El informe de evaluación del Sistema de Dependencia permitirá “implementar y alinear los cambios que ya se están produciendo”

El Consejo Editorial de Grupo SENDA, formado por profesionales del sector sociosanitario de atención a las personas mayores y en situación de dependencia, celebró el pasado 8 de septiembre su reunión anual. El director general del Imserso, Luis Alberto Barriga, presidió el evento y, en su intervención, expuso la situación en la que se encuentran las principales líneas de trabajo del Plan de Choque en Dependencia: reducción de las listas de espera, regulación de la figura del asistente personal, incremento de la financiación, aprobación del acuerdo de acreditación de centros y servicios, mejora de las intensidades, supresión de las incompatibilidades entre servicios y prestaciones, etc. Por otra parte, subrayó que, próximamente, se presentará el informe de evaluación del Sistema de Dependencia que permitirá, a partir de la evidencia, “implementar y alinear los cambios que ya se están produciendo”. Asimismo, destacó la importancia de la recientemente aprobada Estrategia Europea de Cuidados, “que va a marcar las políticas de cuidados de larga duración de las próximas décadas en la Unión Europea”.

Una vez más, el Consejo Editorial de Grupo SENDA se convirtió en un imprescindible punto de encuentro entre empresas, profesionales y Administraciones Públicas para abordar la actualidad del sector sociosanitario.

Tras dos años de pandemia, el encuentro recuperó su formato presencial y se celebró en el Imserso. La presidenta de Grupo SENDA, Matilde Pelegrí, destacó la importancia de contar con “los profesionales para intercambiar experiencias e inquietudes y, al mismo tiempo, repasar la actualidad del sector sociosanitario y analizar los próximos retos”. En este contexto, Pelegrí incidió en que “somos un medio especializado con más de 20 años de experiencia informando sobre los temas que más interesan. Nuestra vocación es mantener informado al sector y apoyarle”.

A continuación, el director general del Imserso, Luis Alberto Barriga, realizó un completo resumen de la agenda de trabajo del Ministerio de Derechos Sociales y, concretamente, sobre aquellas políticas cruciales que tiene encomendadas el propio Imserso. Una de ellas, y quizá la más conocida, son los Viajes del Imserso: “El programa de Turismo Social significa poco más del 1 % de nuestro presupuesto y, sin embargo, protagoniza el 90 % de las noticias que generamos”.

A este respecto, Barriga detalló que “cuando llegué al Imserso, en febrero de 2020, me encontré con un presupuesto de 4.800 millones de euros. En 2022  superamos los 6.000 millones de euros y esperamos seguir creciendo”. Presupuesto que, mayoritariamente, está destinado a desarrollar políticas de autonomía personal y de atención a la dependencia, así como la gestión de las pensiones no contributivas y el mantenimiento o modernización de los Centros de Referencia Estatal (CRE). El Imserso también desarrolla políticas que van ligadas a personas mayores como la Estrategia Nacional de Soledad no deseada, “que estamos articulando y esperemos que vea la luz el primer trimestre del año 2023”.

También desde febrero de 2020, Barriga expuso que el Imserso tiene una mayor vinculación y contacto con la actividad que desarrolla el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. “Es muy positivo que el Imserso, como órgano que forma parte del Ministerio, aporte la sabiduría que atesora desde hace ya muchas décadas para alimentar los debates, influir e impactar en las políticas globales del Gobierno de España que impulsa el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030”, detalló. Ejemplo de ello, son las políticas referidas a los cuidados de larga duración.

Políticas globales que, además, están plenamente alineadas con la recientemente presentada Estrategia Europea de Cuidados, que acomete uno de los mayores retos de todos los miembros de la Unión Europea en materia de cuidados, tanto de la infancia como los de larga duración, así como aspectos ligados a los profesionales que sustentan esos cuidados. “Esta agenda europea va a marcar las políticas de cuidados en todos los estados de la Unión Europea en las próximas décadas. Debemos estudiar la estrategia, aunque muchas de las políticas que estamos implementando, tanto desde el Ministerio de Derechos Sociales como desde las comunidades autónomas, están alineadas con las que se definen en la Estrategia. Todos los países europeos tenemos un importante desafío por delante”.

Cuidados de larga duración

A pesar de las luces y sombras que siempre acechan a la Ley de Dependencia, el director general del Imserso subrayó dos éxitos: “Hemos conseguido dimensionar el número de personas que requieren apoyos y una gobernanza del Sistema de Dependencia sin conflictos”, a través del Consejo Territorial en el que están representadas todas las comunidades autónomas en materia de políticas sociales, “lo que nos permite abordar acuerdos por unanimidad o con alguna abstención”, salvo el referido a los criterios de acreditación de centros y servicios. “La visión crítica que se traslada de su gestión es excesiva”, apuntó Barriga.

En el marco de los cuidados de larga duración, la agenda del Ministerio de Derechos Sociales está trabajando en el Plan de Choque en Dependencia, aprobado en enero de 2021. Contiene 12 medidas, de las cuales algunas ya están culminadas y otras están en proceso de desarrollo. A continuación, el director general del Imserso procedió a enumerar las líneas de trabajo más importantes:

• “Hemos presentado al Consejo Territorial de Servicios Sociales un informe de evaluación del Sistema de Dependencia para, a partir de la evidencia, poder implementar los cambios. El informe ha sido elaborado por un equipo de investigadores de diversas universidades, capitaneado por Gregorio Rodríguez Cabrero, de la Universidad de Alcalá de Henares”, desveló Barriga. Este informe, que se publicará en septiembre, servirá para alinear los cambios que ya se están produciendo.
• Incremento de la financiación del Sistema de Dependencia en 2021, 2022 y, previsiblemente, en 2023. “Hemos cumplido con nuestro compromiso y hemos doblado la aportación de la Administración General del Estado (AGE) al Sistema. Podemos discutir sobre si es suficiente o insuficiente, pero la política presupuestaria en esta materia es expansiva, tanto de la AEG como de las comunidades autónomas”, detalló. No obstante, insistió en que los incrementos de financiación “tienen que ir acompasados a las capacidades de gestión de los sistemas autonómicos de servicios sociales para el cumplimiento de los acuerdos y compromisos de mejora acordados en el Consejo Territorial”.
• Plan de reducción de la lista de espera. “Habitualmente, se consideraba lista de espera o limbo de la dependencia a las personas que tenían un grado de dependencia reconocido y que todavía no estaban percibiendo servicio ni prestación. La cifra ascendía a 230.000 personas, pero es que también hay personas que han presentado una solicitud que todavía no ha sido grabada, otras que están a la espera de que se valore su grado de dependencia e incluso hay personas que han cambiado de grado y aún no reciben el nuevo servicio o prestación, etc.”, expuso Barriga. Es decir, hay diferentes listas de espera.

En cualquier caso, el plan de reducción de listas de espera dio lugar a una agilización a corto plazo, que difiere según el territorio. Otras medidas a medio plazo aún no se han desarrollado y, por tanto, todavía no se ha demostrado su impacto positivo. No obstante, la situación está mejorando. Como muestra, el director expuso un dato: “En el año 2020, la gestión de un expediente de dependencia podía superar los 400 días y ahora ha logrado reducirse 100 días, encontrándonos en poco más 300 días. Aunque sigue siendo demasiado, seguiremos impulsado las medidas para reducir los tiempos de espera”.

A este respecto, Barriga destacó la importancia de agilizar los procedimientos administrativos, porque el Sistema de Dependencia requiere flexibilidad para que los apoyos puedan adaptarse a las necesidades cambiantes de las personas con la inmediatez que requiere cada situación.

En este contexto, se ha producido un fenómeno que “todavía no hemos podido analizar en profundidad y es que, desde que se aprobó el plan de reducción de la lista de espera, hace poco más de un año, han incremento las solicitudes y se han incorporado al Sistema de Dependencia 140.000 personas más”. Entonces, “nos encontramos con un problema de flujos, porque atendemos a más gente. La lista de espera se reduce, pero también hemos tenido un importante incremento de personas solicitantes y de personas con derecho a atención”.

• Aprobación del acuerdo de acreditación de centros y servicios. Se trata de un sistema público y común para acreditar la calidad de los diferentes servicios que reciben las personas que, además, entronca con el modelo de atención y las políticas de cuidados. “Tenemos que poder medir la calidad, no en términos de gestión, sino en términos de mejora de la calidad de vida de las personas mayores”, señaló Barriga.
• Cuidados de proximidad. El director general del Imserso informó que hay que articular los servicios para que la persona, si así lo desea, pueda permanecer en su entorno hasta el final de su vida sin necesidad de ir a una residencia. “Ya empieza a haber alguna experiencia que lo acredita. Esto no significa que debemos cerrar los centros residenciales, sino que las personas desean estar en entornos amigables, donde mantengan su libertad para tomar sus propias decisiones. Es lo que conocemos como desinstitucionalización. No significa sacar a las personas de las instituciones, sino que puedan preservar su dignidad y que, además, disfruten de la vida independiente que han elegido. Esto sí es un cambio copernicano”, detalló Barriga.

Hoy en día, cuando una persona ingresa en un centro residencial tiene que superar un periodo de adaptación a ese nuevo entorno. Sin embargo, subrayó el director general, “es el centro el que tiene que adaptarse a la persona. Eso es, precisamente, la desinstitucionalización”. Igualmente, una persona también puede estar institucionalizada en su vivienda, es decir, cuando se tiene que adaptar a los apoyos que recibe. De lo que se trata, por tanto, es de prestar una atención centrada en la persona hasta el final de su vida.

• Teleasistencia domiciliaria como derecho subjetivo de todas las personas en situación de dependencia. “Entendemos que la teleasistencia domiciliaria es clave para la coordinación sociosanitaria, porque permite tener el domicilio conectado a una tecnología predictiva y preventiva. La tecnología permite monitorizar a las personas, preservando su intimidad, y conectar los dos sistemas que están prestando apoyos: el sanitario y el de servicios sociales”, aseguró Barriga. También permite abordar el aislamiento o la soledad no deseada de las personas mayores, sobre todo de aquellas más frágiles o vulnerables. Dada su importancia, una parte considerable de los fondos europeos se están destinando a financiar numerosos proyectos para implementar la teleasistencia domiciliaria.
• Mejora de las intensidades. El grado de dependencia es un factor más para determinar las intensidades, pero no el único. “Hay personas con grado tres que requieren menos intensidad que otra persona con grado uno, porque está sola y necesita articular más apoyos”, explicó. Por tanto, hay que mejorar o incrementar muchas de las intensidades.
• Cualificación de los perfiles profesionales. El director general del Imserso expuso que si bien la reforma de la Ley de Dependencia está en marcha, la revisión de la cualificación y de los perfiles profesionales es un tema pendiente. “Este debate supera al propio Ministerio de Derechos Sociales, ya que hay que incorporar a otros dos o tres ministerios como mínimo y luego a la sociedad, como empresas o docentes, que tiene mucho que decir sobre esta cuestión. A lo que hay que sumar la crisis que afrontamos. Somos conscientes de la falta de personal cualificado en España y Europa”, reconoció Barriga.
• También está pendiente la revisión de los copagos para evitar desigualdades entre comunidades autónomas.
• Entidades locales. Otro asunto muy interesante pendiente de abordar es el papel de las entidades locales en la provisión de servicios, ya que depende de cada una de las leyes autonómicas. “Las entidades locales tendrán un importante papel en la prestación de los servicios de proximidad”, aseguró Barriga.
• Traslado de los asuntos relacionados con la Ley de Dependencia a la jurisdicción social, que hasta ahora se trataban en la jurisdicción contencioso administrativa. “Ya no será preciso acudir con un procurador o abogado, lo que facilitará que la ciudadanía reclame sus derechos”, afirmó Barriga.

Reformas a medio y largo plazo

Recientemente, el Ministerio de Derechos Sociales ha sometido a consulta pública la reforma de la Ley de Dependencia. “No se trata de hacer una reforma de calado profundo, sobre todo en lo que respecta al sistema de financiación, pero sí creemos que es importante mejorarla. Para ello, cualquier ciudadano u organización puede ver el texto de la reforma y hacer sus aportaciones”, explicó Barriga.

Por ejemplo, hay interesantes aportaciones relacionadas con la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad y hay adecuaciones a la reforma del Código Civil con respecto al ámbito de las tutelas.

A medio plazo, destacan otras dos reformas:

• Asistencia personal. El Ministerio de Derechos Sociales ya está trabajando en este recurso asistencial, porque en el modelo de atención la asistencia personal cobra especial protagonismo. “Tenemos ahora el desafío de empezar a regularlo”, detalló. La principal novedad es que la asistencia personal, además de ser una prestación económica, pasa a considerarse un servicio. Un avance importante, “porque nos permite llegar a acuerdos sobre cuáles deben ser los contenidos del servicio, el personal, la cualificación, etc.”. Esto abre también la posibilidad de que una persona dependiente pueda contratar a un asistente personal, que puede ser autónomo o trabajar por cuenta ajena para alguna de las entidades que ofrecen servicios de asistencia personal. “Debe considerarse como servicio y no como gasto”, determinó.
• Supresión de las incompatibilidades entre servicios y prestaciones. Cada persona requiere una combinación de cuidados, que tendrán una intensidad diferente en función de las necesidades y, en ningún caso, “podemos decir que a tal grado le corresponde tal servicio e intensidad. No podemos prestar una atención integral si ofrecemos un menú cerrado y de un solo plato. Además, debemos revisar los cuidados prestados cada poco tiempo, articular y desarticular constantemente, comprobando que responden a las necesidades de la persona. Todo debe ser compatible con todo. Se trata de articular los mejores apoyos y los más oportunos que requiere cada persona”.

Debate con los profesionales

Al finalizar la intervención del director general del Imserso, los profesionales que participaron expusieron sus dudas e incertidumbres en un interesante debate.

Cómo hacer frente al Acuerdo de acreditación de centros y servicios fue el tema central, sobre todo en lo que respecta a su financiación. Las medidas adoptadas, tanto las relacionadas con la ratio de personas como aquellas que afectan a la infraestructura de los edificios, suponen un aumento de los costes. Como consecuencia, los operadores aseguran que tendrán que repercutir en el precio de la plaza. A no ser que la Administración Pública aumente el precio de concierto. Ante esta cuestión, Barriga expuso “que los derechos de las personas y los servicios que reciben tienen que tener un control público. Y la provisión privada tendrá que adecuar su modelo de negocio”.

Otra cuestión de especial interés es si las CCAA que votaron en contra del acuerdo de acreditación tienen la obligación de transponerlo a su normativa. A este respecto, el director general del Imserso lo tiene claro: “El acuerdo es de obligado cumplimiento para las administraciones de todas las comunidades autónomas que votaron, consecuencia de la propia gobernanza del Consejo Territorial de Servicios Sociales donde se adoptan acuerdos para el desarrollo de la Ley de Dependencia”.

La coordinación sociosanitaria también fue una demanda planteada por los profesionales, ya que tiene una relación directa con la calidad del servicio prestado centrado en la persona. A este respecto, Barriga subrayó que los derechos a la atención sanitaria que tienen las personas lo son independientemente de donde residan. “La atención sanitaria a una persona que está en una residencia se la tiene que proporcionar el Sistema Nacional de Salud”, insistió.

En este contexto, continuó, “el centro no debe prestar atención sanitaria. Y, en esto, hay consenso también con el Ministerio de Sanidad. Todo eso hay que articularlo y, de hecho, ya se está trabajando en el artículo 14 de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud”. El sistema sanitario ya atiende en los domicilios de la persona y, ahora, tiene que hacerlo también en un domicilio complejo donde viven 85 personas con alta cronicidad. “Para ello, tendrán que redimensionar la Atención Primaria y adecuarse a esa situación. Ahora tenemos la oportunidad de articularlo de manera que responda a las necesidades del Sistema de Dependencia”, expuso Barriga.

Esto en residencias, pero en el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) también hay controversia. Los profesionales expusieron que el acuerdo de acreditación obliga a las empresas de SAD a que un gran porcentaje de su plantilla esté contratado en jornada completa, pero el problema es que no van a tener a personal suficiente para acudir a las casas a, por ejemplo, ayudar a las personas usuarias a levantarse ya que coincide en un mismo intervalo de horas.

Las cuestiones planteadas por los profesionales describen un escenario de incertidumbre. Sin embargo, el sector privado necesita estabilidad y normas claras. Esto, sumado al incremento de los costes de los suministros, está provocando que las aproximadamente 38.500 nuevas plazas que se encuentran en promoción y construcción estén frenando hasta conocer las nuevas reglas de juego.

Finalmente, los profesionales tendieron la mano al director general del Imserso para que cuente con ellos y les escuche ya que, al fin y al cabo, son quienes están en contacto diario con las personas mayores y sus necesidades. Por supuesto, también insistieron en la necesidad de contar con la opinión de los sindicatos, patronales y los propios mayores y sus familias.