En el mes de octubre se ha celebrado el Día Internacional de las Personas Mayores. Este año el lema de la ONU, «Las personas de edad impulsan la acción local y mundial: nuestras aspiraciones, nuestro bienestar y nuestros derechos», ha querido destacar el papel transformador que desempeñan las personas mayores en la construcción de sociedades resilientes y equitativas. En España viven más de 10 millones de personas mayores y, en el sector de la dependencia, tenemos claro su papel protagonista, pero el interés por la población sénior es cada vez mayor y trasciende la frontera de lo sociosanitario. ¿La sociedad está cambiando?
En la redacción de Balance Sociosanitario llevamos semanas recibiendo información de fundaciones, empresas y entidades de distinto carácter que informan sobre la puesta en marcha de iniciativas y servicios orientados al bienestar de la población mayor. También en redes se agolpan los mensajes de apoyo y reconocimiento. Cabría pensar que cada vez estamos más concienciados con las necesidades e intereses de las personas mayores. Ahora bien, ¿eso significa que realmente se está produciendo un cambio? ¿Estamos avanzando en la línea adecuada para responder al reto demográfico, que ya es un hecho?
Después de escuchar las impresiones de organismos públicos como el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), patronales del sector sociosanitario, asociaciones representantes del colectivo de personas mayores y otras asociaciones sin ánimo de lucro que trabajan por el bienestar social, la conclusión es clara: se está avanzando desde todos los estamentos para defender los derechos de las personas mayores, pero hay mucho por hacer para acabar con el edadismo o discriminación por edad y crear una sociedad más inclusiva que reconozca el valor de las personas mayores y promueva su participación sin limitaciones absurdas y degradantes.
Hay que alejarse de la falsa idea de que son beneficiarios pasivos y verlos como impulsores del progreso, porque las personas mayores aportan sus conocimientos y experiencia, pero también son activos necesarios en el plano económico. Es insolidario, pero sobre todo muy torpe, poner barreras a una etapa vital, a la que, con suerte, todos llegaremos. Ante eso, tendríamos que asumir que tenemos una sociedad estrecha de miras que lanza piedras a su propio tejado.
Respuesta institucional ante el reto demográfico
En España, las administraciones públicas llevan años reconociendo el problema demográfico al que nos enfrentamos. Se habla de ello y trabajan, en la medida de lo posible, en soluciones que pueden resultar eficaces. De hecho, casi todas tienen Departamentos de Personas Mayores en las consejerías de Bienestar Social. ¿Que eso no siempre es suficiente? Está claro, pero es un paso relevante y un gesto de voluntad por mejorar.
No obstante, el fenómeno demográfico y la conquista del envejecimiento requieren, además, un cambio de mentalidad social, que está resultando complicado de conseguir. Por suerte, muchas entidades y expertos están empeñados en demostrar que, a pesar de la falta de conciencia, se trata de una justicia social y no van a cesar en la reivindicación histórica de los derechos de los mayores.
Convención de Derechos de las Personas Mayores
En un acto organizado por el Imserso con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, su directora general, Mayte Sancho, alertó de que vivimos un “momento crítico” porque se está creando una animadversión hacia las personas mayores, “un error histórico que debemos combatir con los hechos”. Las personas mayores “estamos comprometidas con el futuro de la sociedad y estamos aquí para ayudar. Creemos en la reciprocidad. Nos preocupa que otras generaciones vivan peor que nosotros. Queremos que se desarrollen políticas públicas que protejan los derechos de todas las personas, de todas las edades. No vamos a entrar en la confrontación”, afirmó.
En ese mismo encuentro, se reflexionó sobre la Convención de los Derechos de las Personas Mayores, cuya redacción fue aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en abril de este año. Esta iniciativa, que marca un hito en la protección de los derechos humanos, servirá de empuje para diseñar una sociedad más igualitaria, mucho más justa, que garantice el derecho a envejecer con salud, bienestar y dignidad.
Garantizar la accesibilidad universal es esencial paraque las personas mayores vivan de forma autónomay participen en la sociedad
Conseguir una Convención que garantice los derechos de las personas mayores ha sido un objetivo largamente perseguido, que se ha debatido en el seno de la ONU durante dos décadas. En mayo de 2024, la ONU aprobó trasladar la cuestión a la reunión del Consejo de Derechos Humanos de Ginebra. Y el resultado será este instrumento internacional jurídicamente vinculante para promover, proteger y asegurar el reconocimiento y la realización, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos de las personas mayores. Según explicó Mayte Sancho, el proceso puede ser largo, pero “queremos una Convención de derechos sólidos, unívocos y aplicables”, concretó.
El Imserso, en representación de España y en coordinación con la Subdirección de Relaciones Internacionales del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, así como con el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y las Misiones Permanentes de España en Ginebra y Nueva York, han participado en las reuniones previas. Ahora, España va a adoptar un papel pionero y líder para el reconocimiento del derecho a un envejecimiento saludable.
Reivindicación de una Ley Integral en España
En el Día Internacional de las Personas Mayores, la Plataforma de Mayores y Pensionistas de España (PMP) y el conjunto de las organizaciones que la conforman lanzaron un manifiesto en el que reivindican el papel esencial que cumplen en nuestra sociedad las personas mayores y con discapacidad, además de exigir una Ley Integral para el pleno y efectivo cumplimiento de sus derechos.
En este manifiesto, la PMP explica que las personas mayores no son una carga, sino un pilar activo, generador de valor, y una pieza esencial para el progreso, la solidaridad y la cohesión social. Insta a afrontar el reto demográfico que vive nuestro país -que es uno de los más longevos del mundo- como una gran oportunidad para construir sociedades más inclusivas, solidarias y equitativas, donde la edad jamás sea motivo de discriminación, ya que “sin derechos plenos en la vejez, no hay futuro digno para nadie”, sentencian.
Entre las demandas principales de la PMP se encuentran: la sostenibilidad y suficiencia del sistema público de pensiones; la eliminación de las listas de espera, el refuerzo de la atención primaria y la atención geriátrica especializada, además de la erradicación de la brecha en el acceso a los servicios sanitarios entre comunidades autónomas; un sistema de atención a la dependencia ágil, eficaz y con financiación suficiente y estable, o un marco jurídico sólido de protección frente a abusos y discriminación.
Asimismo, reclama la aprobación de una Ley Integral de Derechos de las Personas Mayores que sea vinculante, dotada de recursos y con mecanismos de seguimiento efectivos, que garanticen la dignidad, autonomía, igualdad y participación.
Los sindicatos UGT y CCOO, en un manifiesto conjunto, también reivindicaron que es imprescindible una Ley Estatal de Defensa y Garantía de los Derechos de las Personas Mayores que reconozca y garantice derechos y articule políticas públicas con enfoque de derechos humanos, género y diversidad.
Denunciaron que, lejos de recibir el reconocimiento merecido, las personas mayores sufren realidades de abandono, discriminación y precariedad que ponen en riesgo el modelo de estado de bienestar.
Del mismo modo, pusieron sobre la mesa algunas cuestiones urgentes que se deben revisar, como medidas eficaces contra el edadismo, pensiones dignas y suficientes que compensen las desigualdades de género, el acceso a viviendas adecuadas o un sistema de dependencia con financiación estatal y autonómica equitativa y suficiente que garantice una vida digna y autónoma a las personas mayores.
Dependencia y cuidados
Desde el sector sociosanitario, el presidente del Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPs), Rafael Sánchez-Ostiz, expresó que el envejecimiento no es una amenaza, es una realidad que exige planificación, recursos y valentía política. E indicó que es hora de que los derechos de las personas mayores dejen de ser invisibles o secundarios. Para eso, en su opinión, es necesario que administraciones, partidos y ciudadanía sumen esfuerzos para asegurar que la atención de las personas mayores no dependa del código postal en el que residan, ni de su capacidad económica, ni de su nivel de autonomía. “Lo que pedimos no es caridad, es justicia social”, indicó.
Desde CEAPs recuerdan que España sigue destinando solo un 0,9 % del PIB a la atención a la dependencia, lejos del 2 % que destinan de media los países de su entorno. Por eso, la organización reclama al Gobierno que los próximos Presupuestos Generales del Estado incluyan de forma explícita una partida que permita alcanzar ese 2 % como mínimo. “Es urgente que los cuidados de larga duración dejen de ser el hermano pobre del Estado del Bienestar. Invertir en cuidados es invertir en empleo, cohesión social y calidad de vida”, apunta Sánchez-Ostiz.
Medidas concretas que demanda CEAPs
Además, CEAPs demanda medidas concretas como:
- Que el Gobierno blinde por ley un sistema de cuidados profesional, sostenible y justo, que ponga fin a las desigualdades que hoy siguen marcando la atención a la dependencia.
- Corregir la desigualdad territorial: garantizar el mismo acceso y calidad a los servicios, vivas en una gran ciudad o en un pueblo de la España vaciada.
- Actualizar la Ley de Contratos Públicos: que en su redactado actual no permite revisar precios que quedan obsoletos en concursos por incremento real de los costes salariales, energéticos y de suministros.
- Agilizar la homologación de títulos profesionales, especialmente de personal de Enfermería, y flexibilizar la contratación de personas extranjeras, para hacer frente a la dramática escasez de profesionales del sector.
- Activar procedimientos exprés para responder con rapidez a personas en situación de dependencia sobrevenida y urgente.
Enfoque intergeneracional
Uno de los grandes retos sociales a los que nos enfrentamos en relación con el envejecimiento es el de construir una convivencia basada en el respeto mutuo entre generaciones.
El acercamiento intergeneracional es fundamental para reducir el edadismo. Conocerse, saber qué aportan jóvenes y mayores y cuáles son los beneficios de esa convivencia inevitable es clave para desmontar bulos y falsas ideas que favorecen la imposición de la polarización y la discriminación.
Por eso, desde las distintas organizaciones apuestan por un enfoque intergeneracional como solución.
“La intergeneracionalidad supone una forma concreta de construir vínculos, combatir el edadismo y generar espacios de encuentro que transforman realidades”, asegura Joaquín Pérez Gil-Delgado, referente del Programa Personas Mayores, con discapacidad y cuidadoras de Cruz Roja. Este experto comenta que a través de acciones sencillas pero significativas, se pueden crear oportunidades para que personas de distintas edades compartan tiempo, conocimientos y emociones. Cruz Roja Española tiene experiencia en ello porque cuenta con iniciativas para hacer frente al edadismo. De hecho, este año ha lanzado la campaña “De mayor quiero ser mayor”, que invita a mirar la vejez desde el respeto, la admiración y el vínculo entre generaciones.
Construir vínculos entre generacioneses clave para combatir el edadismo
La campaña parte de la pregunta “Y tú, ¿qué quieres ser de mayor?”. Con ella, Cruz Roja propone reflexionar sobre el tipo de sociedad que queremos construir, reconociendo que el envejecimiento es parte de la vida de todas las personas, y que ser mayor debe significar vivir con dignidad, participación y bienestar.
“De mayor quiero ser mayor” reivindica una sociedad que reconoce los derechos de todas las personas, sin importar la edad; valora la diversidad generacional como fuente de aprendizaje; integra a las personas mayores como protagonistas activas del presente; cuida el bienestar físico, emocional y social en todas las etapas de la vida, y promueve el aprendizaje como herramienta de desarrollo personal, inclusión social y participación activa. La campaña pone en valor también el papel de las personas jóvenes como agentes de cambio, con un peso importante para avanzar hacia una sociedad más equitativa, solidaria y sostenible, en definitiva, lo que se denomina justicia intergeneracional.
Abordando la brecha digital
En esta era de la revolución tecnológica, otro desafío que se plantea a las personas mayores es la brecha digital. La tecnología ha irrumpido en nuestras vidas para quedarse, por lo que la adaptación de las personas mayores es clave para mantenerse activas, participativas y autónomas. Así como para aprovechar todas las oportunidades que generan estas mismas tecnologías.
Durante el 5º congreso anual de Fundación Telefónica, organizado con el apoyo de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), su presidente, José Luis Fernández Santillana, insistió en que la tecnología supone “un desafío, pero también una oportunidad” para mejorar la calidad de vida del colectivo. Y recordó que la sociedad “está en constante transformación” y que la digitalización “impregna todos los aspectos de la vida”, por lo que “hay necesidades muy básicas, como usar el móvil o el ordenador que deben cubrirse”.
En este sentido, Fernández Santillana apeló a la importancia de la capacitación y el aprendizaje de las personas mayores para empoderarse y “generar un clima de confianza” entre las personas mayores “con las tecnologías de uso diario”.
En el encuentro, que reunió a expertos del ámbito público y empresarial, se recordó que el papel de la tecnología será fundamental para reducir la soledad, fomentar la conexión y brindar nuevas oportunidades de cuidado y bienestar.
Actualmente, existen proyectos tanto públicos como privados orientados a la capacitación de las personas mayores en el entorno digital. Lo importante es que las personas mayores no se queden fuera de esta revolución digital. Por tanto, es fundamental que estén informados y que la formación llegue a todos los puntos de la geografía española.
Accesibilidad, todavía por resolver
Garantizar la accesibilidad universal no solo implica eliminar barreras físicas, sino construir entornos que permitan a todas las personas—especialmente a las mayores y/o con discapacidad—desenvolverse con autonomía y participar plenamente en la vida social. Sin embargo, los datos muestran que este derecho sigue siendo una asignatura pendiente en España.
Según el informe “Sumando Voces”, elaborado por la Fundación Mutua de Propietarios con la colaboración de COCEMFE, un 77 % de los mayores de 65 años con movilidad reducida se enfrentan cada día a barreras arquitectónicas que dificultan su movilidad y limitan su participación social. Esta realidad afecta directamente a su bienestar emocional y a su calidad de vida: un 78 % reconoce haber tenido que renunciar a planes con amigos o familiares por falta de accesibilidad en su entorno.
“Las personas mayores con discapacidad física y orgánica viven situaciones de discriminación múltiple, derivadas no solo de la edad y la discapacidad, sino también de un entorno físico, social y económico que no responde a sus necesidades”, denuncia Anxo Queiruga, presidente de COCEMFE. “Las barreras físicas y la falta de apoyos adecuados limitan su autonomía y su calidad de vida”, añade.
El estudio pone de relieve, además, que solo una de cada cuatro viviendas (27 %) donde residen personas mayores con movilidad reducida está totalmente adaptada a sus necesidades. Este déficit de accesibilidad tiene consecuencias directas: un 47 % no puede realizar tareas domésticas por sí mismo, un 35 % no puede cocinar y un 20 % tiene dificultades para acciones básicas de autocuidado.
Ante esta situación, Queiruga subraya que “impulsar la accesibilidad universal y los apoyos profesionales y comunitarios debe ser una prioridad inaplazable en la agenda social y política para que las personas mayores puedan vivir con la mayor independencia y dignidad posible”.
Porque la accesibilidad no es solo una cuestión de infraestructura, sino de derechos. Es la llave que permite a las personas mayores seguir haciendo su vida de manera autónoma, mantener sus relaciones sociales y participar activamente en la comunidad, factores esenciales para su bienestar y su calidad de vida.
Mujeres y mayores, doble discriminación
Las mujeres mayores se enfrentan a una doble discriminación por razón de edad y de género, quedando fuera tanto de las políticas de igualdad como de las de envejecimiento. El informe “Invirtiendo en igualdad: abordando la brecha de financiamiento para mujeres mayores”, de HelpAge International, revela que solo el 0,1 % de la ayuda internacional destinada a la igualdad de género incluye específicamente a mujeres mayores.
A pesar de que representan ya el 27 % de la población femenina mundial, y que en 2050 serán más de un tercio, sus necesidades siguen siendo invisibles en las agendas globales. Décadas de trabajo de cuidados no remunerado, empleo informal y discriminación las dejan sin pensiones ni ahorros, obligándolas a seguir trabajando para sobrevivir.
HelpAge alerta de que, sin incluir a las mujeres mayores, la igualdad de género seguirá incompleta y llama a los donantes internacionales a “invertir en todas las etapas de la vida”, incorporando sus voces y derechos en las políticas de desarrollo.
