El sector social de atención a las personas hace un llamamiento urgente al Gobierno y a todos los grupos parlamentarios para que presenten y aprueben un suplemento de crédito presupuestario que permita comenzar el camino de la mejora de las condiciones laborales y la equiparación salarial de los profesionales del ámbito de la dependencia.
“Estamos convencidos de que si se pide un suplemento de crédito para incluir el 5%, también se puede llegar al 10%. No podemos bajar la cabeza ante esta situación. El sector dice basta”, subrayan las entidades.
Las organizaciones subrayan la necesidad de alcanzar un consenso amplio entre el Ejecutivo y las distintas fuerzas parlamentarias para situar a los profesionales de los servicios sociales como una prioridad política.
“Es imprescindible un amplio consenso y acuerdo entre el Gobierno y el resto de fuerzas políticas parlamentarias para situar a los profesionales de la red de servicios sociales como una prioridad, invirtiendo los recursos necesarios para la equiparación en un plazo de 4 o 5 años. A igual trabajo, igual salario”, insisten.
Tal y como revela el Estudio socioeconómico de la atención para personas en situación de dependencia en España 2024, se estima que en Cataluña serán necesarios 20.000 profesionales adicionales en el año 2030 para hacer frente al aumento de personas mayores con dependencia, ante el envejecimiento de la población. En este contexto, las entidades reclaman ser reconocidas como “el cuarto pilar del estado del bienestar” y recuerdan que “se necesitan personas formadas, con vocación y que quieran trabajar en este sector». Para conseguirlo, es esencial poderles pagar sueldos más dignos”, añaden.
“Es imprescindible y muy urgente hacer este esfuerzo para revertir una situación que no puede demorarse más, y que está afectando directamente a uno de los colectivos más vulnerables de nuestro país: las personas que necesitan cuidados y ayuda en su día a día no las podemos abandonar por falta de acuerdo político”, puntualizan.
«La falta de presupuestos no debe ser un obstáculo para dignificar un ámbito que debería ser el cuarto pilar del estado del bienestar», consideran las entidades firmantes. Por eso, se pide al Gobierno y a todos los grupos parlamentarios el compromiso de presentar y aprobar los suplementos de crédito necesarios para hacerlo posible.
