España ante el reto de los cuidados de larga duración

La sostenibilidad de los cuidados de larga duración, los modelos de alojamiento, la eficacia de los apoyos domiciliarios y la acreditación de la calidad en residencias y centros de día centraron la jornada técnica «Sostenibilidad de los Cuidados de Larga Duración» organizada por la Fundación Caser y la Fundación Pilares en la sede del Imserso. El encuentro reunió a profesionales, instituciones y personas expertas con el objetivo de compartir evidencias, experiencias y propuestas ante el avance del envejecimiento y el aumento de las necesidades de apoyo.

En la inauguración, Mónica Hernando Ruiz, responsable de Proyectos de Fundación Caser, subrayó que los cuidados de larga duración “son un reto que nos interpela como sociedad” y defendió la necesidad de avanzar hacia “modelos que garanticen calidad, dignidad y autonomía para las personas mayores”. En esta línea, destacó que la jornada nacía como un espacio para compartir conocimiento y abordar cuestiones clave como “asegurar la sostenibilidad económica y social de los cuidados, revisar qué modelos de alojamiento responden mejor a las necesidades actuales, mejorar la eficacia de los apoyos domiciliarios y garantizar la calidad en residencias y centros de día desde el nuevo modelo de cuidados centrados en la persona”.

Por su parte, Pilar Rodríguez, presidenta de la Fundación Pilares, reclamó “una mirada innovadora” para afrontar un escenario en el que, advirtió, se necesitarán cuidados “de más calidad, de más intensidad y de mayor extensión” por el aumento de la población mayor. En su intervención, alertó sobre la transformación de las familias y del riesgo de que determinados debates conduzcan a una “refamiliarización” de los cuidados. En este sentido, situó el foco en un doble reto: por un lado, hacer posible el deseo mayoritario de permanecer en casa mediante una atención domiciliaria sostenible “en términos económicos, de calidad de vida y sin penalizar a las familias cuidadoras”; y por otro, impulsar un cambio de modelo en residencias, hacia “alojamientos más comunitarios, más pequeños y cercanos a una vivienda convencional” para quienes no puedan seguir en su domicilio.

Demografía y coste de los cuidados

En la conferencia, Márко “La sostenibilidad de los cuidados de larga duración en Europa”, Jacek Barszczewski, investigador en Políticas Sanitarias en Cuidados de Larga Duración de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), aportó datos sobre la demanda de servicios de cuidados de larga duración, cuáles son los costes de esos cuidados sin protección social pública y cómo esos costes pueden afectar al riesgo de pobreza de las personas mayores. Asimismo, describió algunas soluciones que los países pueden aplicar para mantener la sostenibilidad de los sistemas de cuidados de larga duración ante el envejecimiento de la población.

Según expuso, en los países de la OCDE una de cada cuatro personas tiene necesidades de cuidados de larga duración. “Esto significa que los sistemas de cuidados de larga duración, que ya tienen dificultades para responder a la alta demanda, podrían verse aún más sobrecargados. De ahí que sea imprescindible preguntarse qué pueden hacer los países para garantizar que sus ciudadanos reciban una atención adecuada”, cuestionó.

Estas necesidades de cuidado son muy similares en España.

Sin embargo, España presenta una proporción más alta de personas mayores con necesidades graves en comparación con el promedio de la OCDE. Esto es importante porque las personas con necesidades graves afrontan los costes más elevados y, por tanto, son más vulnerables y las que más dependen de la protección social pública.

De hecho, apuntó que la demanda de cuidados de larga duración es mayor en los grupos con menos ingresos. En España, el 25 % de las personas mayores con necesidades de cuidados tiene ingresos bajos.

El experto ilustró el impacto económico que pueden suponer los cuidados formales en ausencia de cobertura pública. En el caso español, indicó que el coste de los cuidados equivaldría, para personas mayores con necesidades graves, al 193 % del ingreso medio si reciben cuidados a domicilio, y al 115 % en cuidados residenciales, cifras que, a su juicio, evidencian que los cuidados no resultan asequibles para una parte importante de la población si no existe un sistema de apoyo suficiente.

Sobre el papel de la protección social pública, Barszczewski hizo un recorrido por los modelos europeos. En Suecia, Finlandia, Alemania o los Países Bajos, el coste total o casi total de los cuidados está cubierto por la protección social pública. A su vez, en el caso de España, se cubre una parte. En concreto, la cobertura pública alcanzaría aproximadamente el 30 %, 42 % y 52 % del coste para personas con ingresos medios y necesidades leves, moderadas y graves, respectivamente; porcentajes inferiores a los de otros países europeos. Aun así, advirtió de que los gastos de los cuidados para las personas siguen siendo elevados y pueden resultar inasumibles para muchas personas si no se refuerzan los apoyos.

Prevención, eficiencia y apoyo a los cuidadores

Tras el diagnóstico, el investigador de la OCDE planteó tres grandes alternativas políticas para sostener los sistemas ante el envejecimiento:

• Promover el envejecimiento saludable y la prevención, defendiendo que la prevención debe entenderse como inversión. Entre los ejemplos expuestos, citó experiencias como las visitas preventivas a domicilio en Noruega, asociadas a descensos en ingresos en centros de cuidados de larga duración y en hospitalizaciones en mayores.
• Mejorar la eficiencia del gasto, insistiendo en que antes es necesario actualizar la protección social en consonancia con el aumento de costes. Entre las palancas, mencionó dirigir mejor los recursos hacia personas con menores ingresos y mayores necesidades, así como incorporar tecnología (detección de caídas, planificación de visitas con IA), siempre acompañada de formación a los equipos.
• Apoyar a familias y comunidades, recordando que una parte muy relevante de los cuidados sigue recayendo en la atención informal y que este apoyo no es “gratuito”, por el coste de oportunidades y el impacto económico que puede implicar.

La gestión de casos mejora la calidad de vida y reduce la fragilidad, gracias al acompañamiento y a la toma de decisiones informadas.

Evidencias sobre la efectividad de los alojamientos

La primera mesa de la jornada, centrada en los estudios de efectividad en modelos de alojamiento, puso sobre la mesa distintas experiencias que muestran cómo diversificar los recursos y avanzar hacia modelos más flexibles y comunitarios puede mejorar la calidad de vida de las personas mayores sin perder de vista la sostenibilidad del sistema.

Alba Rodríguez, directora general de Personas Mayores de Castilla-La Mancha, presentó la experiencia de las viviendas para mayores impulsadas en esta comunidad autónoma, un modelo especialmente adaptado a territorios con alta dispersión geográfica y pequeños municipios. Castilla-La Mancha cuenta actualmente con 183 recursos de este tipo, un número que, según explicó, “crece constantemente”, lo que demuestra que “es un recurso que ha encajado muy bien en el territorio”.

Rodríguez subrayó que se trata de viviendas de titularidad municipal, cuyo mantenimiento se financia de forma compartida entre los ayuntamientos y la Junta, con el apoyo de ayudas y fondos europeos para facilitar su implantación en municipios pequeños, muchos de ellos con menos de 500 habitantes. En los últimos años, además, se ha reforzado el modelo con la incorporación de servicios nocturnos que garantizan atención las 24 horas, una medida que ya han adoptado 42 municipios y que permite que “el grado de dependencia deje de ser un factor limitante para acceder a este recurso”.

La responsable autonómica destacó que este tipo de alojamiento facilita una transición menos traumática que la residencia tradicional: “A la persona le cuesta menos dejar su casa, comparte con otras personas y puede compatibilizar este recurso con servicios como la teleasistencia o la ayuda a domicilio”. De hecho, señaló que muchas personas permanecen en estas viviendas hasta el final de su vida y que, en los municipios donde existen, actúan como un revulsivo frente a la soledad no deseada.

La mesa continuó con la intervención de Susana Delgado, quien abordó la efectividad de las residencias que proveen servicios a la comunidad desde la experiencia de Caser Residencial. Delgado reconoció que las residencias arrastran un importante descrédito social, pero insistió en la necesidad de analizar su aportación real al sistema de cuidados.

En este sentido, recordó que muchas personas llegan a los centros con altísimos niveles de fragilidad y dependencia, lo que tensiona la coordinación sociosanitaria. “Hay personas que no se levantan, no comen o no van al baño si no tienen un cuidado detrás”, afirmó, poniendo el foco en colectivos especialmente vulnerables, como las más de 800.000 personas con demencia que viven en España.

Delgado defendió que las residencias deben entenderse como nodos de cuidado especializado, desde los que se despliegan equipos profesionales con capacidad para atender tanto dentro del centro como en coordinación con otros recursos. Alertó, además, que el sistema no puede limitarse a “cuidar la dependencia”, sino que debe trabajar activamente para frenarla, promoviendo la autonomía y la rehabilitación.

La mesa se cerró con la intervención de Camilo Arias, investigador del Proyecto AICP.COM, que presentó los primeros resultados de la evaluación económica y de calidad del cambio de modelo en residencias participantes en esta iniciativa financiada con fondos Next Generation. Su análisis puso el acento en cómo la implantación de modelos de Atención Integral y Centrada en la Persona no solo tiene impacto en la calidad de vida y el bienestar de las personas residentes, sino también en la organización de los cuidados y en la eficiencia del sistema, reforzando la idea de que el cambio de modelo es una palanca clave para afrontar los retos futuros de los cuidados de larga duración.

Cuidados en el domicilio y en la comunidad

En la jornada sobre los cuidados de larga duración también se abordó la eficiencia y eficacia de los ecosistemas de apoyo en domicilios y en la comunidad, poniendo el foco en la prevención, la personalización de los cuidados y la necesidad de una mayor coordinación entre sistemas y agentes locales como claves para avanzar hacia un modelo sostenible sin renunciar a la calidad.

Clarisa Ramos-Feijóo, profesora titular de la Universidad de Alicante, abrió el debate reflexionando sobre la sostenibilidad desde una perspectiva amplia, que va más allá de lo económico. A su juicio, hablar de cuidados comunitarios exige equilibrar “lo humano y lo económico” y evitar la idea de que la Atención Integral y Centrada en la Persona (AICP) pueda traducirse en un simple abaratamiento de costes. “No importa cuántos recursos tengamos si no sabemos cómo utilizarlos; siempre seremos pobres”, afirmó.

Ramos-Feijóo defendió el valor de las redes comunitarias y los servicios profesionales de proximidad como garantes de unos cuidados más humanos y de mayor calidad, subrayando que la comunidad no es un concepto del pasado, sino una realidad en constante transformación. En este contexto, alertó de riesgos como la refamiliarización y refeminización de los cuidados asociadas a determinados procesos de desinstitucionalización, y reclamó una mayor participación de las personas implicadas en la toma de decisiones: “Las personas mayores de hoy tienen demandas diferentes; quieren ser escuchadas y ser protagonistas”.

Asimismo, señaló la falta de coordinación sociosanitaria como una de las grandes asignaturas pendientes del sistema y recordó que la sostenibilidad debe entenderse en sus tres dimensiones: social, económica y ambiental, apostando por modelos basados en la prevención y la atención domiciliaria que permitan “mejorar la calidad de vida en la comunidad el mayor tiempo posible”.

En la misma mesa, Pilar Rodríguez, presidenta de Fundación Pilares, centró su intervención en los beneficios de la gestión de casos y de la intervención comunitaria, una metodología orientada a alcanzar un doble objetivo: mejorar la calidad de vida de la persona mayor y de su familia cuidadora, y aumentar la eficacia y eficiencia del sistema mediante la coordinación de apoyos y el aprovechamiento de los recursos públicos y comunitarios.

Rodríguez explicó que la experiencia acumulada muestra resultados significativos en ámbitos como la reducción de la fragilidad, la soledad no deseada y la mejora de la calidad de vida, así como altos niveles de satisfacción tanto de las personas atendidas como de sus familias, que valoran especialmente el acompañamiento y el apoyo en la toma de decisiones. “La gestión de casos lo cambia todo”, afirmó, al destacar el papel de esta figura para reconstruir identidades, promover la autonomía y conectar a las personas con los recursos disponibles en su entorno.

Especial relevancia otorgó a la dimensión comunitaria, que calificó como la más innovadora del modelo AICP, y al papel del agente o conector comunitario, una figura clave para activar recursos, generar alianzas y promover procesos participativos en la comunidad. No obstante, advirtió de la necesidad de avanzar hacia metodologías más claras y formación específica ante las desigualdades existentes en su desarrollo entre territorios.

Modelo español y otras experiencias europeas

Joseba Zalakain, director del SIIS de la Fundación Eguia Careaga, analizó el modelo de cuidados en España y su escasa capacidad para responder a las necesidades reales de las personas. Zalakain criticó un sistema con un catálogo limitado de prestaciones y una lógica en la que “es la administración la que elige”, cuando, en su opinión, debería facilitar paquetes personalizados de apoyos.

A partir de experiencias internacionales, como Alemania o Escocia, y de ejemplos más cercanos como Gipuzkoa y Navarra, Zalakain expuso el funcionamiento de los presupuestos personales y los apoyos autodirigidos, fórmulas que otorgan a las personas mayor capacidad de elección y control sobre sus cuidados, con el acompañamiento de gestores de casos y bajo marcos de regulación e inspección sólidos. Frente a ello, señaló que en España persisten problemas estructurales como la fragmentación competencial y el diseño de determinadas prestaciones económicas, lo que dificulta avanzar hacia modelos de mayor autodeterminación y eficiencia.

La jornada concluyó con una idea compartida por la mayoría de las personas expertas: la sostenibilidad de los cuidados de larga duración no se resolverá con soluciones únicas ni con respuestas simplistas. Requiere combinar prevención, personalización, coordinación y diversidad de recursos, reforzando la atención domiciliaria y comunitaria, sin renunciar a residencias transformadas y alineadas con el nuevo modelo de cuidados centrados en la persona. Un reto complejo que interpela a administraciones, profesionales y sociedad en su conjunto, y que exige decisiones valientes para garantizar cuidados de calidad, equitativos y sostenibles a lo largo del tiempo.