El último informe de la dependencia considera que el Gobierno propone una reforma de la Ley sin garantías reales

El Gobierno ha propuesta una reforma de la Ley de Dependencia (Ley 39/2006) mientras congela la financiación del sistema, lo que pone en duda la efectividad de los nuevos derechos propuestos, tal y como refleja el último informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales (ADyGSS).

Tras el «Plan de Choque» implementado entre 2021 y 2023, que incrementó en 3.793 millones de euros la financiación estatal, en 2024 se detiene este refuerzo económico, dejando sin respaldo la ampliación de derechos que plantea la reforma.

A día de hoy, 270.325 personas siguen en listas de espera, con una demora media de 334 días para recibir una prestación o servicio (en algunas Comunidades Autónomas, más de dos años). Cada 15 minutos fallece una persona sin haber recibido la ayuda a la que tenía derecho, lo que en 2024 se tradujo en 34.252 fallecimientos. Además, las prestaciones económicas resultan insuficientes, con una media de 264 euros mensuales para cuidadoras no profesionales, lo que refleja la precariedad del sistema.

Según el estudio de la ADyGSS, sin un aumento en la financiación, los nuevos derechos que esta reforma pretende incorporar quedan en papel mojado, generando expectativas que no se pueden cumplir para las personas en situación de dependencia y sus familias. De hecho, muchas de las medidas propuestas ya se aplican en diversas Comunidades Autónomas sin necesidad de reformar la ley.

Medidas esenciales en la reforma de Ley

Un ejemplo claro es la teleasistencia, gratuita para todas las personas dependientes que vivan en su domicilio. Esta medida fue incluida en el Plan de Choque, pero cuatro años después, el 58% de los usuarios en sus hogares siguen sin acceso a este servicio.

¿Por qué no se asegura la financiación de este derecho ya establecido, en lugar de volverlo a reconocer, sin más financiación?

Otra de las medidas importantes de la reforma es el impulso de la atención domiciliaria, según el informe de la ADyGSS. Sin embargo, en la práctica, la intensidad del servicio sigue siendo extremadamente baja: 34 horas mensuales de ayuda a domicilio para personas con dependencia moderada (una hora al día) y 62 horas mensuales para personas con mayor grado de dependencia, grado III, (apenas dos horas diarias).

¿De qué manera va a reforzar la atención en los domicilios una ley que apuesta por ellos pero que no contempla un incremento de financiación para estos servicios domiciliarios o para aumentar la cuantía de las prestaciones económicas por cuidados familiares o no profesionales?

En el ámbito de los derechos sociales, sin una memoria presupuestaria y un compromiso real de financiación, las leyes se quedan en papel mojado. La reforma no plantea cambios en el modelo de financiación, un aspecto clave para garantizar su efectividad. Además, se presenta cuando aún están pendientes otras normativas importantes, como la Ley de Familias o la Ley de Servicios Sociales, y justo después de paralizar el aumento de financiación estatal a la dependencia.

Desde la aprobación de la Ley de Dependencia en 2006 han pasado 18 años, 13 ministros y numerosos informes del Observatorio de la Dependencia, que profundizan sobre el sistema.

Obras son amores y que no se debe jugar con la angustia y las expectativas de personas que necesitan cuidados para sus actividades básicas de la vida diaria, ni con la de sus cuidadores o, mejor dicho, de sus cuidadoras.