El Gobierno aprueba la Estrategia Estatal de Cuidados «Hacia un nuevo modelo de cuidados en la comunidad: un proceso de desinstitucionalización»

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy, 11 de junio, una nueva Estrategia Estatal presentada por Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Se trata de la estrategia estatal que lleva por título «Hacia un nuevo modelo de cuidados en la comunidad: un proceso de desinstitucionalización», que engloba el período 2024-2030 y que va a fomentar los cuidados a domicilio para personas mayores y personas con discapacidad que sean dependientes, así como para las personas sin hogar y menores migrantes.

Es una «revolución del modelo de cuidados», ha destacado Pablo Bustinduy en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que va a ofrecer una alternativa más centrada en las personas frente al modelo de las macroresidencias «cuyas deficiencias», ha señalado el ministro, quedaron de manifiesto «de manera descarnada» en la pandemia del COVID-19.

«Con esta nueva estrategia vamos a transitar hacia un nuevo ecosistema de apoyos que dé respuesta, en el entorno cercano, a las necesidades y preferencias de las personas que necesitan cuidados y apoyos», ha declarado el ministro, haciendo hincapié en que se ofrecerán servicios más personalizados y de pequeña escala, en entornos comunitarios de proximidad, reforzando para ello, ha explicado, la asistencia a domicilio, la teleasistencia o los centros de día.

En referencia a las personas mayores en situación de dependencia, Pablo Bustinduy ha señalado que, según el informe «El futuro de los cuidados» (realizado por Sondea en 2023), el 90% de la ciudadanía española declara que quiere envejecer en su hogar y que «esto es algo que choca con un modelo de cuidados como el actual que continúa marcado por una tradición asistencialista y rígida», ha argumentado. Por ello, fija como objetivo la construcción de un modelo por parte de las administraciones públicas que permita a las personas mayores pasar más tiempo en sus casas o en su entorno, «con un enfoque basado en derechos humanos que posibilite el cumplimiento de sus deseos y promueve su participación social e inclusión en la comunidad».

Dotación económica

El ministro Bustinduy ha explicado que esta estrategia tendrá una dotación económica inicial que supera los 1.300 millones de euros (1.323.471.810 euros) y que estará financiada por recursos provenientes de los Fondos Estructurales de la Unión Europea, en particular el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y por fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), habiendo programado para ello operaciones vinculados a procesos de desinstitucionalización, de modernización de los servicios sociales y de desarrollo de una nueva economía de los cuidados hasta el 2027, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico. «Se trata de una inversión sin precedentes para una estrategia que, además, será pionera en Europa», ha enfatizado el ministro, sobre todo en lo relativo a cómo cambiará el modelo de cuidados para las personas mayores.

Los fondos para esta estrategia, ha explicado Pablo Bustinduy, se destinarán en su mayor parte a las comunidades autónomas, para que puedan implementar este cambio de modelo, y la financiación de los mismos se irá complementando en los años sucesivos con un despliegue a través de los Planes Operativos. Así mismo, una parte de los fondos se destinarán a financiar los proyectos pilotos que se han puesto en marcha por toda España, en el marco de esta estrategia, «y que están siendo claves para tener conocimiento que permita consolidar este nuevo modelo y para demostrar que funciona», ha dicho el ministro.

Pablo Bustinduy ha dado más cifras para exponer la dimensión de este reto. Por un lado, el notable volumen de personas que requiere de cuidados en nuestro país: se estima que es más del 10% de la población española. Por otro lado, ha subrayado que la mayoría de estas personas, casi el 70%, son atendidas únicamente por algún integrante de la familia, «y en la mayoría de los casos suelen ser mujeres: hijas, madres o parejas, lo que limita la autonomía, el desarrollo profesional y la calidad de vida de estas mujeres, además de perpetuar una desigualdad de género que dura ya muchas décadas».

Mejorar las condiciones laborales de los profesionales sociosanitarios

En base a esta realidad, el ministro ha remarcado que otra de las prioridades de esta nueva estrategia tiene el objetivo de mejorar también las condiciones laborales y salariales del personal que trabaja en cuidados a domicilio y en residencias, formado igualmente por mujeres en su mayoría, muchas de ellas migrantes.

Por último, Pablo Bustinduy ha puesto de manifiesto que esta estrategia estatal es un compromiso y elemento central en el Componente 22 del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia  , que se divide en cinco ejes de actuación y que recoge un sistema de implementación, seguimiento y evaluación. Esto se hará posible con un plan de activación que pretende agilizar y coordinar las actuaciones prioritarias en su primera etapa de implementación.

En opinión del sector

El Círculo Empresarial de Atención a la Dependencia (CEAPS) califica de “inaceptable” que el Consejo de Ministros apruebe la estrategia estatal de modelo de cuidados “sin ni siquiera haberse reunido ni escuchar al sector”.  “No es entendible que el Gobierno dé luz verde a una estrategia sin contar con las aportaciones de la entidad más representativa del sector de los cuidados, con 180.000 trabajadores, más de 600.000 personas mayores y/o personas en situación de dependencia y sus miles de familiares”, afirma la pesidenta de CEAPs, Cinta Pascual.

Y es “inadmisible” su aprobación de espaldas al sector cuando, según añade, “el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha hecho oídos sordos a las 10 ocasiones en las que CEAPs ha requerido mantener un encuentro con él”. “Seguimos a la espera de que se digne, al menos, poner una fecha a esa reunión formal”.

Para CEAPs, si el Gobierno quiere implantar una estrategia nacional del modelo de cuidados lo primero que ha de plantearse es aportar “una financiación real y digna” que alcance un 2% del PIB, siguiendo el ejemplo de  los países del entorno. Solo de esta forma, podremos alinearnos con la Estrategia de Cuidados Europea que exige más calidad de los servicios, pero también mayor compromiso de financiación por parte de los gobiernos para asegurar esa calidad. “Los españoles no merecemos menos”.

Por su parte, el presidente de la Federación Empresarial de Dependencia (FED), Ignacio Fernández-Cid, comenta que el Gobierno va a llevar al Consejo Territorial de la Dependencia una modificación de la ley 39/2006 de la dependencia. «En la misma, entre otras cuestiones, se pretende modificar la prestación económica de cuidados en el entorno familiar. Y esto en dos sentidos: eliminando la excepcionalidad que la misma ley impone a estas prestaciones sobre la prestación de los servicios profesionales y con la inclusión como personas cuidadoras a las personas del entorno relacional. También contrario a la Ley, en la que se señalaba que el cuidador debía ser del entorno familiar».

Según Fernández-Cid, con esta modificación, la intención del Gobierno  es clara: «A través de una “paguita” ridícula ahorrarse un montón de dinero y tratar de eliminar la enorme e insoportable lista de espera que su mala gestión y escasa dotación económica lleva generando desde que la Ley de la Dependencia comenzó a caminar».

Por eso, considera que es «inaceptable» por los siguientes motivos:

1.- La Ley de la dependencia se configura para atender la necesidad de las personas dependientes. Estas personas necesitan un cuidado y atención multiprofesional las 24 horas del día. Con un cuidador informal no se puede garantizar. Condenando así al dependiente en casi todos los casos a estar recluidos en sus domicilios sin atención profesionalizada, sin verificación de su estado físico, mental y psicológico. Y con el añadido más probable de incrementar las urgencias hospitalarias, que nuestros centros y profesionales evitan.

2.- Esto además es profundamente injusto con los cuidadores, sean los que sean, que con una “paguita” ridícula han de atender las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, a una persona altamente necesitada de cuidados y atención, y además careciendo de todo conocimiento, en la mayoría de los casos, de cuales deben ser estos cuidados.

«La sociedad debe reaccionar ante este atropello manifiesto a los derechos de nuestros dependientes, que, además, va en contra tanto del espíritu, como de la letra de la Ley. Ley que se nos ha vendido como 4º pilar del Estado de Bienestar y que quieren transformar en una subvención más (ridícula, además) poniendo en peligro tanto la salud como el bienestar de las personas más frágiles de nuestra sociedad», sostiene el presidente de FED.

E insiste en que, «se pretende uberizar los servicios a la dependencia con unas paguitas, al mismo tiempo que se está vendiendo como gran avance el derecho a decidir de los dependientes y de sus familias. Se pretende que se mejoren las condiciones económicas de los trabajadores del sector, pero por otro lado no se está apostando por la profesionalidad en los servicios».

Algunas de las preguntas que se van a quedar en el aire, según Fernández-Cid son: ¿Qué es el entorno relacional? ¿Quién va a cuidar a los dependientes, con qué formación, qué intensidad y sobre todo qué formación? ¿qué tipo de control va a existir sobre esos cuidadores? 

«Se quiere reducir las listas de espera buscando atajos. No se trata de reducir por reducir, sino de prestar servicios profesionales que los dependientes verdaderamente necesitan», concluye.

La secretaria general de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE), Josune Méndez, reconoce que su entidad apoya que se destinen recursos para fomentar que las personas puedan seguir viviendo en su domicilio y en su entorno comunitario, pero advierte de que las residencias seguirán siendo necesarias para muchas personas mayores. Por eso, piden que se haga un uso responsable del discurso que acompaña a las residencias. «Favorecer o apostar por un modelo de cuidados que fomenta la permanencia de las personas en su entorno domiciliario es compatible con apostar también por otro tipo de recursos que están ayudando a tantas familias. Abogamos por un ecosistema de cuidados que se adapte a las necesidades y preferencias de cada persona en cada momento», sostiene.

Además, demanda que se tenga más en cuenta a las asociaciones empresariales en la toma de decisiones y en la definición de modelos relativos al sector. 

 

El presidente de LARES, José Luis Pareja, indica que actualmente «es imposible hablar de un proceso de desinstitucionalización, cuando tenemos lista de espera y ausencia de plazas en España -como reconoce el propio documento del Imserso- para atender a las personas con dependencia mejor que en su domicilio».

Por ello, considera que  no es apropiado que la estrategia empiece hablando de forma peyorativa de la institucionalización porque, «gracias a los centros residenciales, hay personas que están teniendo una atención que es imposible tenerla en su entorno domiciliario, por muchas razones: porque viven solas, porque residen en pueblos en los cuales el acceso a una coordinación sanitaria es imposible, etc. Hay muchísimas razones por las que vivir en un centro residencial es positivo. De hecho, muchos residentes y familiares están contentos con vivir en una residencia».

En su opinión, la desinstitucionalización no es negativa, es deseable, pero ahora mismo no es la única opción posible y no es la opción posible versus a la institucionalización. «Creo que es importante estar en el día a día y en la realidad de una cuestión para poder opinar sobre ello. De nada sirven los estudios asépticos para resolver la realidad. Cuestiones y tomas decisiones de este calibre requieren de análisis y de escucha activa», sostiene.

Pareja asegura que, desde LARES, abrazan el modelo de desinstitucionalización y lo que va a venir, «pero también a las personas que tenemos que atender ahora mismo y a los que están sin atender, y que son acogidas desde nuestros Centros LARES en las denominadas “plazas solidarias” porque no hay recursos para poderlos atender, porque no tiene cobertura y sí listas de espera el Sistema de Dependencia y nuestros centros están asumiendo el coste total de su atención y cuidado. ¿Dónde está ahí el modelo de desinstitucionalización?»

Subraya en que les gusta el modelo y entienden que, probablemente, cuando llegamos a mayores queremos que nos atiendan en casa con una serie de condiciones y de características, pero reales. También ha recrimiado al Gobierno que no se haya sentado a hablar con las partes implicadas. E insiste en la necesidad de un Pacto Nacional de la Dependencia, porque «en estos temas debemos estar por encima de miras políticas y partidistas».

El presidente de la Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (ASADE), Ignacio Gamboa, considera que en el sector sociosanitarios están alineados en que las personas deben vivir, envejecer y recibir cuidados allí donde quieren, y que esto mayoritariamente es en los domicilios. Pero les preocupan varios aspectos de esta Estrategia Estatal de Cuidados, «que nos hacen pensar que podemos estar desandando el camino andado: la retirada de la excepcionalidad en las prestaciones económicas para el cuidado en el entorno y el intentar acoplar el asistente personal. Asimismo, consideramos que no es necesario estigmatizar algunas prestaciones de servicio por el hecho de que fortalecer otras».

Sobre la retirada de la excepcionalidad, Ignacio Gamboa se muestra en contra. Según indica “en ASADE, creemos que tenemos que seguir profundizando en la prestación de servicios, y lo que va a generar esta medida es mayores compensaciones económicas por los cuidados en el entorno comunitario -ha desaparecido la referencia al entorno familiar-, y esto puede ser contraproducente. Parece que, ante la falta de presupuesto, se quiere eliminar la lista de espera con una prestación económica a un cuidador no profesional, en lugar de apostar por servicios de ayuda a domicilio a los que se nos exige una certificación de profesionalidad, unos convenios de aplicación, profesionales formados, supervisión por parte de las Administraciones y servicios que se complementan con actividades de fisioterapeutas, de psicólogos, gestores, coordinadores, trabajadores sociales para adecuar los PIAS. Estamos deshaciendo el camino andado. Además, está el riesgo de que cuidar en el entorno supone que cuidan las mujeres, poniendole nueva barrera para la incorporación a un mercado laboral o a una carrera profesional».

Algo parecido ocurre con el asistente personal. En ASADE entienden que, ante la falta de presupuesto y de financiación oportuna del sector, en lugar de decantarse por una ayuda a domicilio en la que se abonen alrededor de 22 euros la hora, se contrata un asistente personal, al salario mínimo interprofesional, que acompañe durante ocho horas. «El asistente personal es un perfil que viene derivado de la discapacidad, no está pensado para una persona que requiera apoyos en la dependencia, pero como es más barato se tiende a escoger ese servicio», apostilla.

Por último, les preocupa mucho los cuidados en el entorno comunitario. «Creemos que esto parte de una base teórica, y que se da cabida al entorno comunitario, no sé si para acabar teniendo voluntarios, que están fuera de la regulación de los convenios laborales, de la supervisión de la Administración y que está en contra de lo que venimos trabajando desde hace años».

Por todo ello, solicitan que  los agentes fundamentales seamos parte del diseño de esta estrategia. «No se ha contado con nosotros para esta estrategia y ni nos consta que con los sindicatos tampoco».