El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este miércoles de forma definitiva las leyes de dependencia y discapacidad tras su paso por el Senado. La reforma de estas leyes supone una refundación del modelo de cuidados en España, ofreciendo más derechos, servicios y prestaciones y menos burocracia para las personas en situación de dependencia y a las personas con discapacidad.
Además, blinda la financiación del SAAD (Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia) incorporando en la ley la obligación de que la Administración General del Estado (AGE) asuma el 50% de la inversión.
Esta reforma va acompañada, además, por el real decreto-ley aprobado por el Gobierno y convalidado en el Congreso en el mes de julio para ampliar la financiación estatal de la dependencia, que supone el mayor incremento de la historia para el sistema, y con el que las CCAA van a recibir 6.200 millones de euros más entre 2026 y 2027.
“Ya no hay excusas: las listas de espera deben reducirse a la mitad en 2027 y desaparecer en 2028. Nuestro compromiso es total y ahora toca que todas las comunidades autónomas remen a favor para hacerlo una realidad”, ha apuntado el ministro de Derechos Sociales Pablo Bustinduy, apelando a las comunidades autónomas para que, una vez aprobadas las leyes y con el aumento sin precedentes de los recursos económicos disponibles, se reduzcan las listas de espera.
Reforma en dependencia
En lo relativo a la ley de dependencia (Ley de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia) la reforma incorpora a la norma modificaciones que permiten una ampliación del catálogo de servicios y de prestaciones para las personas en situación de dependencia, así como priorizar la voluntad y circunstancias de cada persona, y agilizar los procesos administrativos para el reconocimiento de su situación.
Estas son algunas de las principales medidas que incorpora esta reforma a la ley de dependencia:
Eliminación del régimen de incompatibilidades
La reforma garantiza que las personas en situación de dependencia puedan recibir diferentes prestaciones sin que haya una incompatibilidad entre ellas. El PIA (Programa Individual de Atención) que elaboran los servicios sociales de las CCAA se flexibiliza para que el usuario pueda acceder a más servicios del catálogo. Por ejemplo, si una persona en situación de dependencia puede quedarse en su casa, podrá acceder a prestaciones combinadas como ir a un centro de día, y a la vez tener otras prestaciones como cuidados en el entorno familiar o teleasistencia.
La asistencia personal se amplía y regula como servicio del catálogo
Se reconceptualiza la asistencia personal flexibilizándola, sin restringirla a los ámbitos educativo y laboral pese a reconocer que ambos son esenciales, y orientándola a la promoción de la autonomía, la vida independiente y la inclusión en la comunidad. Además, su inclusión como servicio del catálogo supone consolidarlo como recurso ordinario del Sistema de la Dependencia, otorgándole mayor estabilidad y visibilidad, debiendo las comunidades autónomas garantizar su provisión a través de servicios públicos directos.
Ampliación del servicio a domicilio
El servicio a domicilio queda blindado como servicio y podrá ofrecerse más allá del entorno domiciliario, que es el espacio al que estaba restringida esta ayuda hasta ahora. De esta forma, la persona que ofrezca una asistencia no solo atenderá a la persona usuaria en el domicilio, sino que también podrá acompañarla para realizar otras actividades básicas de la vida diaria como ir a hacer la compra o ir al médico.
Ampliación del concepto de personas cuidadoras cuidadores/as
El texto reconoce a nivel normativo la figura de la persona cuidadora principal, y lo complementa con la figura de persona cuidadora no profesional. Al mismo tiempo, reconoce que personas del mismo entorno relacional puedan ofrecer cuidados, asumiendo así los diferentes modelos de convivencia que hay. Esto garantiza que una persona, aunque no esté registrada como familiar, pueda ocuparse del cuidado de una persona en situación de dependencia. Por ejemplo, dos personas mayores que mantienen una relación, pero no están casadas, o personas que comparten un hogar sin una relación familiar entre sí.
Teleasistencia como derecho subjetivo
La teleasistencia será reconocida de facto a toda persona que tenga reconocida una dependencia, garantizando así que este servicio sea un derecho subjetivo a la vez que se establece su carácter complementario a otras prestaciones o apoyos. De esta forma se logra que llegue a muchas más personas, también a otras que antes no podían acceder a él, como las personas con demencia. Además, se refuerza la teleasistencia como herramienta preventiva para evitar o retrasar la institucionalización, y permitirá hacer un seguimiento de cómo está el usuario a través de otros dispositivos como, por ejemplo, las pulseras geolocalizables.
Cotizaciones y sustituciones de las cuidadoras
La reforma garantiza por ley que la AGE abone las cotizaciones de las cuidadoras principales (la mayoría son mujeres), así como la continuidad de los cuidados en caso de enfermedad grave u hospitalización de estas cuidadoras.
Reducción del plazo de resolución
El plazo máximo para resolver el procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia se reduce de 6 a 3 meses.
Reforma en discapacidad
Respecto a la ley de discapacidad (Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social), la reforma no solo constituye un paso decisivo para desplegar el mandato del renovado artículo 49 de la Constitución Española, sino que, además, consolida los derechos para las personas con discapacidad, situando como pilares la inclusión, la accesibilidad universal, la vida independiente y la autonomía personal.
Estas son algunas de las principales medidas que incorpora esta reforma a la ley de discapacidad:
Reconocimientos automáticos de discapacidad
Se reconocerá automáticamente un 33% de discapacidad a aquellas personas a las que se les asigne un grado I de dependencia, y a las que obtengan un grado II o III podrán ser reconocidas con el 65% de discapacidad. De esta manera se desburocratiza el reconocimiento de la discapacidad, agilizando los procesos administrativos y reduciendo las listas de espera.
Accesibilidad universal como derecho
Esta reforma reconoce la accesibilidad universal como un derecho, de forma que las personas con discapacidad podrán reclamar la accesibilidad en servicios o en edificios que sean públicos. Para ello, se creará, además, un Programa Estatal de Promoción de la Accesibilidad Universal que financiará las intervenciones que sean necesarias, como, por ejemplo, instalar rampas para sillas de ruedas, crear audiodescripciones, etc…
Obras de accesibilidad en viviendas
Se modifica la Ley de Propiedad Horizontal para que las administraciones públicas tengan que ayudar económicamente a hacer obras de accesibilidad en edificios de viviendas y para que las comunidades de propietarios tengan que solicitar estas ayudas si alguna de las personas residentes así lo solicita. Además, se facilitan los requisitos para acceder a estas ayudas, rebajando del 75% al 70% el porcentaje de financiación de la obra a pagar por la comunidad de propietarios. Actualmente, se estima que en España hay 100.000 personas que no pueden salir de sus casas porque sus viviendas no son accesibles.
Atención temprana como derecho subjetivo
La reforma fija por ley que la atención temprana es un derecho subjetivo para garantizar que los gobiernos autonómicos atiendan a todos aquellos niños y niñas (de 0 a 6 años) que presenten trastornos en el desarrollo o tengan riesgo de desarrollarlo. Es decir, cada familia con un niño o niña en esta situación podrá exigir ante su administración autonómica que se le proporcione el tratamiento sin que dependa de la disponibilidad presupuestaria o de plazas.
Se prohíbe la discriminación en los seguros
Se prohíbe por ley una práctica que llevan a cabo algunos seguros de hogar o de salud de subir el precio cuando la persona que quiere contratarlos tiene una discapacidad. Además, se considera una práctica discriminatoria que será ilegal.
Asistencia en procesos judiciales
Se regula la figura de un facilitador procesal que evitará situaciones de indefensión en los procesos judiciales de personas con dificultades. Esta figura será un puente entre los operadores jurídicos y esas personas.
La respuesta del sector
Ante la aprobación definitiva de la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, las patronales y entidades del sector valoran de forma positiva la ampliación de derechos, el refuerzo de la autonomía personal y la vida independiente, la eliminación de incompatibilidades entre prestaciones, la mayor flexibilidad del sistema y el impulso de recursos como la asistencia personal y la teleasistencia, entre otras medidas. En términos generales, consideran que la reforma supone una modernización necesaria del modelo y un avance hacia una atención más personalizada, con mayor capacidad de elección para las personas usuarias y sus familias.
No obstante, existe un amplio consenso en que el alcance real de la reforma dependerá de su desarrollo y, sobre todo, de que venga acompañado de financiación suficiente y estable. Entre los principales retos pendientes señalan la reducción de las listas de espera y de las desigualdades territoriales, la actualización de las tarifas públicas, la sostenibilidad de los servicios y la falta de profesionales. También reclaman que los nuevos derechos se traduzcan en apoyos efectivos y de calidad, adaptados a las distintas necesidades y situaciones, y que la financiación adicional llegue de forma efectiva al sistema para evitar que las mejoras reconocidas por la ley queden únicamente sobre el papel.
ACRA
La Asociación Catalana de Recursos Asistenciales (ACRA) valora positivamente la aprobación definitiva en el Congreso de los Diputados de la reforma de la ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, una actualización necesaria para adaptar el sistema a los nuevos retos sociales y demográficos.
La entidad celebra especialmente medidas como la supresión de las incompatibilidades entre prestaciones, la flexibilización del Programa Individual de Atención (PIA), la ampliación de la asistencia personal y la consolidación de la teleasistencia como derecho subjetivo.
«Es una reforma que moderniza el sistema y que ofrece más capacidad de elección a las personas usuarias y sus familias. Hacía tiempo que era necesaria una actualización de la norma para adaptarla a una realidad que ha cambiado mucho en los últimos años», señala el director general de ACRA, Antoni Vidal.
Aun así, la asociación alerta de que los principales problemas del sistema siguen siendo estructurales y de que la reforma solo podrá alcanzar sus objetivos si va acompañada de los recursos necesarios.
«Las listas de espera, la falta de profesionales y la infrafinanciación siguen siendo los grandes retos de la dependencia. Una mejora de los derechos reconocidos por la ley será insuficiente si no se dota al sistema de los recursos necesarios para poder garantizarlos», afirma Vidal.
AESTE
La Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE) reclama a las Comunidades Autónomas que, en la elaboración de sus presupuestos, la nueva financiación estatal para la dependencia se traduzca en una revisión de las tarifas públicas y el refuerzo de las prestaciones vinculadas al servicio, lo que influiría decisivamente en una mejora de las condiciones laborales de los profesionales del sector.
El Estado elevará en 2026 su aportación al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia hasta aproximadamente 5.513 millones de euros, un 47% más que en 2025. El Real Decreto-ley 17/2026 ha aprobado para ello suplementos de crédito por 2.218,65 millones, de los cuales 2.097,65 millones corresponden al nivel mínimo y 121 millones al nivel acordado. Tras este incremento, el nivel acordado de 2026 alcanza una dotación total de 904,2 millones de euros, cuyo reparto fue publicado el 9 de septiembre en el BOE. La nueva financiación queda, además, blindada por ley y crecerá conforme aumente el número de personas atendidas.
AESTE considera que este incremento representa una gran oportunidad que las Comunidades Autónomas deben aprovechar para garantizar la sostenibilidad de la atención. Ampliar el número de personas atendidas no es suficiente si las tarifas de concierto y contratos de prestación de servicios no cubren los costes, y las plantillas trabajan al límite. Así, los nuevos recursos deben mejorar la cobertura de atención, pero también garantizar la calidad y la sostenibilidad de los servicios. Es por ello que la asociación reclama que la financiación adicional del Estado suponga un incremento neto de los recursos destinados a la dependencia por parte de las comunidades autónomas, sin desplazar el esfuerzo presupuestario que estas ya realizaban, y que llegue de forma efectiva al sistema.
AMADE
La Asociación Madrileña de Atención a la Dependencia (AMADE) valora positivamente la aprobación de una reforma que amplía derechos, refuerza la autonomía personal, reduce incompatibilidades y pretende agilizar el acceso al sistema de dependencia. Este es su posicionamiento:
Ahora comienza la fase más importante: convertir esos derechos en servicios reales, accesibles y de calidad. Para lograrlo, es imprescindible que la financiación anunciada llegue efectivamente a las personas y a los servicios que las atienden, y que las administraciones actualicen los precios de las plazas concertadas y los contratos públicos conforme a los costes reales de prestación.
La reducción de las listas de espera y la ampliación de los apoyos no serán posibles sin suficientes profesionales. España necesita una estrategia nacional de cuidados que aborde la formación, la cualificación, la incorporación de nuevos perfiles, la homologación de titulaciones y la mejora de las condiciones laborales, siempre que se acompañe de una financiación adecuada.
También consideramos esencial que el desarrollo de la ley respete de forma efectiva la libertad de elección. Permanecer en el domicilio puede ser la mejor opción para muchas personas, pero para otras la atención residencial constituye la respuesta más segura, especializada y adecuada. Las residencias son hogares con apoyos profesionales y forman parte imprescindible de un sistema moderno de cuidados.
ASADE
Ignacio Gamboa, presidente de la Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (ASADE) ha asegurado que, «una vez aprobada la nueva Ley de Dependencia, lo más urgente es garantizar que el incremento de financiación llegue efectivamente a los servicios profesionales»: «Este dinero puede servir para aumentar el número de destinatarios de los servicios, reducir listas de esperar y mejorar las intensidades de los usuarios que ya reciben atención, pero también debe mejorar las condiciones sociolaborales de los profesiones y para ello es imprescindible actualizar los contratos y precios de la ayuda a domicilio, adaptándolos a los costes reales de prestación y permitiendo seguir mejorando la atención a las personas dependientes y las condiciones de los profesionales».
«A medio plazo, el gran desafío seguirá siendo la falta de profesionales. El sistema solo será sostenible si somos capaces de atraer e incorporar a miles de nuevos trabajadores mediante mejores condiciones laborales, mayor reconocimiento social y una agilización de los procesos de cualificación y acreditación profesional. Sin profesionales suficientes, cualquier reforma tendrá un alcance limitado y puede derivar en frustración ante la incapacidad de alcanzar las expectativas que se generan», agrega.
CEAFA
Tras la aprobación definitiva por el Congreso de la reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad, una de las modificaciones más relevantes de los últimos años en materia de cuidados y apoyos a la autonomía personal, la presidenta de la Confederación Española de Alzheimer y otras demencias (CEAFA), Mariló Almagro, valora “toda iniciativa orientada a mejorar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia”.
“No obstante, recordamos que el Alzheimer y otras demencias requieren una respuesta específica que tenga en cuenta las necesidades de las personas afectadas desde el momento mismo del diagnóstico. La reforma debería avanzar hacia un modelo más flexible, centrado en la persona, que reconozca la singularidad de las demencias, apoye adecuadamente a las familias y personas cuidadoras y garantice que nadie quede excluido de los recursos que necesita. Las personas con Alzheimer tienen derecho a ser escuchadas y a participar en la construcción de las políticas que afectan a su vida”, agrega.
CEAPs
El Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPs) aplaude los avances que incorpora el nuevo texto, aunque advierte de que su aprobación eleva, al mismo tiempo, la urgencia de afrontar problemas estructurales que llevan años condicionando el desarrollo de la dependencia y que ahora pueden comprometer la aplicación efectiva de las nuevas medidas.
“La aprobación de la reforma supone, sin lugar a dudas, un avance que va a repercutir en la mejora de la calidad de vida de las personas atendidas, de sus familias y de los trabajadores del sector. Pero este punto positivo no puede despistarnos de los importantes retos que tenemos y que están condicionando la propia viabilidad del sector”, advierte Rafael Sánchez-Ostiz, presidente de CEAPs, para quien, si no se resuelven esos problemas, “se corre el riesgo de ampliar derechos sin disponer de capacidad suficiente para hacerlos efectivos”.
El reto más urgente es resolver la falta de profesionales que ya condiciona la capacidad para prestar servicios y que, si no se resuelve, dificultará el desarrollo de los nuevos derechos que incorpora la reforma. CEAPs pide que se abran vías reales para resolver ese déficit: formación, reconocimiento de competencias ya adquiridas, homologación ágil de títulos extranjeros y, sobre todo, que los procesos de regularización de personas migrantes se conviertan en una oportunidad de incorporación al sector, con recursos públicos para formar y acreditar a quienes quieran trabajar en él. Sin eso, los nuevos derechos que reconoce la ley quedarán en el papel.
Otro problema estructural que la reforma no resuelve es la desigualdad entre comunidades autónomas. Reducir esa brecha requiere una mayor coordinación entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas. Una ley estatal que reconoce derechos debe aspirar a que puedan ejercerse en condiciones equivalentes en todo el territorio.
CEDDD
El Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) valora positivamente la aprobación definitiva de la nueva Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas, una norma que amplía derechos, refuerza la vida independiente y reconoce nuevas prestaciones y apoyos para las personas con discapacidad, en situación de dependencia y las personas mayores.
No obstante, CEDDD advierte de que el éxito de la reforma no se medirá por el número de derechos reconocidos en el BOE, sino por la capacidad de las administraciones para hacerlos efectivos en la vida diaria de las personas.
La organización considera que la nueva ley puede suponer un avance histórico para el sistema de cuidados y apoyos, pero alerta de que el incremento de derechos no viene acompañado de garantías suficientes sobre la financiación futura necesaria para hacerlos realidad de forma homogénea en toda España, una preocupación que CEDDD viene trasladando desde el inicio de la tramitación de la reforma.
CEDDD recuerda que España continúa arrastrando importantes problemas estructurales en la atención a la dependencia y la discapacidad, especialmente las listas de espera, los retrasos administrativos y las enormes diferencias territoriales en el acceso a los servicios y prestaciones.
CEOMA
La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) ha respaldado la aprobación de la reforma de la Ley de Dependencia y Discapacidad que ha tenido lugar este miércoles tras ser sometida a votación en el Pleno del Congreso de los Diputados, si bien ha pedido al Gobierno que cuente con las organizaciones de mayores para la monitorización de los principales ejes de la reforma, como son la reducción de los tiempos de espera para el reconocimiento de los diversos grados de dependencia y la asignación de prestaciones, o la incorporación del asistente personal y la teleasistencia como servicios complementarios y no incompatibles.
El presidente de CEOMA, José Luis Fernández Santillana, ha puesto en valor la apuesta por el “modelo de autonomía personal” que plantea esta reforma, al ofrecer más opciones a las personas dependientes para que puedan elegir “cómo y dónde son cuidados”, aunque también ha recordado que, para que las medidas planteadas sean realmente efectivas, “se debe cumplir con la inversión destinada a medios y las ayudas asignadas deben ser inmediatas”.
En concreto, la nueva ley reduce el plazo habilitado al gobierno de cada comunidad autónoma para resolver una prestación por dependencia, pasando de seis a tres meses, cifra que, pese a suponer un acortamiento significativo, sigue siendo “insuficiente”, sobre todo para la población más necesitada, como pueden ser las personas mayores con pensiones reducidas.
COCEMFE
La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) celebra la aprobación porque supone un avance en el reconocimiento de derechos, la autonomía personal, la vida independiente y la accesibilidad universal. La Cámara Baja culminó este miércoles la tramitación parlamentaria de la reforma tras pronunciarse sobre las enmiendas procedentes del Senado.
“Hoy es un día importante para todo el sector social”, afirma el presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga, quien destaca la importancia de que los avances en materia de discapacidad se construyan desde el consenso. “Creo que la discapacidad es un símbolo de unión y que, sobre todo, tiene que buscar el consenso político como se ha logrado también con el artículo 49”, señala. Para Queiruga, esta reforma supone “un beneficio para toda la sociedad en su conjunto, a día de hoy y también para el futuro”.
Entre los principales avances, COCEMFE destaca la eliminación de incompatibilidades entre prestaciones y servicios, la ampliación de su catálogo de servicios, el impulso de nuevos modelos de apoyo a la vida independiente, el reconocimiento de la teleasistencia como derecho, la incorporación de productos de apoyo mediante préstamo o cesión temporal y el refuerzo de la accesibilidad universal.
La asistencia personal constituye para COCEMFE uno de los elementos fundamentales para hacer efectivos la autonomía personal y el derecho a la vida independiente. La Confederación valora que la reforma impulse esta figura y considera imprescindible que su desarrollo garantice apoyos personalizados y adaptados a las necesidades de cada persona, especialmente de quienes tienen grandes necesidades de apoyo. Para COCEMFE, es necesario avanzar ahora en un despliegue efectivo de la asistencia personal, con financiación suficiente y condiciones de acceso que eviten desigualdades territoriales y permitan a cada persona decidir cómo quiere vivir y desarrollar su propio proyecto de vida.
FED
Para Ignacio Fernández-Cid, presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia (FED) «la aprobación de la reforma es un paso importante, pero ahora toca conseguir que se traduzca en mejoras reales»: «Lo primero es que la financiación anunciada se materialice y llegue efectivamente al sistema y a los servicios. Pero debemos ir más allá y dotar a la Dependencia de un modelo de financiación estable, suficiente y previsible. Un derecho universal no puede estar condicionado cada año por la disponibilidad presupuestaria y el incremento de la aportación estatal debe ser adicional, sin que las comunidades autónomas reduzcan su esfuerzo. La Dependencia necesita certezas y capacidad de planificación para garantizar su sostenibilidad».
«También tenemos que afrontar la falta de profesionales con una estrategia nacional que contemple formación, reconocimiento de las profesiones vinculadas a los cuidados, absentismo, nuevos perfiles, inmigración ordenada y cualificada y capacidad para atraer y retener trabajadores. Hay que seguir mejorando sus condiciones laborales y retributivas, pero esas mejoras tienen que estar financiadas, actualizando las tarifas de las plazas concertadas y los contratos públicos conforme aumenten los costes reales. También debemos encontrar soluciones para las plazas privadas que eviten trasladar esos incrementos directamente a las familias», agrega.
«A partir de ahí, España debe abordar la sostenibilidad de la Dependencia a largo plazo ante el envejecimiento de la población y estudiar nuevas fórmulas de financiación y colaboración público-privada que refuercen el sistema manteniendo el carácter universal del derecho. Y, en cuarto lugar, debemos actuar sobre las listas de espera y los tiempos de tramitación: no podemos normalizar que una persona espere de media 314 días para que se resuelva su expediente. Es imprescindible agilizar los procedimientos y garantizar, además, derechos equivalentes con independencia de la comunidad autónoma en la que viva cada persona», finaliza.
SEGG
Para la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), la reforma introduce cambios relevantes en el sistema y plantea una ampliación y flexibilización de los apoyos disponibles, con el objetivo de adaptarlos en mayor medida a las necesidades y circunstancias de cada persona y reforzar su autonomía y capacidad de decisión.
La aprobación de la reforma abre ahora una etapa especialmente relevante: su desarrollo, financiación e implantación efectiva en las distintas comunidades autónomas. El reconocimiento de nuevos derechos y la ampliación de los apoyos deberán ir acompañados de los recursos necesarios para garantizar que puedan hacerse efectivos de forma adecuada y evitar desigualdades territoriales en el acceso a servicios y prestaciones.
Entre los principales desafíos se encuentran la reducción de las listas de espera, la disponibilidad de profesionales cualificados, una financiación suficiente y estable, la adecuada coordinación entre los sistemas sanitario y social y la garantía de una aplicación homogénea de los derechos reconocidos, evitando diferencias en función del territorio de residencia.
En este sentido, la aplicación de la reforma será determinante para que los cambios previstos puedan traducirse en apoyos accesibles, suficientes y adaptados a las necesidades de las personas, especialmente de aquellas que requieren atención continuada.
Para la SEGG, el abordaje de la dependencia debe formar parte de una estrategia más amplia de atención a las personas mayores, que incorpore también la prevención, la promoción de la autonomía y la capacidad funcional, así como una atención social y sanitaria coordinada que permita responder de manera integral a las necesidades de cada persona.
