El Consejo Territorial aprueba, en una ajustada votación, el acuerdo de acreditación y calidad de centros y servicios

El Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, presidido por la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha aprobado esta mañana el “Acuerdo de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD)”. La votación ha estado más que ajustada: 10 votos a favor frente a 9 en contra (las comunidades del PP, País Vasco, Cataluña y la socialista Castilla-La Mancha).

El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha logrado, finalmente, sacar adelante el “Acuerdo de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD)”, después de que en mayo tuviera que aplazarse su aprobación por falta de consenso entre el Gobierno central y las comunidades autónomas. No obstante, en esta ocasión la votación ha estado muy ajustada.

“Hoy me siento especialmente satisfecha de que hayamos logrado uno de los acuerdos más importantes de esta legislatura. Tras mucho tiempo de negociación y de trabajo, hemos aprobado un acuerdo para mejorar la calidad de las residencias y de todo el Sistema de Atención a la Dependencia”, afirmó la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra.

Como todos los pactos importantes, “ha requerido muchas horas de diálogo. Pero, finalmente, lo hemos logrado de la mano de las comunidades autónomas” La ministra también tuvo palabras de agradecimiento para el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, y, sobre todo, para “la colaboración imprescindible que hemos recibido de las organizaciones de personas con discapacidad y de personas mayores, así como de muchos expertos que nos han ayudado”.

Limitación de plazas

El modelo de residencias que atiende a personas mayores y con discapacidad ha mostrado, asegura la ministra, todos sus límites durante la pandemia, “a pesar de los enormes esfuerzos que han hecho muchos de sus trabajadores”.

Por eso, se mostró satisfecha porque tras la firma de este acuerdo “miles de personas en nuestro país mirarán a su futuro con más esperanza y con más certidumbre. A partir de ahora, las residencias van a tener que parecerse mucho más a un hogar con un tamaño máximo y con unidades de convivencia por afinidad de un máximo de 15 personas, que tendrán que contar con espacios comunes como una cocina o como un salón para su uso”. Concretamente, las residencias tendrán un máximo de 120  en zonas urbanas de alta densidad y 75 en zonas rurales o poco pobladas; asimismo, deberán disponer de, al menos, un 65 % de habitaciones individuales.

Por otra parte, Belarra anunció que durante los próximos años “también vamos a incrementar los trabajadores de residencias para personas mayores hasta que haya, al menos, un trabajador por cada dos personas atendidas”.

Además, subrayó que se establecerá la atención libre de sujeciones, eliminando una práctica “que no puede tener cabida en un país democrático”.

Finalmente, la ministra Belarra aseguró que siguen apostando por la atención domiciliaria, “qué es lo que muchísimas personas mayores nos dicen que desearían para su vejez. Avanzamos apostando, como siempre, por lo público, garantizando derechos y poniendo en el centro lo más importante que tenemos a nuestra gente”.

Oposición de las patronales

Durante este proceso de negociación, las patronales del sector de atención a las personas mayores y en situación de dependencia AESTE, FED, CEAPS y ASADE se han mostrado en desacuerdo. Su principal demanda era una memoria económica para poder hacer frente al nuevo modelo de atención que permita la sostenibilidad del sector. Relacionado con ello, señalaban que reducir las plazas y aumentar  el ratio de personal encarecerá el coste para los usuarios y su familia.