El sector social propone soluciones “viables y sostenibles” al nuevo modelo de acreditación de centros

El sector social de atención a las personas mayores ha propuesto, al unísono, soluciones “viables y sostenibles” al nuevo modelo de centros que prepara el Ministerio de Derechos Sociales durante la celebración de la jornada “Los cuidados de calidad para las personas mayores”, organizada por la CEOE en Madrid y a la que han asistido AESTE, ASADE y FED.

Las organizaciones, siempre partidarias de implementar mejoras en la calidad de los servicios y en las condiciones laborales de sus trabajadores, coinciden en que “no se puede perder la oportunidad» de mejorar el sector basándose solo en aspectos como el espacio y el personal, sin definir objetivos de calidad, sin establecer indicadores, ni áreas de actuación prioritarias relacionadas con la atención de las personas.

El sector, además, está muy preocupado por las 180.000 personas que viven en residencias y las más de 33.000 que acuden a un centro de día de manera privada (o que se encuentran en el limbo esperando las ayudas), ya que no se ha tenido en cuenta que el cambio de modelo conllevará un aumento del coste de la plaza que muchos no podrán asumir.

Lo primero, las personas

Siempre con la idea de que “lo primero son las personas”, las patronales han afirmado que, como punto de partida, se requiere:

1. Que se garantice la libertad de elección del usuario, “que no se deje de lado a nadie, ni por el lugar de residencia ni por sus recursos económicos”. Y es que, según afirman, “el modelo planteado por el Gobierno es discriminatorio ya que “beneficia a las personas mayores que viven en las ciudades, en detrimento del medio rural, al limitarse en mayor medida las plazas en los pueblos”.
2. Atención exprés, de tal forma que se articule un procedimiento para aquellos casos que por urgencia social requieren un recurso de forma inmediata, y que las administraciones “simplifiquen y agilicen los procedimientos” para que, de una vez, cumplan con la obligación de eliminar las listas de espera en España para acceder a la dependencia y concedan la prestación en esos 180 días que marca la Ley (actualmente se está en 438 de media en el país). “Nadie puede fallecer sin atención”, han apuntado.
3. Financiación digna para poder poner en marcha el nuevo modelo y, sobre todo, dignificar a los profesionales y personas usuarias. Consideran que, ante cualquier cambio de modelo, es necesario la realización de un estudio previo para saber cuál es la repercusión económica en el Estado y en las comunidades, así como en la persona usuaria, y solo después se planteen “cambios sostenibles” para la realidad actual y se apruebe “un presupuesto asumible”.
4. Garantía de atención sociosanitaria de todos los residentes, ya que, tal y como exponen, “los ciudadanos no pueden perder el derecho universal a la sanidad por el hecho de vivir en centros residenciales”. Los centros residenciales son “hogares grandes”, no “hospitales pequeños”.

Colaboración público-privada

El sector ha defendido que “la colaboración público-privada es fundamental para alcanzar los objetivos que plantea el decreto de Acreditación, ya que si hoy existen plazas residenciales en España es porque “se ha consolidado un sistema público de prestaciones a personas mayores dependientes basado en la colaboración público-privado”.

“El SAAD no sería sostenible sin esa colaboración”, explican, mientras recalcan que las plazas concertadas o las prestaciones económicas vinculadas al servicio “son parte de la red pública del SAAD y, como tal, son financiadas por las administraciones”. Por otro lado, demandan que pueda adaptarse el tamaño de las unidades de convivencia a cada espacio residencial y piden que las comunidades autónomas tengan derecho a decidir.