El Ministerio de Derechos Sociales destina 98 millones de euros al Plan Concertado de Servicios Sociales

El Consejo de Ministros autorizó de este martes la distribución entre las comunidades autónomas de los fondos incluidos en los Presupuestos del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para financiar el Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, el Programa de Protección a la familia y atención a la pobreza infantil, y el Programa VECA para garantizar la alimentación de menores durante las vacaciones escolares y la conciliación de la vida familiar y laboral.

La gran novedad de este año es el presupuesto del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, que asciende a 98 millones de euros en 2021, frente a los 40 millones de 2020. Se trata de una cifra histórica que, tal y como aseguran desde el Ministerio, revierte en un solo año los recortes en la financiación de los servicios sociales, que pasó de 96 millones en 2010 a 27 millones en 2013. La cifra impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 es la mayor aportación de la AGE al Plan Concertado desde su creación en 1988.

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, destacó que “gracias a la aportación del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales, se van a financiar los servicios sociales de Atención Primaria gestionados por los ayuntamientos, que realizan una labor imprescindible como ha vuelto a demostrar este año de pandemia”. Belarra recordó que el Gobierno del año 2012 “recortó drásticamente esta financiación y debilitó gravemente estos servicios. Pues bien, hoy no solo revertimos todos estos recortes en un solo año, sino que además aumentamos esta aportación hasta los 98 millones de euros, su mayor nivel histórico. Una financiación que servirá para reforzar nuestros servicios sociales, aquellos que están más cerca y atienden a la ciudadanía en su día a día”.

Proyectos cofinanciados

Este Plan permitirá co-financiar (con las CCAA y las EELL) la red de servicios sociales de atención primaria gestionada por las corporaciones locales. Su objetivo es proporcionar a la ciudadanía servicios sociales adecuados que permitan la cobertura de sus necesidades básicas. Las comunidades autónomas (excepto País Vasco y Navarra) y Ceuta y Melilla deben presentar los proyectos que se cofinanciarán con estos fondos, que deben contribuir al desarrollo de las siguientes prestaciones básicas:

• Información y orientación.
• Ayuda a domicilio y apoyo a la unidad de convivencia.
• Alojamiento alternativo.
• Prevención e inserción social.

El histórico incremento del presupuesto de este Plan beneficia a todas las comunidades autónomas. Estos fondos se reparten de acuerdo con unos criterios previamente acordados (Población: 90 %; Superficie: 5 %; Población dependiente: 2,3 %; Dispersión: 1,5 %; Grandes Urbes: 0,7 %; Insularidad: 0,5 %). Se han utilizado los valores más recientes de cada uno de estos indicadores.

Otra novedad de este año es que se ha propuesto a las comunidades que el acuerdo de transferencia incluya una cláusula que obligue a que, al menos, el 20 % del incremento de financiación que les corresponda se destine a refuerzos del personal de los servicios sociales.