual. “La media de edad de las personas mayores en residencia se sitúa en torno a los 85 años -en el propio Informe se dice que el 75,5% de las personas que viven en residencias tienen más de 80 años-. Hay una tendencia a que cada vez sean personas más mayores, en parte por la prolongación de la vida y de la edad en la que aparecen las situaciones de dependencia y, también, porque las personas deseamos, cada vez más, permanecer en nuestra propia casa el mayor tiempo posible”, subrayan. Por todo ello, solicitan al Imserso que proponga al Consejo Territorial un acuerdo para fijar una ratio más adecuada a la sociedad actual y a la situación y demandas de las personas mayores.
En su opinión, se requieren “unas referencias imprescindibles, ya que todavía se siguen creando centros residenciales a golpe de promesa electoral. Frente a estas prácticas debe prevalecer una planificación racional, de tal manera que si hay que construir nuevos centros, se haga allí donde viven las personas que las necesitan y sus familiares, ya que las residencias deben ser servicios de proximidad”.
